Educación con Rumbo acusa violación a suspensión concedida por PJ para realizar prueba PISA

Derivado de un amparo presentado por Educación con Rumbo el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Educación Pública y MEJOREDU llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice la Prueba PISA en México en el 2025.

Lo anterior, toda vez que a la fecha las autoridades en materia educativa no han asegurado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleve a cabo la Prueba PISA, que evalúa los rubros de lectura, matemáticas y ciencias de los niños de 15 años en México.

El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, refirió que dentro del amparo la SEP y MEJOREDU se han negado a cumplir la suspensión concedida por el Poder Judicial de la Federación lo cual pudiera lugar a sanciones que van desde multas hasta la destitución e inicio de procedimientos de carácter penal.

“Al día de hoy la SEP y MEJOREDU se han abstenido de cumplir la suspensión concedida en el amparo, lo cual resulta extraño en dos vertientes: la primera por desacatar una instrucción del Presidente de la República quien manifestó que la Prueba Pisa se realizaría y la segunda por violar un mandato del Poder Judicial de la Federación, por lo cual tanto la Secretaria de Educación Pública como la Comisionada Presidenta del MEJOREDU deben rendir cuentas a la sociedad y a las instancias competentes”, precisó el abogado constitucionalista.

Por su parte, Paulina Amozurrutia, coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, precisó que hay una ventana de oportunidad para llevar a cabo la Prueba PiSA, considerando que estamos a 8 de semanas de que concluya el ciclo escolar, dentro de la cual debe realizarse una prueba piloto que establezca los parámetros de la Prueba Pisa a ejecutar durante 2025”·

“Quien está en contra de llevar a cabo la Prueba Pisa en México, está en contra del derecho humano de los niños a una educación científica, de excelencia y de mejora continua como lo establece la Constitución y los Tratados Internacionales, por lo cual la Sociedad Civil exigirá cuentas ante las instancias legales que correspondan”, preciso la también Activista y defensora delos derechos humanos de los niños.

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FGR

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