UIF ventila corrupción ligada a GGL y a funcionaria del CJF

E l Gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció que Sonia Vargas Terreros, funcionaria contratada por el Poder Judicial, participó en la trama de corrupción que urdió el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, con la firma de contratos por 71.6 millones de dólares, que son investigados por dicha área y por la Fiscalía General de la República (FGR).

El titular de la UIF, Pablo Gómez, expuso la “gran trama de corrupción” en torno a la empresa Nunvav, fundada por García Luna, y en la que presuntamente participó Sonia Vargas, actual directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura.

“Es necesario decir que las personas que he mencionado, que forman parte de las denuncias presentadas o están dentro de las denuncias presentadas ante la FGR, no son personas desconocidas para la fiscalía, están sujetas a una investigación; pero no solamente eso, sino que no se trata en este caso de cualquier ilícito o de cualquier conducta no lícita, como puede ser la que realiza cualquier servidor público en el desempeño de sus funciones, como actos indebidos que no le correspondían, etcétera, sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyo resultado económico está siendo reclamado por México”, sostuvo Pablo Gómez.

Convocado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el viernes pasado el mandatario diera a conocer que a Sonia Vagas la contrató la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Pablo Gómez señaló que en esta trama de contratos con diversas compañías, para la adquisición de bienes y servicios, que no se cumplió, participaron también los exfuncionarios Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Rodrigo Esparza Cristerna, Rafael Avilez y Humberto Martínez González, entre otros.

“Todas estas erogaciones que se hicieron a una sola holding, a un conglomerado, a un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Livnat, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos, desde luego, los primeros. Estos primeros son para sistemas de rastreo, localización, básicamente localización de redes celulares, un sistema que se llama Safe City, instalado supuestamente, que no lo fue, en Ciudad Juárez. Y todos de la empresa Nunvav y otras empresas que son parte del mismo consorcio”, señaló Gómez Álvarez.

En el caso específico de Sonia Vargas, quien fue directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública, Pablo Gómez acusó que firmó contratos por más de 71 millones de dólares “de la Policía Federal, en el periodo de (Felipe) Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares”, dijo.

Agregó que estos contratos, muchos de ellos simulados, permitieron desviar cerca de 700 millones de dólares y, luego de pasar por paraísos fiscales, fueron enviados a Florida, Estados Unidos, donde México inició un juicio de reclamación.

“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares; no es una cantidad menor. El Gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero”, expuso el titular de la UIF.

La Fiscalía General de la Republica, recibió de un Juez de Control Federal, 61 órdenes de aprehensión, en contra de varios servidores públicos, relacionados con “delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”.

Según datos de la FGR, las órdenes de arresto son para las personas que se vincularon en negocios ilícitos con el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna.

“Dentro de las órdenes destacaron las de Jonathan Alexis N y Mauricio Samuel N, personajes que fueron cómplices del exfuncionario, esto, con el objetivo de canalizar recursos ilícitos a empresas controladas por García Luna, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de 10 contratos, por la suma de cinco mil 112 millones de pesos”, refirió la Fiscalía.

Dio a conocer que ya se ha solicitado una alerta de ficha roja para quienes ya se fugaron del país, por lo que se procederá a realizar “solicitudes de asistencia jurídica internacional”, con lo que esperan “la devolución de los bienes que hayan saqueado a la nación”.

La dependencia dejó claro que este procedimiento es independiente a la denuncia que hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a otro despojo multimillonario en contra de la extinta Policía Federal, también relacionada con empresas de Genaro García.

Las órdenes de aprehensión son giradas por las autoridades mexicanas mientras Genaro García Luna espera su sentencia en Estados Unidos, tras ser declarado culpable por cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno más por declaraciones falsas.

El exjefe policial cuenta con señalamientos de ser colaborador y beneficiario de capos mexicanos de la droga, algunos de ellos, quienes declararon en el juicio que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la invalidez total del acuerdo presidencial que decretaba como de seguridad nacional las obras prioritarias del Gobierno federal, cerraba su información y ordenaba agilizar los trámites para llevarlas a cabo.

La determinación se dio con seis votos a favor de Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Margarita Ríos Farjat y Norma Piña, y cinco en contra de Arturo Zaldívar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Con este resolutivo, las dependencias del Ejecutivo federal no podrán expedir, en cinco días hábiles, “permisos provisionales por 12 meses para obras que se designen como prioritarias que, además de la reserva de información, era el principal efecto práctico del acuerdo”.

El pleno de la Suprema Corte estableció los efectos de la invalidez dictada la semana pasada en la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en contra del “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican”.

Esto tiene relación con los proyectos y obras del Gobierno considerados “de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, en referencia al acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.

“El acuerdo fue expedido por el Poder Ejecutivo, que es la parte demandada, y dicho acuerdo es una instrucción a las dependencias y entidades que forman parte de dicho Poder. Si el efecto de la sentencia es invalidar el acuerdo respecto del Ejecutivo, y el acuerdo iba dirigido a las dependencias y entidades que son parte del Ejecutivo, el acuerdo se invalida en su totalidad”, subrayó en su ponencia el ministro González Alcántara Carrancá.

Además, por ser una materia ajena a la penal, la SCJN precisó que los efectos de la resolución no serán retroactivos.

El ministro González Alcántara refirió que “la sentencia no afecta permisos provisionales que se hubieran expedido con base en este acuerdo. El único que se conoce públicamente es el que se otorgó para el Tramo 5 del Tren Maya”.

El jueves pasado, tras la sesión realizada en la Corte y luego de discutir la primera parte de este decreto, se determinó su invalidez, aunque el Presidente emitió ese día un nuevo decreto en el que quedan “protegidas las obras de seguridad nacional el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Tulum, Palenque y Chetumal”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien dijo ha sido objeto de ataques por su decisión de protestar el fin de semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En el caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador. Ahora muy atacado en estos días porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces, lo hizo bien; sin embargo, se le lanzaron muy fuerte”, sostuvo el Presidente al defender al mandatario que el sábado utilizó dos ataúdes para simular la muerte de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña y del ministro Alberto Pérez Dayán.

López Obrador insistió en que Cuitláhuac García representa un hito en la historia de los gobernadores veracruzanos: “Ya llevaba mucho tiempo, para decirlo breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García. Se había padecido de gobernadores corruptos, irresponsables, mediocres, uno tras otro. Y ahora llega Cuitláhuac y es distinto. Nada más para decirlo con mucha claridad, no es ‘rata’, no es corrupto, y eso hace la diferencia, porque un buen gobierno depende en más del 90 por ciento de la honestidad de los gobernantes”.

Indicó que tradicionalmente el pueblo veracruzano había participado en protestas contra los malos gobiernos, pero de un tiempo a la fecha se dejó envolver por las promesas de los políticos de siempre y votó por un cambio.

“Estoy muy contento con los paisanos veracruzanos, porque demostraron que no se dejan chorear. Ya llevaban algún tiempo y yo decía: ¿Qué pasa, si este pueblo es de los más avispados de México? ¿Cómo es que se dejan jugar el dedo en la boca? ¿Cómo es que se dedican a aplaudir, si los están saqueando? Y, bueno, como decía Lincoln: ‘Al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida’. Lo celebro”, señaló el mandatario.

fgr

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