Salen leyes para elección de jueces; decenas que cesarán declinan participar

Entre reclamos, una ofrenda fúnebre y una oposición enfurecida, que señaló que la aprobación de las leyes secundarias de la reforma judicial ponen “el último clavo del ataúd al Poder Judicial”, nuevamente la aplanadora de Morena arrasó en el pleno de la Cámara de Diputados y aprobó las dos leyes que permitirán instrumentar la enmienda.

Una de ellas es la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que envió la Presidenta Claudia Sheinbaum para reglamentar la elección de jueces, ministros y magistrados que tendrá lugar el próximo año, que fue avalada en lo general con 336 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, y en lo particular con 342 votos a favor y 128 en contra.

Más tarde, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) fue aprobada con 342 votos a favor y 125 en contra, en lo general y en lo particular, por lo que ambos decretos fueron enviados al Poder Ejecutivo para que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y así los cambios entren en vigor.

La LGIPE reforma y adiciona diversas disposiciones para incorporar la elección de juzgadores y apuntalar las reglas que regirán el proceso electoral que tendrá lugar el próximo 1 de junio del 2025, pero una de las modificaciones sustanciales concede a la titular de la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de designar las direcciones ejecutivas que conducen las elecciones, la capacitación, la fiscalización y la resolución de quejas electorales, entre otras.

Se establece este miércoles como fecha límite para que los Poderes de la Unión publiquen la convocatoria para formar los comités de evaluación que se encargarán de conformar las listas de candidatos a juez.

Además, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) reforma y adiciona diversas disposiciones para establecer los procesos de impugnación y anulación de candidatos. Por ejemplo, se determina que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será competente para resolver los juicios de inconformidad, exceptuando la elección de sus integrantes, en cuyo caso corresponderá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Antes de la discusión plenaria de este lunes, se presentó una ofrenda fúnebre por parte del grupo parlamentario del PRI, con una corona luctuosa como símbolo del día en que “murió la justicia”; el diputado Rubén Moreira solicitó posponer la discusión de las leyes secundarias de la reforma y argumentó que su acción es “por la falta de un informe sobre las suspensiones provisionales dirigidas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados y el desconocimiento de los efectos que puede generar”.

El PRI señaló “graves inconsistencias de los textos que se votarían”, pero su solicitud para meter freno fue rechazada.

En consonancia, el diputado panista Marcelo de Jesús Torres dijo que la noche del lunes 14 de octubre el oficialismo y aliados “han puesto el último clavo al ataúd del Poder Judicial”, al tiempo que expuso que los legisladores del oficialismo llegaron por una tómbola “y ahora se ve que no tienen idea de lo que es el proceso legislativo”, al aprobar leyes “al vapor”.

En contraste, el diputado morenista Leonel Godoy Rangel argumentó que no se está violando el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional.

El exgobernador de Michoacán refirió que tampoco se violenta la autonomía del Poder Judicial. “Se está cumpliendo el mandato que nos dieron el 2 de junio, porque se tiene la mayoría calificada conforme a la Constitución”, dijo.

Movimiento Ciudadano (MC) presentará este martes una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma judicial y sus leyes secundarias, pues sus procedimientos “fueron hechos sobre las rodillas”.

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de MC en la Cámara de Senadores, anunció lo anterior al subrayar que dichas enmiendas al sistema judicial son hechos impugnables.

En entrevista de medios, el senador naranja dijo que la Corte tendrá que empezar a decidir sobre todas las impugnaciones que se van a presentar en los próximos días, así como las acciones que la semana pasada presentaron el PRI y PAN, a través de sus dirigencias.

Agregó que también el procedimiento de insaculación del sábado es impugnable, pues el acuerdo que da origen está viciado porque es una medida que da continuidad al proceso de renovación del Poder Judicial sin que hubiera concluido la propia reforma judicial.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo, por su parte, que respeta las acciones de la oposición como lo hizo ayer el PRI durante la sesión donde se discutieron las leyes secundarias, al llevar una ofrenda floral y decir: “¿sí estamos sepultando al Poder Judicial para dar inicio a otro?”.

“Bueno, son sus propias estrategias, que no me meto a ellas. Nosotros estamos actuando con la mayor seriedad posible, porque si son leyes reglamentarias importantes, que se están deliberando desde el fin de semana pasado”, aclaró.

El morenista no descartó que se revisen los supuestos errores que señaló la oposición a las leyes secundarias de la reforma judicial, como, por ejemplo, en los artículos 553 y 554, que afirman son iguales.

Decenas de juzgadores que resultaron insaculados utilizaron las redes sociales, de manera individual, para hacer pública su declinación a participar en la elección popular del 2025, luego de reprobar que mediante el azar y una tómbola a la que consideran un “circo” y una “burla”, el poder haya definido el “fin de su carrera judicial”, con la pérdida de sus trabajos.

Entre los 386 juezas y jueces de Distrito y 464 magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) insaculados el sábado en la Cámara de Senadores se encuentra Alejandro Andraca, con 23 años de carrera judicial y quien es titular del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo.

