Extesorero de Segalmex, con 4 órdenes de captura
Un juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur giró una cuarta orden de aprehensión en contra de René Gavira Segreste, exdirector de Finanzas y Planeación de Liconsa, ahora por una presunta defraudación fiscal de dos millones 37 mil pesos.
Según información del Poder Judicial de la Federación, el mandato de captura fue librado, luego de que el exfuncionario no se presentó de manera voluntaria a una audiencia inicial por esa imputación, por lo que se hizo de carácter público esta cuarta orden de aprensión por “incumplimiento”.
La nueva captura corresponde a una querella presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que afirmó que: “En el ejercicio fiscal de 2019, el ahora prófugo de la justicia no reportó al fisco dos millones 37 mil pesos por concepto de impuesto sobre la renta”.
La última notificación que recibió el exfuncionario para presentarse a declarar fue la realizada el pasado 27 de marzo, donde Gavira Segreste fue citado a una audiencia inicial para que la Fiscalía General de la República lo imputara, sin embargo, no compareció porque desde el 2 de marzo ya era prófugo de la justicia.
Cabe destacar que la Interpol giró una ficha roja, en el mes de abril, para que el exfuncionario de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex sea buscado en 194 países.
Ésta se trata de la cuarta orden de aprehensión librada contra Gavira, hombre de confianza del extitular de Segalmex, Ignacio Ovalle, una de ellas fue librada por los delitos de delincuencia organizada y peculado de 142.4 millones de pesos, en el caso de la presunta simulación de la compra venta de siete mil 840 toneladas de azúcar.
Una orden más, fue girada por un caso en el que Segalmex perdió mil 687 millones de pesos, por la entrega de leche bronca a proveedores y el incumplimiento de éstos para procesar la materia prima para tener como producto leche en polvo.
Una orden de captura más es por el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado de la presunta compra ilegal de 700 mil títulos bursátiles con un valor de 700 millones de pesos”.
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