Petardean Senado por los 43; acusan falta de decisión para hallar la verdad

En una escalada de protestas, este martes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, vandalizaron y arrojaron cohetones a las instalaciones de un Senado de la República cercado con vallas, al aproximarse el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.

Luego de realizar un mitin frente al recinto legislativo, los estudiantes normalistas, que llevaban capuchas, hicieron pintas en las banquetas y lugares donde se colocan las exposiciones sobre Paseo de la Reforma.

Con pintura blanca, escribieron: “nos faltan 43” y “fue el Estado”. Después, arrojaron 10 petardos y cohetones hacia la sede senatorial.

Fueron seis los artefactos explosivos que penetraron hacia las oficinas, pese a que se colocaron vallas de tres metros de altura para evitar el impacto. El resultado de la agresión fueron varios vidrios rotos y unas láminas de madera perforadas, aunque no hubo personas lesionadas. Una vez que terminaron la violenta manifestación, se dirigieron al Centro Prodh, donde se resguardan las familias de los normalistas víctimas de desaparición forzada.

Los familiares de los estudiantes cambiaron, durante la mañana, los lugares de las protestas o movilizaciones, debido a que el Zócalo de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y el mismo Senado fueron “amurallados” por la presencia en la capital de los padres; incluso, la Cámara de Diputados también se encuentra cercada con vallas.

Se espera que este miércoles los familiares continúen sus protestas en la FGR o en el Campo Militar 1, pero depende de lo que acuerden de último momento.

Las detonaciones de ayer en el Senado generaron sorpresa, tensión y preocupación en el recinto legislativo. El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que la morenista Lucía Trasviña resultó afectada en un ojo y se le bajó la presión por el estruendo. Explicó que la legisladora seguiría la sesión desde su oficina en el recinto parlamentario.

“Lamentablemente, la senadora Lucía Trasviña, que tenía abierta su ventana, recibió los efectos de las detonaciones; se le lastimó el ojo derecho, se le alteró la presión, y se le tuvo que poner oxígeno”, expresó.

Aun así, evitó condenar los hechos ocurridos en los que detonaron seis petardos dentro. En conferencia, aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una herida abierta.

“Mantengo mi postura de que la violencia no se justifica, pero entiendo el actuar. No lo comparto. Ha funcionado el operativo que se ha hecho de resguardo al inmueble”, mencionó, y aseguró que las sesiones programadas para discutir las reformas de los pueblos indígenas y el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaban blindadas.

Más temprano, antes de que se generara el episodio de violencia, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos exigieron justicia y verdad sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014.

“Lejos estamos de saber la verdad, el paradero de los 43 estudiantes y castigo a los responsables, pues a 10 años de los hechos, no hay ninguna sentencia condenatoria. De los varios procesados, las autoridades no han podido obtener información contundente sobre el paradero de nuestros hijos”, dijo Isidoro Vicario, vocero de los padres.

Señaló que la investigación se estancó desde que se dio a conocer la participación del Ejército. Por ello, dijo, se manifestaron en el recinto legislativo, ya que en el marco de la adscripción de la GN a la Sedena es cuando quieren exigir los 800 folios que tienen en su poder las Fuerzas Armadas para saber el paradero de al menos 17 estudiantes.

Por su parte, Metodia Carrillo Lino, madre de Luis Ángel Abarca, criticó la labor del Gobierno federal, debido a que señaló que a pesar de que tuvo a las instituciones y la información de primera mano, nunca pudo hacer nada.

“Esta herida que tenemos es muy fuerte; queremos que nos digan la verdad, que nos digan a dónde se los llevaron. Nunca nos vamos a cansar de exigir justicia, porque hemos sufrido, pero eso no le importa a las autoridades”, expresó.

En tanto, el abogado Vidulfo Rosales dio a conocer que el lunes pasado las autoridades encontraron un resto humano en el municipio de Cocula, el cual se encuentra en proceso de identificación, pero hasta el momento no les han dicho nada acerca de él; por ello, hizo un llamado a estar atentos para que las autoridades no “vayan a querer engañar”.

Aseguró que al inicio parecía haber voluntad para resolver el caso, con la Comisión para la Verdad, y por ello las investigaciones avanzaron hasta el año 2020; después de ahí, en el momento en que fueron canceladas 16 órdenes de aprehensión contra militares, el caso se fue en picada, sostuvo.

“No sabemos qué pasó, no se ha investigado, no se ha profundizado sobre los 17 compañeros que fueron sacados de la barandilla. Desde 2022 está esa línea de investigación y los informes del Ejército, pero es el día que no sabemos nada de ellos”, señaló.

Expuso que el Gobierno se empeñó en crear una narrativa culpando a las organizaciones y las representaciones legales, cuando la verdadera línea de investigación se encuentra apuntando a las Fuerzas Armadas.

