Senado avala en lo general leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial

Entre descalificaciones personales, acusaciones de desaseo al proceso legislativo y advertencias de inconstitucionalidades, la mayoría de Morena y sus aliados PT y PVEM aprobó la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales (LEGIPE), para clarificar cómo será la elección de jueces, magistrados y ministros, el 1 de junio de 2025.

Con 81 votos a favor y 40 en contra, los senadores avalaron, en una sesión larga de casi ocho horas, la ley secundaria a la LEGIPE enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo establecer nuevas reglas para la integración del Poder Judicial y de los poderes judiciales locales, mediante un proceso democrático que involucre la participación directa de la ciudadanía.

De última hora, el oficialismo retiró una modificación que daba derecho de veto a los poderes de la Unión sobre las listas de aspirantes a estos cargos.

Enrique Inzunza, presidente de la comisión de Estudios Legislativos, explicó que los elementos clave del dictamen son: Elección de los miembros del Poder Judicial; participación ciudadana en la elección; organización del proceso electoral; distinción de ámbitos territoriales; creación del Libro Octavo, régimen sancionador electoral y disciplinario interno, y proceso electoral para las personas juzgadoras.

Agregó que se establece que los cargos de las personas juzgadoras serán electos por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía, el primer domingo de junio de 2025, y en el mismo año de 2027; la organización del proceso electoral estará a cargo del INE, en coadyuvancia con los organismos públicos locales (OPLES).

“Cuando así lo determine el Instituto, serán los encargados de organizar las elecciones para la selección de estos cargos judiciales. Esto incluye, desde luego, la logística de la jornada electoral, el conteo de votos y la emisión de resultados”, indicó Inzunza.

Se determinó que la elección se llevará cabo de forma diferenciada dependiendo del cargo. Por ejemplo, a nivel nacional para ministros y ministras de la Suprema Corte, personas magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial; por circuito judicial para personas magistradas de tribunales colegiados de circuito y personas juezas de Distrito, y por circunscripción plurinominal para personas magistradas de la Salas Regionales del Tribunal Electoral, expuso el senador morenista.

Respecto a la adición del libro octavo denominado régimen sancionador electoral y disciplinario interno, el dictamen introdujo un nuevo libro en la ley, mismo que regula los procedimientos sancionadores y disciplinarios dentro del Poder Judicial, además remplaza el término “sala regional” por “sala superior” con objetivo de fortalecer los mecanismos internos de disciplina y sanción en el Poder Judicial.

En cuanto a la elección de las personas juzgadoras, el proyecto estableció varias reglas como: convocatoria y postulación de candidaturas; organización del proceso electoral; propaganda electoral para difundir la trayectoria profesional de las y los candidatos; encuestas y sondeos de opinión; distribución de boletas y materiales electorales.

Asimismo, la observación electoral y acceso a los medios de comunicación; fiscalización de recursos utilizados en campañas electorales y, por último, cómputo, sumatoria y asignación de cargos, así como la calificación y declaración de validez de la elección.

Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN, advirtió que “no podemos ir a un proceso electoral sin reglas previas, sin una legislación que otorgue certeza a quienes van a participar. Estamos haciéndola sobre las rodillas”.

Claudia Anaya, del PRI, calificó estas reformas como un “cochinero”.

“Que, a diferencia del legislador que representa a la gente, los jueces no representan a nadie, los jueces representan la ley, y las sentencias no deben de ser populares, deben de ser legales, (…) aventar a los jueces a que caigan a querer caer en gracia de una ciudadanía, es aventarlos a un populismo punitivo o a un populismo judicial. (…) Además, se quiere politizar la justicia, (…) se están equivocando terriblemente. (…) Digo no quieran inventar el hilo negro, esta es una mala manera de hacer las cosas. (…) ¿Es esta una reforma del rencor? ¿Es una reforma de venganza?”.

La emecista Alejandra Barrales, acusó que se pretende politizar al Poder Judicial, el cual debe mantenerse ajeno a la política.

“Esto evidentemente trae errores, nos va a llevar a cometer errores, porque no estamos actuando con responsabilidad y con el tiempo que una tarea de este tamaño obliga. (…) Y aunque ya nos estamos acostumbrando a ver algunos malabares, algunas piruetas, yo sí tengo que reconocer que lo estamos viendo desde ayer, eso sí no lo habíamos conocido, son maromas que yo ya calificaría como de doble mortal, doble mortal hacia atrás”, concluyó.

Este cambio, ocurrió después de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidiera entregar al Senado los datos de los jueces, ministros y magistrados para iniciar la elaboración de la convocatoria.

La entrega de información ocurrió 2 días después de que la ministra Norma Piña, presidenta del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunió con los senadores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández.

La cámara alta fue emplazada para publicar la convocatoria de candidatos judiciales hasta el próximo 16 de octubre, según la reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En ese sentido, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que luego de la entrega del listado de jueces y magistrados, se realizará el proceso de insaculación de los poco más de 800 puestos del Poder Judicial que serán elegidos en junio de 2025, lo cual podría durar más de 12 horas.

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