Candidatas y sus partidos van al choque por reformas de AMLO

La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, tomó como bandera las reformas presentadas este lunes por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que formarán parte de su proyecto de nación que expondrá durante su campaña.

Al respecto de ésta, anunció que la plancha del Zócalo de la Ciudad de México será la sede en donde arrancará la etapa proselitista el próximo 1 de marzo.

Para respaldar el nuevo paquete de 20 iniciativas, encabezó una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por los líderes parlamentarios de Morena Ignacio Mier y Ricardo Monreal; por los exaspirantes a la candidatura Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, así como por su coordinadora de voceros, Tatiana Clouthier, y por la dirigencia partidista, ocupada por Mario Delgado y Citlalli Hernández.

Con ellos a la retaguardia, la exmandataria capitalina expresó su total respaldo a las reformas planteadas por el titular del Ejecutivo federal, para las cuales se convocará a un debate nacional.

“Amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos presentados en la Carta Magna, la democracia, las libertades, un Gobierno honesto y austero, la soberanía nacional y, por supuesto, la protección de los animales y el medio ambiente. Son parte del programa que vamos a presentar el 1 de marzo a la ciudadanía, como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición”, dijo.

Ante la insuficiencia de votos que el bloque de la 4T tiene en la actual legislatura en el Congreso para conseguir la aprobación de las reformas, Sheinbaum Pardo dijo que se esperará a que en la siguiente conformación de legisladores se alcance la mayoría calificada para avalar los proyectos, de los cuales 18 implican enmiendas a la Constitución.

“Estamos convocando para que a partir del primero de septiembre de 2024 tengamos una correlación distinta en el Congreso de la Unión y puedan ser aprobadas con la mayoría calificada, lo que llamamos el Plan C”, dijo.

Señaló que, durante los 36 años de gobiernos anteriores, a los que catalogó como neoliberales, la Constitución de 1917 perdió su esencia, pues aseguró que “hubo regresiones en lo que tiene que ver con el sector energético, lo que tiene que ver con la reforma a pensiones”.

“Son dos proyectos: el proyecto del neoliberalismo y las reformas constitucionales, que en una buena parte perdieron la esencia de la Constitución del 17; y hoy, que es la recuperación de ese principio y la recuperación de un proyecto distinto, que le llamamos el Humanismo Mexicano”, mencionó.

Sobre la reforma en materia de pensiones, afirmó que el impacto presupuestal ya se tiene previsto por medio de un fondo superior a los 60 mil millones de pesos y aseguró que éste tendrá solvencia, por lo menos, hasta el 2030, cuando se volverá a revisar para plantear nuevas propuestas.

También lanzó críticas contra el Poder Judicial, al señalar que ha actuado “por encima de su función”.

“Lo que ha venido pasando es que el Poder Legislativo aprueba leyes y la Suprema Corte, por encima realmente de su función, entra a lo que es la función del Poder Legislativo”, comentó.

Adelantó que, aparte de las propuestas presidenciales, su proyecto de nación también incluirá propuestas que emanarán de los Diálogos por la Transformación.

Al respecto también opinó el senador Ricardo Monreal, quien coincidió en que el Poder Judicial ha invalidado leyes de tal manera que el trabajo legislativo se ha visto invadido.

Por su parte, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que legisladores de su partido se “han erigido en constituyentes de la Cuarta Transformación y al aprobar el paquete de reformas enviado al Legislativo por el Presidente.

El líder morenista calificó de “histórico” las propuestas que implican reformas constitucionales al Poder Judicial, los organismos autónomos y diferentes instituciones. “Desde el partido Morena haremos lo necesario para garantizar que estos cambios se lleven a cabo por el bien del pueblo de México”, refirió.

Para evitar votaciones dispares, las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD, junto con su abanderada presidencial Xóchitl Gálvez, pactaron el cierre de filas ante las reformas del Presidente Andrés Manuel López Obrador que vulneren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o debiliten cualquier institución o contrapeso.