En el 2025, señaló, concluirá su función como magistrado de Circuito, pues “no participaré en la elección extraordinaria del año entrante para conservar mi cargo. En 2025 termina mi ciclo en el Poder Judicial de la Federación luego de 24 años”, lamentó.

Formar parte del Poder Judicial “es un proyecto de vida, no un trabajo más. Es un proyecto de vida que necesita vocación de servicio. Lo que hacemos es un servicio público que debe ser de la más alta calidad y de la más alta exigencia”, ahondó, en entrevista con La Razón.

Bajo los supuestos de que “nos dan un camino muy suave al darnos una pensión, no es el caso de muchos compañeros juzgadores y juzgadoras. Yo me voy sin pensión, pues no he cumplido los 25 años de servicio”, explicó.

La decisión de no participar en el proceso extraordinario, consideró, es porque “llegué al cargo de manera legítima y transparente por concurso y por mis propios méritos, sin ninguna cuestión indebida”.

“No voy a participar, también, por un tema de dignidad, ni por validar una reforma que considero contraria a derecho”, agregó, y aseguró aún no tiene un camino trazado luego de su paso por el PJF, pero espera poder dedicarse a la academia.

Pese a los señalamientos de la existencia de corrupción y nepotismo al interior del PJF, “no tengo un solo familiar en el Poder Judicial, nunca tuve un ‘padrino’ ni apoyos indebidos; soy fruto de mi esfuerzo. Mi salida del Poder Judicial será con la cara en alto y sin corromperme jamás, y con la satisfacción del deber cumplido”, dijo.

También, el juez de Distrito en Durango Iván Francisco Rodríguez Zamarripa lamentó que el órgano jurisdiccional al que pertenece salió en la tómbola, la cual calificó de un “circo”. Afirmó que con ello se ven atropellados “18 años de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, lugar al que accedí sólo con base en esfuerzo, dedicación y estudio durante todo ese tiempo, y en donde mi único compromiso ha sido el servicio al pueblo de México”.

En entrevista con este diario, criticó la tómbola en el Senado: “es una burla al Estado de derecho y a la justicia en México, y ante este acto infame”, confirmó que no participará en la elección extraordinaria de 2025 y que trabajará hasta el último día de su encargo “impartiendo justicia; continuaré ejerciendo la función, atendiendo las más de 180 demandas de amparo mensuales”.

En redes sociales, la jueza de Distrito Reyna Rodríguez afirmó que a pesar de dejar el PJF en el 2025 y 2027, los jueces y magistrados seguirán ejerciendo su carrera como abogados en la iniciativa privada.

En su caso particular, señaló que no quiere convivir con el nuevo sistema judicial, pues consideró que no va a prosperar por el proceso de selección y por esa razón no participará en la elección de jueces; además, le dijo a la Presidenta Claudia Sheinbaum que “no todas llegamos con ella” a la Presidencia.

Jahaziel Sillas Martínez, juez del Cuarto Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, afirmó, por su parte, que no está en la carrera judicial para ser “un juez de distrito popular, sino para servir a las personas y para aplicar la ley e interpretarla”.

La decisión de no participar en la elección del 2025, explicó, aún no la toma; sin embargo, dijo a este diario que “participar iría en contra de mis principios y de mi dignidad como persona juzgadora, pues la reforma del expresidente López Obrador fue una ocurrencia y vulnera el Estado de derecho”.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) acusó que la reforma al Poder Judicial es un “golpe de Estado técnico”, al no garantizar que los perfiles de las personas juzgadoras tengan una preparación especializada o los instrumentos jurídicos para ejercer su labor.

La magistrada Iliana Fabricia Contreras denunció en conferencia “la intervención de dos poderes del Estado para la desaparición del Poder Judicial de la Federación. Esto rompe absolutamente con el Estado constitucional de derecho y con el equilibrio de poderes que debe de haber en todo Estado democrático”.

Señaló que, con el marco constitucional vigente, “podemos estar yendo al camino de una dictadura: un golpe de Estado con la desaparición del Poder Judicial de la Federación”.

Añadió que habrá un impacto negativo en la economía con la reforma, pues dijo que vulnera tratados internacionales a los que México está suscrito, y por lo tanto, la confianza de los inversionistas interesados en el país, ya que no asegura la imparcialidad de las personas juzgadoras.

En tanto, la magistrada y directora de la Jufed, Juana Fuentes, hizo un llamado “urgente” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que asuma su compromiso en la defensa de la independencia del Poder Judicial.

la direigente llamó a la comunidad internacional a no permanecer en “silencio” ante el golpe de Estado que calificó de “franco y abierto”, y advirtió que la reforma constitucional en materia del Poder Judicial que fue aprobada por el Congreso en días pasados y que entró en vigor el pasado 16 de septiembre, pone en riesgo los acuerdos comerciales del país, principalmente el firmado con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, lo que puede generar comflictos con el vecino del norte.

