Inundan también al TEPJF recursos por la reforma: van 274

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se han presentado 274 recursos de impugnación al proceso de insaculación y a la convocatoria emitida por el Senado para la elección judicial en junio del 2025, confirmaron fuentes del órgano electoral jurisdiccional.

De ellos, 175 asuntos que tienen que ver con el proceso de insaculación están turnados de manera igualitaria a las cinco ponencias; en el tema de la convocatoria, hay 99 asuntos presentados, aseguraron.

En entrevista con Azucena Uresti, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, dijo que el tema de la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) al tribunal, para que emita una declaración con la que pueda continuar con la organización del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, fue turnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Expuso que el TEPJF, a través del pleno, emitirá una resolución que es parte del fondo del pronunciamiento sobre la suspensión y no del proceso electoral extraordinario de las personas juzgadoras.

Indicó que no hay un tiempo para emitir una resolución, a pesar de que los plazos se van acortando para organizar la elección de junio del 2025.

“Como tal, no hay un plazo exacto, estamos concientes de la importancia de resolver a la brevedad posible, pero bueno, se han presentado varias ampliaciones de demanda que nos han tenido todavía en sí mismo en la ponencia que están haciendo algunas actuaciones, por ello no se ha resuelto, pero en breve término será así convocada la sesión”, explicó.

Señaló que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió al TEPJF un informe sobre la facultad de atracción, en un plazo de nueve días hábiles, luego de que varios juzgados presentaron una controversia por competencia, lo cual deberá ser resuelto por los ministros.

“La Suprema Corte es la última instancia, digamos, en temas de inconstitucionalidad, y también está presentada una facultad de atracción ante la Suprema Corte. Unos juzgados de Distrito han presentado una controversia por competencia; entonces, tendrá que definir también esto. Incluso, nos pidió a nosotros un informe y nos dio nueve días hábiles para responder o para emitir un informe respecto a esta facultad de atracción”, indicó.

Soto Fregoso manifestó que se debe confiar en que las resoluciones que emita cada autoridad estarán apegadas a lo que marca la Constitución y las leyes, cada una en el marco de sus competencias.

“El Tribunal Electoral está preparado para los retos no sólo que vienen, sino los que ya tenemos enfrente, como estos medios de impugnación que tenemos que resolver y que tienen, pues, obviamente, una sustancia muy determinante para esta etapa que se está dando”, puntualizó.

Recordó que el máximo órgano electoral del país apenas resolvió más de 37 mil medios de impugnación que fueron presentados por diversos actores políticos y ciudadanos sobre el proceso electoral de junio pasado.

“Fue el proceso hasta ahora más grande, más importante que ha habido en términos de los trabajos jurisdiccionales del Tribunal Electoral. Entonces, prácticamente doblamos los medios de impugnación que se presentaron en la elección presidencial pasada y, para ello, pues el tribunal está fuerte, el tribunal tiene un sustento en su base de trabajadores”, resaltó.

La magistrada Mónica Soto confió en que los 274 recursos de impugnación a la reforma judicial y leyes secundarias los “resolveremos en tiempo, en forma, todo lo que sea de nuestra competencia”.

La confrontación entre poderes tomó ayer un nuevo brío, luego de que la Secretaría de Gobernación se lanzó en contra de jueces y magistrados que se encuentran en paro, y exhibió los “excesos” supuestamente cometidos por impartidores de justicia en la liberación de delincuentes peligrosos, así como actos de corrupción y nepotismo.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, denunció que, debido al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial, han sido canceladas 12 mil 448 audiencias, además de que más de seis mil personas recluidas en penales federales no han recibido sentencia.

“Sobre los procedimientos no celebrados entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de este año... como resultado del paro judicial se cancelaron 12 mil 448 audiencias, hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, pero en tanto, este es el déficit que se tiene sobre la celebración de las audiencias”, dijo.

Agregó que aun cuando se celebraron 31 audiencias, en 16 casos no se emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes y de las 665 apelaciones pendientes de resolución, 52 por ciento tiene de cuatro a 23 meses sin que se haya emitido la sentencia respectiva.

Rodríguez Velázquez comentó que de los 21 mil reos que se encuentran en penales federales, seis mil 97 de no cuentan con una sentencia. Indicó también que 34 por ciento de las personas en esta situación lleva entre nueve y 12 años en la cárcel, sin resolución de un juzgado.

La titular de Segob denunció que con amparos y suspensiones contra obras, leyes y políticas públicas se ha invadido la competencia de los otros Poderes.

Ejemplificó que respecto a la Ley de la Industria Eléctrica se emitieron 161 suspensiones; sobre la Ley de la Guardia Nacional, cinco; en torno a la Ley Minera, cinco; contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar, 25; por la extinción de fideicomisos del Poder Judicial 717, y por la prohibición de vapeadores, 240.

