SCJN echa abajo todo el Plan B; el INE la libra... y Morena amaga con Plan C

Con nueve votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la totalidad del Plan B de la Reforma Electoral, contenido en la reforma promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por “graves violaciones al procedimiento legislativo”.

Entre los votos a favor de la inconstitucionalidad de la reforma estuvo el del ministro Arturo Zaldívar, a pesar de haber defendido el argumento de que las violaciones al proceso legislativo no necesariamente tendrían que suponer una condicionante para echar abajo la enmienda. En contra sólo votaron las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que normalmente han respaldado los proyectos que le son favorables al Ejecutivo federal.

Con su resolutivo, la Suprema Corte determina la vigencia plena de las leyes electorales que se crearon en el 2014 y, por lo tanto, queda legalmente firme que el año electoral 2023-2024 arranca oficialmente el próximo 4 de septiembre.

Durante el desahogo de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la oposición en contra del decreto por el que se reformaron tres leyes y se expidió una nueva, la ministra presidenta Norma Lucía Piña dijo estar de acuerdo con el proyecto, al considerar que “se debe tener congruencia en sus decisiones”, al hacer mención a la primera parte del Plan B electoral, que también se echó abajo en meses anteriores.

La presidenta expuso que ella siempre ha votado “porque la falta de conocimiento de la iniciativa por parte de los legisladores es importante, pues deben conocer lo que van a legislar y lo que va a regir al pueblo de México”.

En la discusión, el ministro Alberto Pérez Dayán, quien formuló el proyecto que invalidó la primera parte del Plan B, se pronunció a favor de la invalidez de este segundo paquete de enmiendas del mismo Plan B.

“Debo aclarar que no esquivo ni pretenderé hacer nunca mi deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal. Mientras pueda asegurar que, para llegar a ello, esto es, para estar frente a una ley, estoy convencido de que se hizo ley, es ley; y, si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo”, indicó.

Al tomar la palabra, el ministro Luis María Aguilar anunció su voto a favor de la invalidez del Plan B, ya que consideró que están debidamente acreditadas múltiples violaciones al procedimiento legislativo. “Vulneran los principios constitucionales de la democracia mexicana”, dijo.

En contraparte, Yasmín Esquivel se manifestó en contra de la invalidez del Plan B electoral. En su argumentación, dijo que no se analizó si las reformas a los artículos están apegadas a la Constitución.

La ministra Loretta Ortiz se expresó también en contra de la invalidez del Plan B, al igual que lo hizo al discutirse la primera parte.

Al exponer su proyecto, el ministro Javier Laynez propuso invalidar la segunda parte del Plan B electoral, dado que “el hecho de que se haya publicado por segunda ocasión, sin avisar de esta circunstancia a los miembros del pleno (legislativo), confirma que los legisladores no sólo no tenían conocimiento o estaban conociendo la iniciativa, sino la que conocieron inicialmente no era la que estaban discutiendo o que tenía modificaciones razonables de lo que estaban votando”.

El ministro subrayó que los integrantes del Congreso “no conocieron el contenido de las iniciativas y mucho menos la posibilidad de opinar a conciencia sobre su contenido, pues las reformas fueron aprobadas en sólo cuatro horas”.

Refirió que, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar de forma definitiva el llamado Plan B electoral, impulsado por el Ejecutivo federal, las elecciones federales del 2024 se realizarán con las leyes electorales vigentes, que se crearon en el 2014.

En su exposición, el ministro Luis María Aguilar coincidió en que “hubo una violación a la veda electoral, pues algunos artículos del decreto impugnado sí modifican rubros fundamentales para la autoridad federal”.

Así, el alto tribunal determinó la invalidez de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

Dichas leyes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de marzo, con lo que se abrió el plazo de 30 días para que los interesados, en este caso los partidos de oposición, la impugnaran.

En abril del 2022, el Presidente López Obrador presentó oficialmente su iniciativa de Reforma Electoral constitucional, con la que, argumentó, buscaría instaurar una democracia limpia y evitar “más fraudes” en el país. Dicho dictamen se convirtió en el Plan A y el 6 de diciembre pasado, el pleno de la Cámara de Diputados la desechó, con 269 votos a favor, una abstención y 225 votos en contra. Meses después se presentó el llamado proyecto Plan B, ahora también desechado, y que buscaba cambios a las leyes secundarias referidas.

Entre los cambios más importantes que planteaba el Plan B era una compactación en la estructura administrativa del INE, con el fin de reducir costos.

Molestos por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó el segundo paquete de reformas del Plan B de la Reforma Electoral, morenistas se lanzaron contra el Poder Judicial y los ministros que votaron a favor, a quienes advirtieron que ya ha iniciado el Plan C.

Este planteamiento consiste en lograr la meta que Morena se ha fijado para el 2024, cuando buscará obtener los votos necesarios para que dos terceras partes de las 500 diputaciones y 128 senadurías que se renovarán el próximo año sean ocupadas por dicho partido o sus aliados PT y PVEM.