La base trabajadora del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizó una consulta electrónica en la que decidió continuar con el paro de labores por mayoría, y se manifestaron a las afueras del Club de Banqueros en contra del marco constitucional que modificó al PJ.

Con un universo de cinco mil 194 trabajadores, el 90.4 por ciento consideró que no existen las condiciones suficientes para reactivar sus actividades, dado el resultado de las mesas de trabajo, las cuales dijeron que están “pendientes de materializarse”.

Este lunes, miembros de la base trabajadora se concentraron afuera del Club de Banqueros, donde se realizaba la 14 edición del US-México CEO Dialogue, el cual reunió a líderes del sector privado.

“Estamos manifestándonos todos los trabajadores del Poder Judicial aquí para hacerle notar a la comunidad internacional que la reforma judicial afecta a la economía en México. Afecta las inversiones de propios y extranjeros, además del sentido jurídico”, aseguró Rafael Jiménez, uno de los trabajadores.

Por otro lado, Carlos Ávila, aseguró que “varias calificadoras se han pronunciado al respecto; muchos bancos también se han pronunciado en relación con los riesgos que conlleva la elección por voto popular de jueces y magistrados”.

Los trabajadores integrantes del Primer Circuito entregaron cartas a los organismos del sector empresarial, además de diversas embajadas para alertar sobre el impacto negativo de la reforma judicial para la operación de empresas nacionales y extranjeras.

Al entregar los escritos, se entrevistaron con el presidente el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Francisco Cervantes Díaz, y un representante del Comité Ejecutivo del Consejo de Empresas Globales.

Aseguraron que algunos dirigentes empresariales externaron “la preocupación del sector privado por las implicaciones de la reforma judicial en la independencia y autonomía de los juzgadores federales”.

Para este martes, a las 10:00 horas, volverán a manifestarse frente al Club de Banqueros, a la espera de ser atendidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró que jueces y magistrados federales hayan decidido levantar el paro iniciado hace 58 días, reclamó que a pesar de la suspensión de actividades se siga liberando a criminales en los llamados “sabadazos”.

“La asociación de jueces que, por cierto, ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Es bueno que ya desquiten sus salarios”, señaló.

La mandataria federal reprochó la liberación de una mujer vinculada con el asesinato de dos hombres en Plaza Artz cometido hace cuatro años, y subrayó que el juez que la liberó radica en Morelos.

“¿Saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al tribunal de enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. O sea, ¿cómo?, ¿qué tiene que ver Morelos?”, cuestionó.

Este fin de semana, el juez especializado del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Morelos, Adolfo González López, absolvió a Vanessa “N”, alias La Güera, vinculada con el homicidio de dos ciudadanos israelíes, Alon Azulay y Benyamin Yeshuaron en 2019.

La mujer era señalada como supuesta operadora para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunta autora intelectual del doble homicidio ocurrido dentro de un restaurante localizado en dicha plaza.

Sheinbaum cuestionó que se hayan detenido labores durante casi dos meses en el Poder Judicial, pero los trabajos no se detuvieron para liberar a la acusada.

“¿Por qué no protestan por esto? Con todo y paro hubo ‘sabadazo’. ¿Qué quiere decir ‘sabadazo’? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado donde supuestamente no están en funciones.

“Liberaron a una mujer señalada como —con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la fiscalía de la Ciudad de México—, como presunta autora intelectual del asesinato de dos ciudadanos israelíes en la Plaza Artz, en julio de 2019; fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¡Cómo es posible que estando en paro…!”, reclamó.

La Presidenta comentó que hechos como esta liberación son el argumento para impulsar la reforma judicial con la que jueces, ministros y magistrados serán electos por el voto de la ciudadanía.

“Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Porque ahora parece que no hubo… que el Poder Judicial es perfecto. Corrupción, nepotismo, liberaciones de criminales donde hay pruebas. Repito, este caso nos tocó cuando fui jefa de Gobierno. ¿Qué es lo que se está haciendo?”, dijo.

Otro reclamo que realizó la Presidenta fue sobre el otorgamiento de amparos a evasores de impuestos, al cuestionar: “¿Cómo es que, en paro, todavía dan un amparo para (que) quien tiene que pagar impuestos otra vez se le prorrogue su caso? Ese es el problema”.

Acerca del Comité de Evaluación que le corresponderá al Poder Ejecutivo conformar para el análisis de aspirantes a ocupar las plazas en el Poder Judicial, dijo que se elegirá a “mujeres y hombres honestos, abogados, abogadas reconocidos”.

Sobre el sorteo que el Senado realizó el fin de semana pasado para elegir a la primera mitad de cargos que serán renovados en el 2025, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el ejercicio fue imparcial y se respetaron los derechos de los juzgadores.

“Hay que aclarar que, en el caso de los elegidos en la tómbola, fueron completamente al azar, se garantizó la imparcialidad, así como el respeto en todo momento a los derechos humanos de las y los juzgadores. Asimismo, y con un enfoque de perspectiva de género, se decidió no incluir ocho plazas de juzgadoras que tienen condición de maternidad”, subrayó.