Así lo dio a conocer el líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés, quien, al participar en la plenaria de los senadores de su partido, fue cuestionado sobre los votos que han otorgado los priistas en otras votaciones para favorecer a Morena y al titular del Ejecutivo federal.

Por eso, dio a conocer que, junto con sus homólogos del tricolor, Alejandro Moreno, y del partido del sol azteca, Jesús Zambrano, acordaron cerrar filas para evitar, con sus votos en el Congreso, que Morena consiga la mayoría calificada en las reformas constitucionales que afecten al Poder Judicial y a las instituciones que generen contrapesos.

“Hace una semana nos reunimos con nuestra hoy ya formalmente candidata Xóchitl Gálvez los tres dirigentes de la coalición Fuerza y Corazón por México, con nuestros coordinadores parlamentarios, y acordamos que en todo aquello que vulnere a la Corte o contrapesos e instituciones iremos juntos para desecharlo, porque no vamos a permitir que destruyan a nuestro país”, declaró.

En conferencia de prensa, subrayó que no permitirán “que pase cualquier cosa que vulnere a la SCJN, porque en México tiene que haber equilibrio de poder”, y acusó que López Obrador quiere someter al Poder Judicial como, dijo, ya lo hizo en buena parte con el Poder Legislativo.

El político michoacano sostuvo que tampoco permitirán que avance cualquier reforma que busque la extinción de los órganos autónomos y manifestó su confianza en que el bloque de contención, conformado por los partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México, se “mantendrá muy sólido para evitar la destrucción de este país”.

Marko Cortés dijo que durante la reunión plenaria, en la que dialogaron a distancia con Xóchitl Gálvez —quien continuaba en su gira por Estados Unidos—, acordaron no permitir que el Presidente domine la conversación con estas iniciativas que, reprochó, tardó cinco años en presentar y lo hace ahora en pleno proceso electoral, por lo que la instrucción para todos los legisladores es mantener en el debate los temas de inseguridad y de violencia.

El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, apuntó que, junto con estos temas, en su agenda mantendrán como prioritario el sacar adelante los más de 100 nombramientos pendientes, además de hacer una revisión del tema de la deuda que se está adquiriendo en la actual administración.

Al respecto, el coordinador del PRI en la Cámara alta, Manuel Añorve, subrayó que el bloque de contención no se distraerá ante este tipo de estrategias del Presidente de la República.

“Es un distractor; por eso estoy comentando que no nos vamos a enfrascar en la distracción que el Ejecutivo quiere, vamos a seguir demandando mayor seguridad, mayor empleo. Vamos a seguir demandando medicamentos para todos los mexicanos; no está a la altura de las circunstancias el servicio gratuito médico”, afirmó.

En referencia al tema, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, señaló —con la advertencia de que su partido no respaldará aquellas enmiendas que vulneren las instituciones y contrapesos democráticos, según considere— que desde la oposición se apoyarán los proyectos que beneficien a la población.

Además, Noemí Luna, diputada federal y secretaria general del PAN, aseguró que las iniciativas del Ejecutivo “son cortinas de humo” de los temas que realmente “le duelen a México”, como la inseguridad o el desabasto de medicamentos.

Y el coordinador del PRD, Francisco Huacus, se manifestó en el mismo sentido de no apoyar proyectos que considere regresivos, como el de la “embestida” contra las instituciones, el Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos y la reforma electoral.

La aspirante presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, criticó la “avalancha de reformas” que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes pasado y que envió al Congreso.

A través de un videomensaje, la panista le pidió al mandatario que no genere “una cortina de humo” sobre el presunto financiamiento del crimen organizado para su campaña en 2006.

“Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren distraer los contrapesos democráticos, un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos, los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos, aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México”, indicó.

Gálvez señaló que durante su gira por Estados Unidos, ha sido recurrente la pregunta sobre el tema, lo que, dijo, es ofensivo para todos los mexicanos.

“Señor Presidente López Obrador, en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado, esa duda representa una vergüenza para todos los mexicanos, esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su Gobierno”, manifestó.

