Revela Encinas “junta de autoridades” para armar verdad histórica

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló la existencia de una Junta de Autoridades, que desde Los Pinos y con la participación del presidente, del secretario de Gobernación, de las altas autoridades militares, policiacas, de la PGR y el Cisen, construyó la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, con la que pretendían cerrar la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas.

Al presentar el segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que él mismo encabeza, dio a conocer que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aceptó que dicha verdad histórica fue construida desde la que fue casa presidencial a través de dicha junta, que también se replicó en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, y en la sede de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México.

Encinas Rodríguez refirió que le hicieron llegar a Zerón de Lucio —se encuentra en Israel, prófugo de la justicia— un cuestionario de al menos 100 preguntas y, a través de su abogado, regresó las respuestas “en donde nos señala que la verdad histórica fue una construcción desde el Gobierno federal, a partir de lo que él denominó la junta de autoridades”.

En dicho encuentro, que tuvo lugar el 7 y 8 de octubre del 2014, participaron el expresidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, además de los secretarios de Marina y Sedena, así como el titular de PGR, el jefe de la Oficina de la Presidencia, y los titulares del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

“Tenemos las minutas de esas reuniones del 7 y 8 de octubre de 2014; ésta es la Junta de Autoridades donde se creó la verdad histórica”, afirmó.

En el informe presentado por el funcionario aparece en el organigrama de reuniones Omar García Harfuch, que en ese momento fungía como integrante en la División de Gendarmería de la Policía Federal y no como coordinador estatal de Guerrero, como el mismo exsecretario de Seguridad capitalino ha precisado.

Alejandro Encinas ratificó que Omar García Harfuch sí formó parte de dicha Junta de Autoridades y que, de hecho, su nombre está contenido en los dos informes que ha presentado la Covaj.

“Sí está, cómo no, así de concreto”, dijo, y refirió una imagen del informe en el que el hoy aspirante de Morena a la candidatura para Jefe de Gobierno aparece en un organigrama de los encuentros en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, como Omar “N”, y el entonces gobernador de ese estado, Ángel Aguirre, como Ángel “N”, quienes más tarde negaron su participación en la construcción de la verdad histórica.

Agregó que quienes participaron en la construcción de dicha narrativa en el sexenio anterior “manipularon y ocultaron evidencias y pruebas, crearon escenas del crimen, obtuvieron declaraciones bajo tortura, protegieron a funcionarios que participaron en los hechos y mintieron a los familiares de las víctimas y a la sociedad”.

En un mensaje de proximidad con los padres de los normalistas desaparecidos, el subsecretario Encinas aseguró que el diálogo con ellos “no está roto”, e incluso dijo que apenas se volvieron a reunir este miércoles para analizar la información, además de que aseguró que, por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se seguirán buscando archivos y testigos que ayuden a llegar a la verdad en el caso y a dar con el paradero de los estudiantes.

Explicó que se han atendido las peticiones de los padres, como investigar a los elementos militares, los 87 millones de registros telefónicos, al igual que la detención de policías municipales y los análisis del tema del trasiego de la droga como móvil de la agresión.

En este tema, detalló que se pueden acreditar, además, con diversas fuentes, la existencia de elementos suficientes sobre los vínculos entre algunos militares y la organización delictiva Guerreros Unidos.

Señaló que no existe ninguna prueba o evidencia de que hubiera algún vínculo de los estudiantes con ese grupo delincuencial o con cualquier otro grupo que opera en la región.

Reconoció que tampoco existe evidencia de que los 43 estudiantes estuvieron juntos después de la salida de la central de autobuses de Iguala, ya que fueron divididos los autobuses en los que iban, la víspera de su desaparición.

“También podemos acreditar cómo el grupo delictivo operó la desaparición de los estudiantes con al menos tres células delictivas en distintas zonas de Iguala, con el apoyo de diversas autoridades federales, estatales y municipales”, explicó.

Enfatizó que existen tres hipótesis en la desaparición de los estudiantes: confusión en Guerreros Unidos por la supuesta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa —aunque después señaló que tal infiltración no ocurrió—, como un escarmiento o venganza contra los estudiantes por parte del presidente municipal de Iguala de entonces, José Luis Abarca, y la tercera causal, el eventual trasiego de drogas y la presencia de armas o dinero en algunos de los autobuses tomados por los normalistas.

El titular de la Covaj comentó que, en todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la escuela normal Isidro Burgos hasta su desaparición.

También lanzó una crítica frontal en contra de mandos militares que, dijo, no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, quien se encontraba infiltrado dentro del grupo de los estudiantes, puesto que nunca se aplicó el protocolo de búsqueda de militares desaparecidos, lo que implica una omisión grave “no solamente contra Julio César Patolzin, sino contra toda la tropa que realiza actividades de esta naturaleza y actividades en el campo. También hay que defender a la tropa”, ya que siempre son los olvidados en ese tipo de acciones, remarcó.

Señaló que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la instrucción de boicotear el acto de la presidenta del DIF municipal.

Encinas ratificó que hasta hoy se han localizado e identificado los restos de tres de los 43 estudiantes (Christian Alonso Telumbre, Jhosivani Guerrero y Alexander Mora), y aclaró que no hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida y que, por el contrario, “todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

Con este contexto, aclaró que la nueva narrativa que denunciaron los padres de los 43, “en nada se parece a la verdad histórica”, debido a que la construcción de la nueva investigación tiene al menos 30 testigos y no sólo uno, como han denunciado.

Al preguntarle si tiene temor de terminar como el exprocurador Jesús Murillo Karam —recluido como responsable de la construcción de la “verdad histórica”—, mencionó no tenerlo, ya que realiza su trabajo. “Yo no tengo miedo, yo cumplo mi trabajo”, expresó.

