Ven falta de compromiso ante violencia de género

Colectivos y expertas aseguraron que, a pesar de los discursos y declaraciones, la violencia cometida en contra de las mujeres sigue en aumento, con el asesinato cada año de cientos de personas por razones de género.

En entrevista con La Razón, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio (ONF), lamentó que la violencia contra las mujeres siga siendo una asignatura pendiente de las autoridades.

“La violencia no ha disminuido, es una cuenta pendiente del Estado. Los colectivos y organizaciones deben seguir luchando por que el Gobierno garantice una vida libre de violencia, para que se puedan caer esas cadenas de impunidad”, manifestó.

Señaló que si Colima y Morelos son las entidades con más feminicidios es porque sus índices de inseguridad son muy altos y por ello las mujeres son uno de los sectores afectados.

Indicó que, si bien está tipificado el delito de feminicidio, es responsabilidad de los gobiernos estatales evaluarlo de manera correcta, debido a que en las carpetas de investigación no se precisan diversos delitos, como las lesiones dolosas.

“Pero no hay pretexto; más bien, las autoridades deben acreditarlo, ya que sigue habiendo muchas resistencias”, expuso.

Dijo que no es un tema de voluntad política, sino de obligatoriedad, en un desafío que hasta el momento no se ha podido resolver.

Para Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Nacional Ciudadano y directora de Justicia Pro Persona, hasta el momento no hay acciones efectivas para erradicar el delito, pues, dijo, a pesar de que en todo el país se vive una alta criminalidad por las disputas de plazas, Colima y Morelos son estados muy pequeños donde no deberían exacerbarse las agresiones de género.

“Se deben tomar medidas más profundas en esos estados donde se podría controlar la violencia; sin embargo, las políticas de seguridad no son las adecuadas, pues deben ir acompañadas de políticas de prevención, con sanciones penales y acceso a la justicia”, evaluó.

Anotó que no ve voluntad política de las autoridades, pues quienes han puesto el asunto en la mira social son las mismas mujeres, ya que los políticos usan el tema como “catapulta” para sus intereses personales.

Además, mencionó que no ve un compromiso real, porque en los gobiernos no es una agenda de la que se dé prioridad y por ello no se les dan recursos suficientes para la protección.

“Es un tema que debe ser prioritario para la agenda del país, pues se deben analizar las causas que lo originan, como la misma cultura machista que lo permite; pero eso debe venir desde el más alto nivel, como es la Presidencia”, explicó.

La experta mencionó que el panorama para los siguientes meses es de incremento, al no haber acciones contundentes.

Al respecto, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Unión Mujer, mencionó que las cifras de violencia contra las mujeres están maquilladas, además de que menos del uno por ciento del presupuesto se da a las instituciones de gobierno.

“No estamos peleados con el tema de becas o pensiones; lo que peleamos es que dejan a las mujeres en la indefensión, porque por dejar sin dinero a las instituciones, siguen al alza los delitos”, dijo.

Finlmente, acusó que no hay un compromiso real de las instituciones de gobierno para combatir el problema.

Dependencias de salud y organismos en pro de las mujeres iniciaron este domingo 16 días de activismo contra la violencia de género.

Una de ellas es la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), con la conducción de Norma Angélica San José Rodríguez, quien en entrevista subrayó la importancia de aplicar la política de “cero tolerancia frente a conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual contra las mujeres trabajadoras de esta dependencia, y no solo de esta dependencia sino en cualquier ámbito laboral y familiar”.

La especialista señaló que “es imprescindible reconocer la existencia de brechas de desigualdad en los ámbitos laboral, social, familiar y económico”.

Explicó que “las desigualdades de género favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos; la sociedad suele establecer un trato diferenciado con base en los roles y estereotipos de género, y esa diferenciación puede afectar de manera sistemática a las mujeres.

La directora añadió que los centros laborales deben prevenir, atender y sancionar los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual de manera firme y clara, garantizando así los derechos humanos con enfoques de género, inclusión, interseccionalidad y pertinencia cultural.

“Es tarea de todos proteger y difundir los derechos de las mujeres trabajadoras; construir una cultura institucional para la igualdad y políticas públicas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; valorar la función social de las mujeres como trabajadoras con derecho al desarrollo profesional y garantizarles una vida laboral libre de violencia sexual”.

Desde hace un par de años la Secretaría de Salud trabaja con base en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca favorecer esquemas de equidad.

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