La panista agregó que ante esta situación, es urgente que limpie su nombre en lugar de distraer la atención con las reformas constitucionales que presentó el lunes pasado y que envió al Congreso.

Dijo que con ese motivo, presentarán el exhorto por la ruta legislativa, por lo que le recomendó al mandatario federal aprovecharlo para limpiar su nombre.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez solicitó a Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que garantice su participación en la observación electoral durante los comicios.

La aspirante presidencial de la oposición se reunió con Almagro en Washington, donde le entregó la petición formal para que no sólo participen en la observación el día de la jornada electoral, el 2 de junio, sino que se incorporen desde antes y después de la elección.

Le expresó su preocupación por el debilitamiento institucional y el contexto de violencia en México, lo que puede provocar que la elección de este año se convierta en la más violenta de la historia de México, tras contabilizarse, hasta el momento, seis asesinatos de aspirantes a diversos cargos de elección popular.

La política hidalguense alertó sobre la violencia política digital, que se refiere a intervención ilegal de comunicaciones privadas, donde se registran 85 agresiones contra diversos actores políticos.

En el escrito, Gálvez señaló la intervención reiterada del titular del Ejecutivo federal en el desarrollo del proceso electoral y sus constantes descalificaciones a los candidatos de la oposición al régimen.

Al hacer una defensa de sus propuestas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que envió su paquete de 20 reformas al Congreso, ante la proximidad del proceso electoral en el que, dijo, no sólo será una candidata o candidato el que se elija, sino que está en juego la definición de un proyecto de nación.

En su conferencia, fue cuestionado por qué hasta el fin de su sexenio y en año electoral mandó las iniciativas al Poder Legislativo. “Porque hasta ahora se dieron las condiciones y porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir”, respondió.

“No va a ser nada más qué candidato gana o ver qué partido, alianza o candidato gana; es decidir por un proyecto y eso, considero, es más importante”, añadió.

El lunes pasado, López Obrador mandó al Legislativo 18 iniciativas de reforma constitucional y dos de enmiendas a leyes secundarias, con las cuales pretende echar abajo los cambios “antipopulares” que realizaron los gobiernos neoliberales.

“Vamos a estar analizando una por una, nos va a dar oportunidad de informar ampliamente para que se conozca bien, no haya malas interpretaciones, no se distorsionen las cosas, no haya manipulación. Por eso, tenemos que informar, informar, informar, porque (sus adversarios) están esperando cómo afectarnos, cómo dañarnos y atacarnos”, refirió.

Explicó algunas de las iniciativas, entre las que mencionó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública, con un carácter verdaderamente independiente, como la Fiscalía General, “pero que no actúe bajo consigna, porque todos estos personajes tienen como distintivo que son militantes del conservadurismo”, aseguró.

Indicó que desde que nació el Inai comenzó protegiendo información relacionada con la condonación del pago de impuestos durante el sexenio de Vicente Fox, alrededor de dos mil millones de pesos.

“Vamos a las pruebas; que me digan, de todas las reformas que hicieron, cuáles beneficiaron al pueblo y cuáles para beneficiar a una minoría. Todo lo aprobado por los legisladores en ese periodo tuvo el afán de lucro”, puntualizó.

Denunció que estos organismos los creó la llamada sociedad civil, con el argumento de que se protegerían los derechos humanos, el medio ambiente, etcétera.

“Ah, que se iba a combatir el monopolio, a garantizar el derecho a la información; entonces, crearon todos estos órganos autónomos, independientes, pero la verdad es que crearon un gobierno para proteger a quienes convirtieron al gobierno en un comité a su servicio”, enfatizó.

López Obrador recordó que en el gobierno de Carlos Salinas se eliminó del Código Penal que la corrupción se considerara delito grave.

“¿Cuánto tiempo engañaron con eso?, y todo lo que hace el Poder Judicial, y tenemos que andar ahí, hasta donde podemos, deteniendo todas sus decisiones”, dijo.