Indicó que faltan por concretar 51 órdenes de aprehensión y adelantó que se garantizará el trabajo, en caso de que no logren encontrar a los jóvenes normalistas en lo que resta del sexenio.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no ha abandonado el caso Ayotzinapa y, por el contrario, continuará con las investigaciones hasta conocer toda la verdad de la desaparición de los 43 normalistas, independientemente de que los padres y madres le crean o no.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, refrendó el compromiso asumido al inicio de su administración, de aclarar lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014, cuando fueron desaparecidos los jóvenes estudiantes.

“Tienen todo el derecho los padres, las madres, a inconformarse; tienen todo el derecho y lo comprendemos, pues son sus hijos. Pero nosotros, independientemente de si nos creen o no nos creen, nosotros vamos a seguir, porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia”, aseguró.

El mandatario indicó que públicamente se dio a conocer el informe que se presentó a los familiares de los estudiantes normalistas, el cual no aceptaron en la reunión del lunes en Palacio Nacional.

Sin embargo, precisó que “tenemos nosotros el compromiso de seguir la información y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad y, lo más importante, saber dónde están los jóvenes.

“Todavía me queda un año y vamos a dedicarnos, lo estamos haciendo, no hemos abandonado el caso, lo vamos a seguir haciendo. Es por las madres, por los padres, es por la justicia y es también por nuestras convicciones”, expresó.

Durante la marcha del martes, los familiares de los estudiantes desaparecidos reprocharon al Gobierno federal que no haya justicia hasta el momento, además de acusarlo de mentir en sus investigaciones y proteger al Ejército.

En respuesta, el Presidente López Obrador instruyó a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, a que se difundiera en la página del Gobierno toda la información del caso Ayotzinapa, con el propósito de transparentar y dar a conocer los avances obtenidos hasta el momento, donde se establecieron tres hipótesis detrás de la desaparición de los normalistas.

Cuestionado sobre si rechaza cualquier distanciamiento o que se rompan las mesas de negociación con los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, López Obrador evadió opinar, tras señalar que tienen toda la libertad y derecho a inconformarse.

Los familiares manifestaron su molestia, luego de que no tuvieron una respuesta satisfactoria a su petición de conocer la grabación de una conversación entre Gildardo López El Gil, integrante de Guerreros Unidos, con Fernando Cervantes Valladares, mando de la policía municipal de Iguala, donde hablaban del destino de 17 jóvenes la noche del 26 de septiembre del 2014.

Al respecto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, envió una carta al Presidente López Obrador, en la que expuso que “la documentación que ahora solicitan, no obra en los archivos”.

Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), estimó que la marcha por el noveno aniversario de la desaparición de los normalistas afectó a seis mil 861 micronegocios, 772 Pymes y 169 empresas grandes, que emplean a casi 62 mil personas.

El presidente de la Canaco CDMX, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, informó que en el corredor Paseo de la Reforma-Centro Histórico, la cifra por daños materiales ascendió a más de 30 millones de pesos.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj) vive un acoso judicial, por ello se quiere litigar en los medios, ya que no tienen pruebas, aseguró el subsecretario Alejandro Encinas.

Durante la presentación del Segundo Informe de la Covaj, informó que ayer fue notificado de un amparo otorgado al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, para evitar que se le llame “torturador” o que se le relacione como creador de la verdad histórica.

“Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el Juzgado Séptimo en Materia Administrativa de la Ciudad de México para el señor Tomás ‘N’, en donde se prohíbe decir la verdad, se abstenga de declaraciones verbales, escritas o en páginas oficiales donde se afirme o sugiera que es un torturador”, explicó.

Señaló que esto se suma a otro juez que, en el 2022, otorgó a los militares detenidos una suspensión similar a fin de que no hiciera declaración alguna a partir de reconocer el principio de presunción de inocencia.

Pero también hay una tercera, que es el amparo que solicitaron los abogados de los militares, quienes señalaron que se les acusó de haber intervenido en los hechos, por ello interpusieron una denuncia contra Encinas respecto a una supuesta extralimitación e invasión de funciones.

Presuntos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, vandalizaron el Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, tras cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas el pasado 26 de septiembre de 2014.

Alrededor de las 16:00 horas, los estudiantes llegaron en al menos 10 autobuses y bajaron para comenzar a realizar pintas en el sitio. Después lanzaron cohetones y piedras, como forma de protesta para pedir el paradero de sus compañeros.

Minutos más tarde, cerraron las avenidas principales del lugar y robaron un tráiler, al que condujeron en reversa y estrellaron contra el Palacio de Justicia. Al no lograr el cometido de ingresarlo hasta el patio de las instalaciones estatales, comenzaron a rociarlo de solventes, para después prenderle fuego.

Los normalistas colocaron de nueva cuenta, una camioneta repartidora en uno de los accesos principales, tras vandalizarla y prenderle fuego, luego de que la semana anterior hicieron lo mismo.

Una vez que terminaron de vandalizar el lugar, abordaron las unidades y se enfilaron rumbo a Chilpancingo. No se reportaron personas heridas, sólo daños materiales, mientras que elementos de seguridad arribaron al Palacio de Justicia para verificar la situación.

Lo anterior, luego de que este martes se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que marcharon en la Ciudad de México.

Más temprano, los estudiantes acudieron a la estela colocada en memoria de Julio César Mondragón, el primer estudiante localizado tras los ataques del 26 de septiembre de 2014, mismo que fue desollado. En el lugar los estudiantes dejaron ofrendas florales y realizaron algunas oraciones.

Además, en su recorrido pasaron por la avenida Juan N. Álvarez, lugar en donde fueron asesinados los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, y donde también realizaron un mitin.