INE solicita 23 mmdp para el 2024 y para que no haya recorte tiene “veladoras puestas”

Para el proceso electoral federal 2023-2024, en el que se renovarán más de 21 mil cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará un presupuesto que asciende a 23 mil 757.45 millones de pesos, 11.02 por ciento más que en la pasada elección presidencial.

Durante la sesión de Comisión Temporal de Presupuesto se presentó y aprobó el anteproyecto presupuestal que será enviado a la Junta General Ejecutiva, para que posteriormente sea sometido a votación del Consejo General, para remitirlo al Ejecutivo federal, el cual lo enviará como parte del paquete presupuestal al Congreso de la Unión.

Para el presupuesto base se destinarán 13 mil 128 millones de pesos, mientras que para la cartera institucional de proyectos está contemplado un fondo por 10 mil 629 millones de pesos.

La propuesta presupuestal presentada prevé recursos precautorios para una posible consulta popular, así como para la realización de elecciones extraordinarias que asciende a tres mil 568 millones 631 pesos.

Se explicó que el presupuesto planteado para el año próximo es 11.02 por ciento mayor que el que se aprobó para el 2018, cuando se celebraron las anteriores elecciones presidenciales, cuando ascendió a 21 mil 394 millones de pesos, y un porcentaje similar mayor que al paquete presupuestal aprobado para los comicios federales intermedios del 2021.

Sin embargo, el porcentaje de asignación presupuestal para el INE es diferente en los años en los que no se organizan procesos electorales ya que, sin considerar las prerrogativas que se designan a través del órgano electoral para los partidos políticos, el presupuesto que se le asigna al instituto reduce considerablemente en años como 2019, 2020, 2022 y 2023, periodos en los que se maneja un financiamiento menor a aquellos en los que se organizan elecciones federales.

Los recursos contemplan la organización de los comicios en todo el país, con una lista nominal de 98.02 millones de personas, para cuya participación se instalarán más de 170 mil casillas y se imprimirán alrededor de 300 millones de boletas electorales, sólo para el proceso electoral federal.

Además, se capacitará a más de millón y medio de ciudadanas y ciudadanos como funcionarios de casilla; se atenderán entre 13.5 y 15.1 millones de solicitudes en 843 Módulos de Atención Ciudadana, y se producirán 14.32 millones de credenciales para votar.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, resaltó que en comparación con los anteriores comicios para renovar la Presidencia de la República, sólo se prevé elevar en dos mil millones de pesos al presupuesto del órgano electoral.

“Este proyecto que nos presenta hoy la Comisión Temporal de Presupuesto es una garantía de que se cuidó cada detalle en cada unidad responsable. Cada cifra fue cuidada sin poner nada en riesgo de lo que tiene que ver con el proceso electoral”, comentó.

Además, resaltó que es la primera ocasión que el Instituto se acerca a la Cámara de Diputados de manera previa a la aprobación del anteproyecto presupuestal, por lo que expresó su confianza en que no será objeto de recorte: “Tengo mis veladoras puestas”, expresó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, Carla Humphrey, aseguró que se trata de un presupuesto austero, que fue a lo que se comprometieron, por lo que confió en que no haya más recortes por parte de la Cámara de Diputados, con varios de cuyos integrantes quienes se reunieron una vez y esperan volver a reunirse al inicio del próximo periodo ordinario.

“No hay colchones, revisamos que no hubiera duplicidades con las áreas; de que un solo proyecto no estuviera presupuestado en distintas áreas y por tanto que tuviera distintos montos que no correspondieran o que elevaran el costo de cada uno de estos proyectos, así que, creo que esto fue muy importante y por eso, bueno, tantas y tantas sesiones que tuvimos justamente para ver estos temas”, comentó.

A su vez, el consejero Arturo Castillo resaltó que el presupuesto del INE históricamente ha representado entre el 0.2 y el 0.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, esto es menos de medio punto porcentual, como para tener un parámetro digamos de carácter objetivo sobre cuánto cuesta la operación del Estado y cuánto cuesta en realidad la democracia.

“Con esto enfrente y con este dato considerado, nada más, es importante decir que, pues elaboramos un presupuesto austero, pero también un presupuesto que no pone en riesgo en sentido alguno la organización del proceso electoral que tenemos enfrente”, aseguró.

En conferencia de prensa, los consejeros electorales explicaron que las áreas que más redujeron su presupuesto fueron la Dirección del Secretariado, el Órgano Interno de Control, la Dirección Jurídica, la Unidad de Servicios de Informática, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, los consejeros del Poder Legislativo y representantes de partidos, la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales y la Coordinación de Asuntos Internacionales.

Martín Santos, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, otorgó la suspensión definitiva dentro de la demanda de amparo promovida por Xóchitl Gálvez el pasado 18 de julio, después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera información de las empresas de la aspirante al Frente Amplio por México, en la conferencia mañanera.

El juez federal ordenó al Presidente, por tiempo indefinido, dejar de atacar a la aspirante opositora Xóchitl Gálvez, al tiempo que prohibió a las autoridades hacendarias difundir información fiscal relacionada con ella.

En dicha suspensión definitiva, el juez pidió al Presidente López Obrador y funcionarios cercanos a la Presidencia, que respeten los lineamientos que cubre el amparo.

“Se pide que se abstengan de seguir llevando a cabo cualquier manifestación, declaración, comunicado o publicación que aluda a la quejosa en su persona, su situación financiara, fiscal, empresarial, bancaria o cualquier tipo de aspiración política o personal que pudiera tener”, dijo el juez en su ordenamiento.

La resolución incluye que se deben eliminar de todas las plataformas y redes sociales de la Presidencia las declaraciones y comunicados sobre Gálvez, en particular los transmitidos del 3 al 5, el 7 y el 14 de julio.

En la resolución, el impartidor de justicia pidió al jefe del Ejecutivo Federal que cesen las declaraciones, imputando hechos y haciendo calificaciones que vayan en perjuicio de sus derechos humanos de la quejosa.

Pidió que “se abstengan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal y bancaria de la quejosa, si no es solicitada de acuerdo a la legislación aplicable”.

El juez comunicó que el Gobierno federal puede impugnar la suspensión definitiva ante un tribunal colegiado; sin embargo, acotó que las revisiones tomarán al menos de dos a tres meses, y “mientras tanto, la orden del juez se tiene que acatar”.

El pasado 7 de agosto, Gálvez Ruiz informó sobre la suspensión provisional que le había sido otorgada para que el Presidente deje de exhibir la situación financiera, empresarial o cualquier tipo de aspiración política que pudiera tener la aspirante.

Como respuesta, el Presidente hizo pública, el pasado 8 de agosto, una carta que envió al impartidor de justicia, en la que le reprocha que actúa por consigna en el proceso que inició Xóchitl Gálvez, a través de los abogados de Claudio X. González.

Quien recientemente se sumó a las exigencias de “la violencia política de género”, fue la senadora del PRI, Beatriz Paredes.