Las iniciativas de reforma que dio a conocer el Ejecutivo el lunes, de aprobarse, fragilizan las finanzas públicas y el régimen democrático, sentenció Citibanamex.

“Varias de las propuestas tienen un costo fiscal creciente, inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas y su deterioro previsible, aún antes de las nuevas propuestas”, comentó Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos del grupo financiero.

La iniciativa de aumentar las pensiones, establecer un salario mínimo para la mayoría de los trabajadores del sector público por arriba de su remuneración promedio e impulsar la construcción de vivienda, implica un aumento del costo fiscal, que se añadiría a un déficit público que ha sido creciente en los últimos años, dijo el analista.

En su opinión, la propuesta de pensiones muestra un diseño “apresurado e inconsistente”. “No se enmarcan en una política social equitativa y buscan financiarse con potenciales fondos que sólo pueden ser conseguidos en una sola ocasión”. Sin embargo, añadió, el problema es que las propuestas implican un costo fiscal anual, permanente y creciente. Además, buena parte de los fondos a que se alude ya están comprometidos, dado que hay un déficit fiscal creciente.

ip opina. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que no es buen momento para discutir las iniciativas de reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dada la proximidad de las elecciones. “La importancia de estas reformas amerita un análisis imparcial, profundo y detenido, con el involucramiento de todos los sectores, que no es posible realizar en este momento”, expuso la cúpula empresarial.

El jefe del Ejecutivo dio a conocer 18 propuestas constitucionales y dos de tipo legal, entre las que se encuentran las de pensiones, el salario mínimo y la desaparición de los organismos autónomos.

“En el contexto polarizado y los tiempos electorales que vivimos, será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlas”, expuso. Añadió que se requiere de un análisis profundo, en particular, las propuestas relacionadas con la integración y facultades del Poder Judicial, la organización electoral, la integración del Poder Legislativo y la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional, las cuales, acotó, representan modificaciones profundas que “trastocan el régimen político” que se ha construido con contrapesos y equilibrios democráticos.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que, si bien coincide en alcanzar mayores beneficios para los trabajadores y sus familias, es necesario hacer un análisis costo–beneficio del impacto de cada una de las propuestas presentadas, en el entendido de que el sector industrial está dispuesto a explorar todas las opciones para poder lograrlo.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) consideró que ocho de esas iniciativas ponen en riesgo la competitividad del país: pensiones, salario mínimo, educación y empleo, la que desaparece a los autónomos, la del Poder Judicial, la político-electoral y las referentes al agua y la energía eléctrica. Además, implican cambios institucionales profundos, que requerirían incluso una reforma hacendaria para cubrir los gastos generados.

Por su parte, el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN)-UNAM consideró que las reformas que propone AMLO tendrían un impacto de 2.1 por ciento en el PIB, el cual podría financiarse con una reforma fiscal a través del combate a la elusión y evasión, entre otras medidas.

Cambios en retiro. Los 64 mil millones de pesos del fondo semilla que el Gobierno propone en la iniciativa de reforma de pensiones “son una vacilada”, dado que la medida puede costar un “buen número” de puntos del PIB, consideran analistas.

Héctor Villarreal, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, señaló que se debe tener mucho cuidado en la iniciativa referente a que la pensión sea igual al salario del último año de empleo del trabajador, “se presta a transas y arreglos burdos”.

“La inocentada es que la tasa de reemplazo se base sólo en el último año de cotización”, expuso el especialista, quien añadió que se prestaría a una modalidad 40 “con esteroides”, lo que podría generar un desfalco al fisco.

Esta reforma está limitada a 16 mil 700 pesos (actualizada por inflación), lo cual, de alguna manera, pone candados a la población que accedería a ella.