Indicó que hubo presiones desde el Ejército contra Alejandro Encinas y el exfiscal del caso, Omar Gómez Trejo, que los obligaron a separarse de las investigaciones.

“Vemos que hay acciones tendientes a manipular los restos encontrados, acciones desesperadas, manotazos al caso, para intentar dar algo de información, cuando en realidad es lo contrario”, dijo.

Enferma y cansada, pero con la esperanza de ver a su hijo entrar a su casa una vez más para que se acabe “la pesadilla” que vive desde hace 10 años, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, normalista desaparecido en 2014, expresó que “ha sido muy difícil, de verdad, pues ya son 10 años de caminar, luchar y exhibir a las autoridades y su falta de responsabilidad”, destacó.

Entrevistada por este diario, explicó que Benjamín siempre tuvo presente que debía estudiar para no sufrir tanto, pues siempre fue su sueño ser alguien importante, ya que trabajaba en el campo, sembrando maíz con su familia, pero desde siempre vio algo más y siempre les dijo que estudiar le iba a cambiar la vida.

“Recuerdo muy bien sus palabras, sus sueños y sus anhelos, pues quería sobresalir y ser más que todos. Siempre buscó estudiar y superarse, pero siempre lo tengo presente; todos los días hasta que muera”, dijo.

Señaló que durante los últimos 10 años ha sufrido diversas enfermedades que han ido mermando su salud, como crisis nerviosa, dolor de huesos, presión alta y heridas en los pies.

“Me he enfermado mucho, como todas las madres; pues antes todo estaba bien, pero después del 26 de septiembre de 2014 hubo mucha preocupación, mucho sufrimiento, y nunca me imaginé llegar hasta los 10 años, pues al mes quería tirar la toalla, pero aquí seguimos”, dijo.

Mencionó que su ritmo de vida también ha cambiado, ya que dejó la siembra en el campo, así como la atención a sus familias por salir a las búsquedas.

“Tengo otras dos hijas que extrañan a su hermano, así como primos, tíos y muchos familiares, pero no podemos hacer nada”.

La madre pidió al Gobierno federal respuestas, pues si bien ha intentado esclarecer el caso, dijo, en los hechos no hay avances sustanciosos, ya que hay mucha gente que sigue amenazada y que no quiere o no puede hablar; sin embargo, espera que en estas semanas alguna de las personas pueda hablar y decir algo acerca de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014.

“Todo ha sido una simulación, realmente no vemos esclarecimiento o avance de las cosas; nos da coraje que nos sigan viendo la cara con verdades a medias en estos 10 años, pero esperamos que de verdad ya se tenga algo de avance”, dijo.

Cristina Bautista ha sido una de las madres que más ha exigido al Gobierno federal la presentación de los 800 folios que pueden dar información acerca de al menos 17 estudiantes que habrían estado retenidos con conocimiento de las autoridades, pues, de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se localizaron conversaciones interceptadas por el Ejército que dan a conocer posibles ubicaciones de normalistas.

Por ello, la madre aseguró que lo peor que le pudo ocurrir al caso es que se ventilara la presencia del Ejército la noche de los hechos, pues a partir de ello las autoridades federales comenzaron a “dar carpetazo” al caso y una defensa a los elementos castrenses, lo que complicó el mismo trabajo del GIEI, que tuvo que salir del país por segunda ocasión, debido a que ya era “imposible” seguir encontrando detalles por la falta de información de la autoridad.

Molesto por la falta de justicia en los 10 años que lleva el caso, pero con la frente y la dignidad en lo alto por la esperanza que representa la entrada de un nuevo sexenio, Emiliano Navarrete Victoriano, padre de uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014, exige justicia y hace un llamado al Gobierno federal para que se decida a obtener la verdad sobre el paradero de sus hijos.

“Qué más quisiera, que el Presidente tenga un poco de humanidad en su corazón, pues se dio cuenta que no pudo doblegarnos, y que valore que la dignidad es lo que nos mueve para saber dónde están nuestros hijos. Ellos, como autoridades, tienen que saber más que nosotros, pues están ligados al Ejército y otras dependencias; es muy tonto entender que no saben nada más. Ya que se decidan a obtener la verdad”, dijo.

En entrevista con La Razón, mencionó que la pérdida de su hijo cambió “radicalmente” su vida, pues aseguró que el involucramiento de las autoridades y todos los “tapones” que hubo a través de los años fue haciendo más difícil obtener la verdad sobre los hechos ocurridos en el año 2014.

El padre de José Ángel Navarrete González, uno de los normalistas más jóvenes al momento del secuestro y posterior desaparición, mencionó que ha sido una pesadilla, ya que nunca ha tenido el valor de hablar de frente con sus otros hijos y decirles que no sabe nada de su hermano.

