SCJN presenta propuesta alterna para la reforma al Poder Judicial

Al presentar un plan de acción con propuestas para contribuir a una reforma integral al sistema de justicia en México, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), advirtió que “la demolición del Poder Judicial de la Federación (PJF) no es la vía como se pretende”.

“Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, justicia y reparación que México tanto necesita”, dijo.

A través de un videomensaje difundido en redes sociales, señaló que la historia del Poder Judicial no se puede definir a partir de la narrativa “fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces”.

Piña Hernández advirtió que quienes así lo crean “no conocen México”, y que desde el Poder Judicial Federal “les decimos, honestamente, que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y, fundamentalmente, con el país que todos anhelamos”.

La ministra presidenta señaló que a partir del compromiso que asumió ante la ciudadanía y las autoridades nacionales, ponía sobre la mesa propuestas concretas para un sistema integral de seguridad pública y justicia en México.

Los documentos Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas, y La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura, están disponibles para su análisis, enfatizó Norma Piña.

La primera propuesta, expuso, parte de un ejercicio de escucha y diálogo con los actores de los sistemas de seguridad y justicia, federal y locales, con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia.

“El documento, que desde este momento está a disposición de todas y todos, es el resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales, tanto de quienes tienen a su cargo funciones de seguridad y justicia, como de quienes interactúan con ellos”, indicó.

La ministra dijo que se hacía pública una propuesta que surge desde la Judicatura, en un proceso reflexivo y autocrítico de jueces y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma desde la experiencia.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que luego de escuchar el mensaje de la ministra presidenta Norma Piña, reconoce que le hubiera gustado que lejos de buscar “maniobras jurídicas ilegales con órganos incompetentes” y con “jueces totalmente distorsionadores del principio de legalidad”, hubiese planteado sentarse con los legisladores y legisladoras.

“Siempre llamamos al dialogo (...) nunca nos hemos propuesto la demolición del Poder Judicial, lo que nos propusimos es terminar con los lastres”, puntualizó.

Desde Zacatecas, Monreal Ávila señaló que en ese lugar es donde escuchó el mensaje de la ministra de la suprema Corte, y dijo: “Le puedo decir que hubiera sido muy importante que lo hiciera antes de iniciar el proceso, no todo está terminado pero ahora el Senado de la República es quien tiene la revisión de las reformas constitucionales que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados”.

El morenista indicó que la reforma judicial se trata de una propuesta profunda que ayudará al país a recuperar lo que llamó “un déficit de justicia”, y el abandono de ésta.

La ministra presidenta Norma Piña merece juicio político, está azuzando a los altos mandos y a trabajadores del Poder Judicial a estar en paro de labores ofreciéndoles que podrán cobrar sin trabajar a cambio de obstruir al Poder Legislativo para que no podamos ejercer nuestras facultades de legislar para aprobar la Reforma Judicial, señaló la diputada federal de Morena, Dolores Padierna Luna.

“Hacemos un llamado a la ministra Norma Piña a la racionalidad, al respeto a la legalidad, a apegarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo contrario, será merecedora de juicio político”, advirtió la legisladora.

Consideró que la ministra está incurriendo en conflicto de interés y delitos como el ejercicio ilícito de funciones, abuso de autoridad, entre otros.

La propuesta de reforma integral al sistema de justicia, que planteó el Poder Judicial, aunque no descarta la elección de juzgadores por voto popular, establece una serie de retos y condicionantes para su viabilidad, y no hace alusión a los elevados ingresos y prestaciones de los ministros, dos de los puntos medulares que ha cuestionado y planteado del Ejecutivo.

En los dos documentos que ayer difundió el PJF se establece que, “a la luz de los resultados, es claro y contundente que sin bien los poderes judiciales del país requieren de cambios y mejoras, éstas deben ser integrales, es decir, orientarse no sólo a los cambios más drásticos planteados, sino a todo el sistema de justicia que abarca fiscalías, defensorías, poderes judiciales locales, administración, disciplina, carrera judicial, capacitación y, desde luego, procesos de nombramiento de los titulares”.

La propuesta contenida en ambos documentos hace énfasis en que es necesario “responder al aumento de la demanda de justicia mediante la adecuada asignación presupuestal para la creación de órganos jurisdiccionales”, para lo cual es necesaria “la asignación fija y no negociable de presupuesto anual para el PJF y el correlativo para los poderes judiciales locales”, además de “establecer partidas presupuestales con rango constitucional para aumentar la plantilla de personal, capacitación o la creación de nuevos órganos de administración de justicia, como personal pericial a nivel local y escuelas de formación judicial en las entidades”.

El estudio que emana de la Judicatura da cuenta de una encuesta que la Escuela Federal de Formación Judicial aplicó entre los servidores públicos del Poder Judicial, en la que “la mayoría de las personas encuestadas considera inconstitucional y violatorio de la independencia y soberanía del Poder Judicial el Transitorio Cuarto de la iniciativa presidencial, cuyo contenido está relacionado con la limitación en las remuneraciones de las personas servidoras públicas del PJ federal, estatal y de la Ciudad de México”.

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