Añadió que jueces han otorgado dos suspensiones sobre el Tren Maya; 26 sobre distintas políticas públicas; cinco sobre libros de texto; cinco sobre áreas naturales protegidas; 73 sobre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y ocho contra las conferencias matutinas.

La funcionaria acusó injerencia del PJ en temas electorales y recordó que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, convocó a una cena a la que acudieron Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, el panista Santiago Creel y varios magistrados electorales.

Rosa Icela Rodríguez subrayó que hay corrupción en el Poder Judicial y lamentó que no se castigue a sus integrantes cuando existen quejas en su contra.

En su exposición, puso en evidencia a jueces y magistrados que favorecieron con sus decisiones a delincuentes, como el caso de Alberto “N”, alias El Kena, a quien no se vinculó a proceso por delitos de delincuencia organizada, y amparos a Rafael Caro Quintero y a Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, asistió a la inauguración del XVLI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que encabezó la UNAM, en donde aseguró que los derechos humanos se ponen en riesgo cuando no hay una contención del poder.

“No cabe duda y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente que uno de los propósitos de un Poder Judicial (PJ) independiente, y lo subrayo independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos”, declaró la ministra presidenta de la SCJN.

En su oportunidad de participar, Norma Piña también mencionó que los constitucionalismos están “sujetos a fuertes golpes de timón”, y señaló que la democracia en el mundo y en México atraviesa momentos muy delicados.

Recordó que en las últimas semanas se han registrado diferentes pronunciamientos en torno a la reforma al Poder Judicial, mismas que se dieron de manera nacional e internacional.

“Nos ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional, señalando que, cito: los mexicanos están perdiendo sus derechos a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo; la politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial crucial para el desarrollo económico y social del país”, puntualizó.

Dijo que, en toda democracia, el camino para fortalecer el Estado de derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido y que cuando varias voces advierten sobre algún cambio es “prudente poner atención”.

Afirmó que la independencia y la responsabilidad de los jueces son fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura.

“La democracia constitucional implica por tanto no sólo una mera gobernabilidad, sino una gobernabilidad democrática entendida como el gobierno de una comunidad plural de ciudadanos en libertad, el gobierno de un todo de mayorías y de minorías donde se escucha a todos y donde no se desoye a nadie, un gobierno en suma donde se garantizan los derechos fundamentales universales interdependientes, indivisibles y progresivos del ser humano”, precisó Piña Hernández.

Asimismo, llamó a mantenerse fieles a sus convicciones y seguir trabajando por la independencia y autonomía del PJ.

“El acceso a una justicia pronta, completa e imparcial es un derecho de todas las personas. Millones de ellas hoy día están esperando que se resuelvan sus conflictos mediante sentencias que involucran lo que es importante para su proyecto de vida, para vivir con dignidad, con libertad, con plena confianza en que la justicia está y debe estar siempre a su servicio, al margen de los más perniciosos vaivenes y de las prácticas denigrantes”, mencionó.

Señaló que, debido a las circunstancias políticas que hay en el país, es necesario que se exponga la labor de jueces y magistrados “y reafirmar nuestra convicción de servir a las y a los mexicanos con profesionalismo, con excelencia, con integridad y sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad”.

Asimismo, Norma Piña Hernández aseguró que la SCJN ha sostenido que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo momento, “constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás y que la dignidad humana funge como un principio jurídico del que se desprenden todos los demás derechos”.

Al rechazar que se encuentre en desacato, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal no ha sido notificado por el Poder Judicial para eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), tras la suspensión decretada por la jueza Nancy Juárez.

“(Ha habido) distintos amparos, en particular el último amparo que pide —que todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa que no hemos sido notificados formalmente— que este amparo pide que se elimine la publicación.

“Esta jueza de Distrito (Nancy Juárez) otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar del Diario Oficial, esto lo sabemos por los medios, porque no hemos sido notificados formalmente”, afirmó.

Dijo que su Gobierno está actuando conforme a la ley y quienes están violando el Estado de derecho son los jueces y juezas que no cumplen con el artículo 61 de la Ley de Amparo.

“Es totalmente irregular; son los propios jueces, juezas, ministros que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que votaron para modificar la Constitución. Quien está en desacato es la jueza”, indicó.

Durante la conferencia de prensa matutina, adelantó que a través de la Consejería Jurídica se le preguntará al Congreso de la Unión si es factible que la jueza Juárez Salas pida “eliminar” la reforma del DOF.

“Una vez que recibamos la notificación, le vamos a preguntar al Legislativo porque cuando envió el Legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional dice: ‘publíquese en el Diario Oficial de la Federación’, y ahora una jueza, violando completamente la Ley de Amparo, artículo 61, pide que se elimine”, comentó.

