¿Qué cambiará con el paso de la Guardia Nacional a la Sedena?

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), después de lo cual será discutida y, en su caso, aprobada por Senadores como ocurrió con la reforma judicial.

Esta iniciativa se formuló originalmente hace un par de años, pero fue hasta ahora, en 2024, que el bloque oficialista comandado por Morena contó con la mayoría calificada en el Congreso para lograr su avance, como lo anticipó el Presidente con el llamado “Plan C”.

Así, si la iniciativa fue frenada y discutida con tanto fervor por la oposición en el Congreso fue a causa de las críticas que se hicieron desde entonces en su contra, a causa de los cambios que esta reforma significaría en la vida pública de la ciudadanía mexicana. Pero ¿cuáles son estos cambios y cómo nos afecta el paso de la Guardia Nacional a la Sedena?

La Guardia Nacional es una corporación con mando civil creada en 2019 por el presidente López Obrador, con el objetivo de reemplazar en funciones a la Policía federal.

Ahora, la iniciativa de reforma busca redefinir a la Guardia Nacional como una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial”, lo cual eliminaría su cualidad de “institución policial de carácter civil”.

De esta forma, la Guardia Nacional, al mando de la Sedena, contará con nuevas facultades, como investigar delitos y actuar en coordinación con el Ministerio Público y otras policías en el ámbito de su competencia.

La Guardia Nacional será comandada por un general de división activo del Ejército, designado por el Presidente de la República a propuesta del titular de la Sedena, es decir, la institución será de carácter militar.

Lo anterior implica que las labores de seguridad pública estarían bajo control militar, lo cual ha traído críticas de opositores, quienes califican este movimiento como “militarización de la seguridad pública”.

Para los opositores, la “militarización” ocurre al margen de la ley toda vez que, afirman, las labores de carácter militar deben ocurrir de forma excepcional y reguladas estrictamente, y la su entrada a la seguridad pública alerta por la posibilidad de aumento a las violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, representantes del bloque oficialista han negado que esta reforma implique “militarización”, y se ha enfatizado, incluso, que los integrantes de la Guardia Nacional estarán sujetos a la justicia civil en caso de cometer delitos.

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