Rechazan depuración de registro de ausentes

Organizaciones de la sociedad civil rechazaron el nuevo censo de personas desaparecidas y lo calificaron como “mutilación”, luego de que el Gobierno federal anunció que el registro pasó de 110 mil 964 a 12 mil 377 personas.

Causa en Común detalló que la “mutilación” a cargo de funcionarios partidistas de la Secretaría de Bienestar ignoró por completo la metodología del Protocolo Homologado de Búsqueda, no atendió el subregistro de casos denunciados por especialistas y no tomó en cuenta ni a las comisiones locales de búsqueda ni a los colectivos de víctimas.

Además, subrayó que, de acuerdo con el Inegi, tan sólo en 2022, 49 mil cadáveres o restos humanos permanecieron pendientes de ser identificados en las morgues de las fiscalías, y falta saber cuántos más se habrán acumulado desde entonces.

Del 2020 a la fecha, Causa en Común ha documentado al menos dos mil 421 fosas clandestinas reportadas por medios de comunicación, por ello, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha cumplido con su obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, que son vitales para avanzar en la localización e identificación de personas a nivel nacional.

“En México no sólo se mata, se descuartiza, se calcina y se desaparece todos los días; no sólo el Gobierno federal militariza esta inseguridad, no sólo recorta los fondos para las policías locales, y no sólo secuestra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino que ahora busca nulificar a la Comisión Nacional de Búsqueda”, denunció.

Fue el pasado 14 de diciembre que el Gobierno federal anunció la nueva cifra de personas desaparecidas, tras un censo que realizó, a pesar de la negativa de organizaciones y colectivos que se opusieron desde que fue anunciado, aumentando su molestia por las evasivas a dar respuestas.

En tanto, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda se sumó al rechazo del nuevo censo y se pronunció en contra de que ahora se dividan las cifras en subclasificaciones, que no son contempladas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por esa razón, pidió a las autoridades federales se publiquen las listas de las personas que fueron registradas en las cinco nuevas subclasificaciones, con el objetivo de que las familias puedan ubicar en qué categorías se encuentran sus seres queridos, especialmente las personas que presuntamente ya fueron localizadas.

“Denunciamos la falta de transparencia en el proceso que culminó en el informe, violando principios establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición, en las recomendaciones y observaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y revictimizando a los familiares de personas desaparecidas, al descalificar su legítima exigencia de participación directa y a la verdad y la justicia”, destaca el posicionamiento del consejo.

Por ello, exigieron al Gobierno federal y a los estados, analizar todos los elementos que permiten seguir buscando a las miles de personas que aún se encuentran con estatus de desaparecidas.

Además, denunciaron la incongruencia de las cifras presentadas y a los servidores públicos que depuraron el registro nacional, pues acusan falta de sensibilidad en el proceso.

El consejo pidió que sea respetada la participación de las víctimas indirectas en la construcción de propuestas que protejan y amplíen el derecho de las víctimas, por lo que urgieron una reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla.

Señaló que las personas desaparecidas no son un número, ni botín político-electoral, son seres humanos con el derecho humano a ser buscados, víctimas de procesos de impunidad que permitieron su desaparición.

Desde el nuevo informe del Gobierno federal, decenas de organismos se han pronunciado en contra, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que exigió a las autoridades federales esclarecer los mecanismos de recolección de datos a partir de los cuales se llevó a cabo el nuevo censo de personas desaparecidas, así como realizar mesas de trabajo con familiares y expertos para aclarar dudas.

La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que México está obligado a erradicar la desaparición forzada por la extrema gravedad que representa.

“Hace 17 años, la ONU aprobó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. ‘Conscientes de la extrema gravedad de la desaparición forzada’ los Estados Parte, como México, están obligados a erradicar su práctica”, destacó en sus redes sociales.

En relación con México, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) ha examinado al país en tres ocasiones, emitido más de 500 acciones urgentes, adoptado un dictamen y, además, realizó una visita en el 2021.

En su informe de misión sobre la visita, el CED estableció la necesidad de crear una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas entre cuyas prioridades debe atenderse el tema de los distintos registros. “La importancia de los registros para identificar y visibilizar claramente las distintas formas de desapariciones que ocurren en el país, así como para establecer estrategias eficientes de búsqueda, investigación, atención a víctimas y erradicación de este flagelo”, señala el informe.

La publicación de la ONU-DH se da en el marco del nuevo censo de personas desaparecidas que ha molestado a diversos colectivos de búsqueda, al señalar que no se avisó sobre su metodología, ni tampoco se les invitó a formar parte del proceso, para conocer las acciones que realizaron.

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