“No he tenido el valor de hablarles de frente y decirles que no sé nada de su hermano, porque me parte el alma. Cuando yo llegaba en la noche, nunca me di cuenta que mis hijos me estaban esperando, pero los desatendí por coraje y desesperación”, dijo.

Narró a este diario que con el paso de los años tuvo que “agarrar fuerzas” y esconder el dolor por la partida de José Ángel, pues aseguró que, en años de caminar por los estados, se han dado cuenta que pasan administraciones y realmente a ningún gobierno le interesa el tema, sólo a ellos como familiares afectados, pues los políticos, dijo, sólo han tomado el tema con intereses propios.

Emiliano Navarrete, quien también es uno de los principales voceros de los padres, hizo una fuerte crítica contra el Presidente de la República, al señalar que sólo se ha dedicado a atacar a las instituciones, grupos y personas que de verdad los han ayudado; incluso, dijo que en un momento se llegó a romper el diálogo con los padres, debido a que no aceptaron los resultados de sus investigaciones.

“¿Cómo haces que un individuo autoritario entre en razón?... Es el único que dice tener la razón y eso nos ha complicado mucho la investigación. Es muy difícil ponernos del lado de las instituciones que fueron parte de la desaparición de nuestros hijos, y todavía, se empeñan en no querer dar información sobre lo ocurrido; eso es lo que más nos molesta, pero, aun así, hemos sido tolerantes a todo lo que nos dicen”, agregó.

Su hijo José Ángel nació en Tixtla, Guerrero, y creció con su madre Angélica González y sus hermanos Tania y Emilio, ya que Emiliano emigró a Estados Unidos para brindarle una mejor vida a su familia. Sin embargo, le inculcó a su hijo lo importante que era estudiar, lo que derivó en una meta clara: trabajar con niños en comunidades marginadas, objetivo que le llevó a Ayotzinapa.

José Ángel Campos Cantor, aficionado al América y tlacololero de corazón, buscó superarse para darle una mejor vida a su esposa e hijas; sin embargo, la noche del 26 de septiembre del 2014 vio truncados sus sueños y esperanzas a manos del grupo criminal Guerreros Unidos.

“Su mayor pasatiempo era el fútbol y le iba al América. Él quería seguir estudiando, ya que terminó su prepa con puro examen; se tardó un año en entrar a la Normal porque no le entregaban su certificado, pero volvió a intentarlo hasta que lo logró, pues quería darle un mejor futuro a su familia”, explica su esposa, Blanca González.

José Ángel es uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados y desaparecidos hace 10 años, pero pese a las exigencias de su familia, siguen sin tener informes sobre su paradero, además, dejó a dos niñas, una recién nacida y otra de ocho años que no lograron convivir plenamente con su padre y que hasta el momento mantienen la esperanza de volverlo a ver.

“Pues para mí ha sido muy difícil, ya que me dejó a cargo de dos niñas que las estoy sacando sola, y a mí se me hace muy difícil porque tengo que trabajar; las he dejado mucho tiempo solas, y con las marchas todo se complica aún más”, explicó a La Razón.

Para la familia no ha sido fácil caminar, protestar, desplazarse a la Ciudad de México, andar sin comer y sin dinero; para buscar a su familiar. Blanca González aseguró que cada día, desde hace 10 años, ha sido muy complicado salir adelante, criar a sus hijas y sobrevivir sola en un trabajo que le demanda tiempo y poca atención para sus hijas.

El padre de José Ángel, el señor Bernardo Campos, decidió ser quien encabezara la lucha y la búsqueda de su hijo; sin embargo, la diabetes que padecía, la hipertensión, las preocupaciones, las caminatas largas, la mala alimentación y la falta de respuestas, comenzó a generar daños en su salud, hasta que finalmente perdió la vida en septiembre del 2021, víctima de Covid-19.

“Él fue quien empezó a andar, pues me dijo que estaría atento para que yo atendiera a las niñas, pues en su momento una tenía un año de edad y la otra estaba recién nacida. Además, me puse a trabajar por la situación que estábamos pasando y que teníamos que afrontar”, explicó Blanca González.

Las marchas constantes comenzaron a generar heridas en los pies a Bernardo Campos, al grado que se le generó pie diabético y posteriormente una fuerte infección que lo obligó a dejar la lucha.

La Razón lo entrevistó la última vez que llegó a la capital del país y, con rostro perdido, contó que sus esperanzas se iban, así como su salud, por lo que pidió a Dios en ese momento que le diera fuerzas para poder ver a José Ángel una vez más.

“Él me daba esperanza, nos decía que tuviéramos esperanzas, porque andaba en la lucha para que regresara; nos daba ánimos y desgraciadamente dio la vida por encontrarlo y así falleció”, rememoró Blanca González.