Fusiones. El Gobierno busca fusionar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Lo anterior, considerando que ambas instituciones, dice la iniciativa, comparten naturaleza jurídica, cuentan con unidades al interior del país y buscan la defensa de los usuarios. Al respecto, Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef, consideró que es preocupante y calificó de “disparate” la iniciativa, ya que son instituciones con funciones específicas. Acabarían con la defensa de los usuarios de los bancos, que “vaya que cometen atropellos”.

Por su parte, la titular del Inegi, Graciela Márquez, dijo que estarán atentos al proceso legislativo de las iniciativas que presentó el Presidente, en las cuales se propone que las funciones del Coneval sean absorbidas por el instituto. “El Inegi, como entidad autónoma, se mantiene en esa autonomía de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución. Su función es independiente de otros organismos. Estamos al tanto y estaremos pendientes del proceso”, expuso.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), defendió ser “un componente fundamental del Estado”, que actúa y actuará con apego estricto a sus facultades constitucionales y cuyo cumplimiento es “obligatorio e indelegable”; ante ello, se dijo dispuesto a debatir y dialogar la propuesta presidencial para la extinción del organismo.

Indicó que analizará detalladamente la iniciativa de reforma que le atañe, así como las acciones que determine emprender, conforme a sus atribuciones.

Además, manifestó su apertura al diálogo e interés de participar activamente en ejercicios de parlamento abierto, conversatorios, foros y otros espacios donde sea posible debatir y dejar clara la importancia de contar con un organismo constitucional autónomo e independiente de los poderes públicos, que garantice la vigencia, ejercicio y tutela efectiva de los derechos humanos referidos.

Afirmó que ni la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Legislativo y está destinada a auditar a los entes que ejercen gasto público, ni la Secretaría de la Función Pública que por depender del Poder Ejecutivo la convertiría en juez y parte del Gobierno, podrían asumir las funciones que actualmente tiene el Inai, pues la protección de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales requiere de una institución autónoma, especializada e imparcial.

En el mismo sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que si bien existen diversas áreas de oportunidad, tener un diálogo público sobre esta reforma enviada por el Ejecutivo, una vez concluidos los procesos electorales, permitiría el análisis del sistema electoral actual con insumos recientes.

En un posicionamiento, afirmó que la propuesta no modifica el desarrollo de los procesos electorales y garantizó que se realizarán con transparencia.

La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un “fondo semilla” de 64 mil millones de pesos para cubrir las pensiones al 100 por ciento de los trabajadores es insuficiente y sólo beneficia a unos cuantos, pues sólo beneficiará a quienes se jubilen bajo la Ley del IMSS de 1997, que son alrededor de ocho millones 250 mil.

Así lo aseguró el economista Mario Di Costanzo, al subrayar que el fondo mencionado no está garantizado, pues se basa en la obtención de los fideicomisos del Poder Judicial, la desaparición de Financiera Rural, la venta de los inmuebles de Fonatur en los estados, así como la expropiación de las cuentas de las Afores que no sean reclamadas, que son casi 18 millones y tienen fondos por 200 mil millones de pesos.

En entrevista con La Razón, el especialista dijo que “la conformación de este fondo es muy poco transparente y muy incierta, y obviamente los 64 mil millones no alcanzan para poder financiar a los muy pocos que pudieran cumplir con esos requisitos de los 65 años y las 750 semanas cotizadas (en el IMSS).

“Todos los que busquen una pensión no por vejez sino por cesantía, no van a tener este beneficio de la reforma. Entonces, es una reforma poco transparente, que engaña a los trabajadores y que va ser inviable financieramente”, expuso

Di Costanzo agregó que estos beneficios que anunció el Presidente se reducen a menos del 25 por ciento de los 33 millones de trabajadores que están actualmente en el sistema; “entonces es una propuesta muy limitada en ese sentido”.

Dijo que la gente no se debe hacer falsas ilusiones, pues para todas las personas pensionadas “no hay ningún beneficio” y refirió que el único provecho aparente sería para quienes se vayan a jubilar y estén en la Ley o en el esquema de 1997, es decir, en cuentas individuales de las Afores, que podrían ser sujetas a tener este tipo de retiro.