Mario Delgado dijo que “vamos a obtener 33 millones de votos, vamos a ganar la Presidencia y la mayoría en el Congreso; será realidad el Plan C”, y en conferencia para anunciar la instalación de la mesa para conformar la alianza con el PT y el PVEM, aseguró que “es una clarísima definición de cómo la Corte está absolutamente del lado conservador”.

Adán Augusto López, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, criticó el actuar de los ministros y les pidió su renuncia si desean ser opositores al cambio. “Las y los ministros deben entender que los tiempos han cambiado. Si quieren ser opositores al cambio, que renuncien y se presenten a las elecciones”, dijo.

Asimismo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó que el Poder Judicial enfrenta “severos problemas” y que por ello está a punto de entrar en “una crisis que ya está afectando la impartición de justicia”.

Dijo que, tras el fallo del alto tribunal, “estamos listos” para iniciar el Plan C, para “convertir a México en un país verdaderamente democrático y que el soberano sea el pueblo y no la partidocracia”.

También opinó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, quien consideró que es lamentable la resolución del máximo tribunal del país, porque se quedó en la forma y no entró al fondo de la discusión.

Anunció que de nueva cuenta presentarán una iniciativa para que los partidos no cuenten con tantos recursos, aunque reconoció que no será posible para 2024.

El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, ratificó su planteamiento de que los jueces, ministros y magistrados deben ser elegidos por voto directo.

En una postura de autocrítica, la senadora Olga Sánchez Cordero declaró que “es una pena que, por un proceso legislativo muy atropellado, porque fue muy atropellado, y nosotros tenemos que hacer una reflexión personal, hacia el interior de las cámaras, cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos legislativos para no tener que enfrentar invalideces por procesos legislativos y que no entre la Suprema Corte al fondo, que sería importantísimo que hubiera entrado”.

Antes de que se diera la discusión en la Corte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el proyecto de resolución que se analizaría más tarde es una intromisión al Poder Legislativo. Reprochó que la propuesta que votarían los ministros no va al fondo y se queda en la forma.

Por ello, insistió en que es “importantísimo que se elija a los integrantes del Poder Judicial, como se elige al presidente; que sea el pueblo el que los elija, que no representen a una élite”. Y subrayó que presentará una iniciativa de reforma para que jueces, ministros y magistrados sean electos de forma directa por el pueblo.

En contrasentido, partidos de oposición celebraron la invalidez del Plan B. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, manifestó que “una vez más, la Suprema Corte hace respetar la Constitución”.

“Enhorabuena por la decisión de nueve ministros de la Corte que defendieron la libertad y la democracia en nuestro país”, dijo.

El líder del PRD, Jesús Zambrano, dijo que México no es una dictadura y triunfó el Estado de derecho y la división de poderes.

“Tómala! La @SCJN le da ‘estatequieto’ a los deseos dictatoriales de Morena. Tumban el #PlanB por ir en contra de la Constitución. Bien por las y los ministros que le recuerdan al Pdte. y su movimiento de destrucción nacional que la ley se respeta. ¡Viva la Democracia!”, indicó el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería.

El Inai se sumó al reconocimiento a los ministros y dijo que, “tras un análisis exhaustivo, detectó que diversas disposiciones, específicamente, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, podrían vulnerar los derechos de protección de datos personales y de acceso a la información”.

El dirigente priista Alejandro Moreno, por su parte, dijo: “La caída total del #PlanB es una buena noticia para la democracia mexicana. El @INEMexico ha demostrado ser una institución seria, capaz de realizar procesos democráticos confiables”.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, destacó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el Plan B llegó en el momento adecuado, porque así podrán confirmar la fecha del inicio del proceso electoral para el próximo 4 de septiembre.

En entrevista radiofónica, puntualizó que la determinación de los ministros debe tomarse en su justa dimensión, porque para el órgano electoral la principal relevancia es que ya podrán definir las fechas de los comicios.

“Nosotros hemos compartido que vamos a iniciar a abrir el proceso electoral el 4 de septiembre, con esta resolución que llega de la Suprema Corte de Justicia ya podemos afinar estas fechas”, aseveró.

Apuntó que, entonces, será hacia la tercera semana de noviembre cuando iniciará la etapa de las precampañas electorales.

La consejera presidenta del INE subrayó que el proceso electoral 2023-2024 se trata del más grande, no sólo por el número de electores, sino que es la primera ocasión que después de la homologación de plazos estarán las 32 entidades y la parte federal.

Aclaró que el tema del Plan B no fue abordado durante la reunión que los consejeros electorales sostuvieron con el Presidente de la República, aunque sí abordaron otros pendientes.

En ese sentido, dijo que sí se mencionó la importancia del comportamiento institucional y comentó que los “convocó a que estableciéramos de lo que no se puede hablar en su mañanera en su persona y estamos a punto ya de hablar con su gente de comunicación”.

Dijo que en el encuentro con el mandatario principalmente abordaron el tema de la seguridad que debe acompañar los procesos electorales, así como el presupuesto.

“Hemos compartido esta misma idea de los 11 consejeros que debemos tener un presupuesto justo, no va a haber ninguna solicitud de ningún centrado que no esté en el marco de las atribuciones”, declaró.