El 3 de septiembre del 2021 falleció Bernardo Campos, El Tío Venado, como se le conocía en su pueblo, por complicaciones de Covid derivadas de las enfermedades que padecía (diabetes y úlcera gástrica); incluso, tuvo que abandonar su trabajo en la construcción y dejar su casa en obra negra, dejando su sueño de terminarla.

El padre de José Ángel se unió a otros que perdieron la vida en la búsqueda de sus hijos, como Saúl Bruno Rosario, padre de Saúl Bruno García; Tomás Ramírez Jiménez, padre de Julio César Ramírez Nava, y Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello.

Blanca González dijo que cada 26 de septiembre acuden a las marchas y la herida que tienen aún sigue abierta, “no sabemos si están vivos o no; es muy doloroso, pero tenemos que salir adelante de cualquier manera”, concluyó.

Hace 10 años se escuchó por última vez, “con alegría”, al grupo Los del Sabor, quienes tocan música “chilpancingueña”. Este grupo era el favorito del normalista Aldo Gutiérrez, uno de los jóvenes que sobrevivió al ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, aunque para sus padres y 13 hermanos la vida no volvió a ser la misma, ya que Aldo quedó en estado vegetativo y postrado en una cama.

Leonel Gutiérrez, hermano del estudiante normalista Aldo, se ha convertido en uno de los más férreos denunciantes de lo ocurrido a los normalistas, pero en lo particular dice a La Razón que “hubo un Aldo antes y después. Seguimos sin respuestas y, en ocasiones, cómo quisiera verlo bailotear con ese grupo que le gustaba; sigue alegre, pero en ese estado”, dijo en un tono muy bajo de voz, casi imperceptible.

Desde Ayutla de los Libres, Guerrero, Leonel da gracias a Dios porque su hermano sigue con vida. Recordó el trayecto que como familia han tenido que transitar durante una década, en la cual mencionó que ya está por concluir otro Gobierno que no ha dado respuestas a los hechos ocurridos en Iguala hace 10 años y que tiene a su hermano en ese estado, pues, además de una lesión en la cabeza, ha enfrentado enfermedades de todo tipo como consecuencia de la debilidad de sus defensas. Hoy, Aldo tiene 29 años.

Su hermano recordó que, para sus padres, el proceso ha sido muy difícil, incluso porque mucha gente incentivó a la familia a dar por perdido el caso de su hermano, ante una recuperación, pero manifestó que “el amor y el cariño de la familia son más grandes que cualquier cosa; mis hermanos y padres, hasta vecinos, nos hemos turnado para cuidarlo; él sólo nos ve, pero no responde nada”.

Tutepec es el pueblo de donde la familia Gutiérrez es originaria y donde el normalista vivía hasta el día del ataque. En el 2018, el gobierno federal construyó una casa especial para los cuidados de Aldo, que “es más espaciosa, más grande; aquí hay jardín, sala, cocina y el cuarto que es de Aldo; está en su cama todo el tiempo, lo cambiamos de posición cada dos horas, y hay una ambulancia afuera por cualquier situación”, detalló.

Leonel relató que su hermano se alimenta a través de una sonda por donde pasa el alimento, basado principalmente en verduras, legumbres y proteína, todo vigilado por un equipo de expertos de la salud, entre los que se incluyen seis enfermeras y dos médicos: un anestesiólogo y un internista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ayutla, institución donde hacen revisiones continuas al joven.

Aldo Gutiérrez recibió un impacto de bala en la cabeza a las 21:40 horas del 26 de septiembre de 2014, cuando presuntamente intentaba mover una patrulla que impedía el paso de estudiantes, en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte de Iguala. Expertos de la agencia Forensic Architecture y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), así como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), lograron una investigación minuciosa en la que los datos arrojan que el sobreviviente intentaba operar para que sus compañeros no fueran emboscados.

La familia de Aldo Gutiérrez, principalmente los padres, Leonel Gutiérrez Cortés y Gloria Solano Vázquez, denunciaron que la situación de gravedad en la que quedó el normalista se debió a que no fue atendido de manera oportuna y tampoco adecuadamente, lo que complicó la situación.

“La gravedad del caso de mi hermano es porque no recibió pronta atención médica y tardaron mucho en drenarle la sangre coagulada que se le quedó en el cerebro; mi papá dijo que cuando lo vio, estaba todo sucio, ni siquiera lo habían limpiado, nada; estaba muy lastimado, eso fue algo que no se le desea a nadie, a ninguna familia o padre”, señaló Leonel.

Leonel dijo que ellos, como familia, siempre continuarán la lucha por el resto de los estudiantes, pero reconoció que hay una especie de división entre los padres que viajan a la Ciudad de México. Agregó que a ellos les quedó seguir velando por la salud de su hermano y recordó que en octubre del 2014 fue trasladado al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, donde permaneció dos años y hoy Aldo se recupera en casa, con un 65 por ciento de daño en el cerebro por el impacto que provocó la bala.