En medio de los embates luego de haber ordenado quitar la reforma judicial del Diario Oficial, la jueza Nancy Juárez Salas explicó que dicha medida no es una suspensión definitiva, sino una pausa en la reforma para analizar el fondo; aseguró que también tiene la conciencia tranquila, pues siempre se ha conducido con imparcialidad.

En entrevista con La Razón, la jueza titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito de Veracruz, explicó que el juicio de amparo interpuesto fue en contra del proceso legislativo previo a la aprobación de la reforma al Poder Judicial, mas no por haber reformado la Constitución.

“Pretenden hacer ver que no procede el amparo porque el artículo 61, fracción primera, establece su improcedencia cuando se trata de combatir reformas o adiciones a la Constitución. En este caso, ése no es el acto reclamado; el acto reclamado es otro, el proceso legislativo; por tanto, no podemos tomar como argumento lo que establece la Presidenta o alguna de las autoridades”, explicó.

Aseguró que entre los motivos que se han encontrado en el proceso legislativo van desde el nulo respeto a los tiempos que marcan los reglamentos del Congreso de la Unión, así como el hecho de que las votaciones no se realizaron de manera “correcta y legítima, además de una serie de argumentos que hacen derivar en la ilegalidad, de acuerdo con lo que así manifiestan las quejosas en la reforma judicial”.

Aclaró que la suspensión a la reforma judicial que concedió no es definitiva, sino que está dirigida a pausar el proceso de implementación y revisar el fondo: “la suspensión definitiva es transitoria, es decir, la eliminación que se está requiriendo a las autoridades no es definitiva, esto tiene vigencia hasta que se dicte la sentencia en el juicio principal y cause ejecutoria; es decir, se tendrá que analizar en el fondo, si tienen o no razón, las quejosas en sus argumentos; y si no tienen razón bueno, pues se negará el amparo si tienen razón, se concederá el amparo”.

Afirmó que la suspensión de su cargo tras denuncias en su contra en 2021 fue una presión ejercida por Arturo Zaldívar, con la finalidad de que no denunciara actos de corrupción, y explicó que mantiene su conciencia tranquila.

“Durante la gestión del exministro Arturo Zaldívar se dio una presión, y eso es sabido por todos, para que jueces y magistrados fallaran de alguna forma y otros dejaran de hacer algunas otras cuestiones y en mi caso fue ejercida esa presión para que no denunciara actos de corrupción que ya estaban documentados, y a través de dicha suspensión de mi cargo se me presionó”, acusó.

A la fecha, dijo, “esa queja no ha sido resuelta, y por tanto no hay ninguna causa de responsabilidad acreditada en mi contra”.

Declaró que, como jueza, “estamos expuestos a esa serie de ataques por alguna de las partes en el juicio a quien no le favorezca determinada resolución. Cuando nosotros protestamos el cargo asumimos esa responsabilidad. Los asuntos se litigan ante los tribunales y no en los medios”.

Insistió en que seguirá trabajando pues “no tengo noticia de juicios políticos en mi contra. Me siento tranquila de mi actuación, porque soy una jueza de carrera judicial y eso me ha permitido emitir mis resoluciones de manera imparcial y objetiva. Tengo mi conciencia tranquila”.

Jueces y magistrados del Poder Judicial (PJ) señalaron que, aunque el Poder Ejecutivo y Legislativo tengan opiniones en torno a los amparos interpuestos por personas juzgadoras, “es el momento de los jueces”, pues a ellos es a quienes les corresponde la última palabra sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.

En la recién inaugurada contramañanera judicial, el magistrado Juan José Olvera respondió a la Presidenta Claudia Sheinbaum en torno a sus argumentos de no haber sido notificada sobre la suspensión emitida por la jueza Nancy Salas de “bajar” del Diario Oficial de la Federación (DOF) la enmienda.

Señaló que, tras el amparo interpuesto por la jueza titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito de Veracruz, “como en cualquier juicio tiene dos caminos: o la recurre o la cumple y lo que haga fuera de estos dos mecanismos es, ni más ni menos, que una opinión de la parte que ha perdido, al menos, hasta ese momento”.

Olvera López señaló que, aunque el Poder Ejecutivo y Legislativo tengan una postura legítima en torno a la reforma judicial, “ellos no son los jueces, no les corresponde a ellos la última palabra”, e insistió que “es el momento de los jueces”.

“Como pasa en todos los actos de autoridad, ahí no se acaba todo el proceso para que, si los ciudadanos en general impugnan estas decisiones, pasen al proceso de revisión de los diferentes mecanismos que el Estado de derecho ofrece, entre estos, el juicio de amparo”, señaló el magistrado federal.