“Puerta está abierta para escuchar a autónomos”

Morena en la Cámara de Diputados aseguró que los órganos autónomos seguirán teniendo la puerta abierta para ser escuchados, de cara a la dictaminación de la reforma que prevé su desaparición.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, afirmó que aún no se ha fijado la fecha para la discusión del dictamen de reforma constitucional con el que se busca extinguir entes como el Instituto Nacional de Transparencia (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), entre otros.

La Razón publicó este jueves que, a unos días de que se discuta y avale el dictamen de la reforma para eliminar a los órganos autónomos y entes reguladores, comisionados de algunos de estos organismos dijeron que no son “antagónicos al poder” y lanzaron un llamado a establecer una ruta de diálogo con el Congreso de la Unión y con la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum, para evitar la desaparición.

Antes de la sesión de este jueves en la comisión, en donde arrancará esta discusión, el morenista aseguró que todos los organismos han sido escuchados y esto continuará así.

“Para eso todavía falta, todavía no tiene fecha para esa discusión. Todos han sido escuchados y podrán seguir siendo escuchados. (Tendrán la puerta) muy abierta”, declaró, en entrevista con medios.

CRUZAN ACUSACIONES. Casi por unanimidad, anoche avanzaron, hasta el cierre de esta edición, en la Comisión de Puntos Constitucionales, las primeras tres de cuatro reformas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió desde febrero, las cuales fueron sometidas a votación y a las que se les hicieron modificaciones menores, únicamente presentadas por Morena.

Se trata de las relativas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el Fondo de Pensiones para el Bienestar; que los trabajadores tengan un salario “digno” y acceso a vivienda, para elevar estos temas a rango constitucional.

El arranque del último gran debate legislativo que tendrá la LXV Legislatura transitó por más de seis horas con la rispidez entre el bloque de la Cuarta Transformación, que arropó cada proyecto con el argumento de que mejorarán las condiciones de la población, frente a las acusaciones de los opositores sobre imprecisiones, planes inciertos y “retrocesos”.

Con 38 votos a favor, se avaló elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde la modificación aceptada por la mayoría de la 4T que integra la comisión fue sólo para que la edad del apoyo a jóvenes de 18 a 29 años se escriba con letra y no con número.

Otro proyecto avalado, pero con 31 votos, fue la elevación a rango constitucional del Fondo de Pensiones para el Bienestar, para que los trabajadores tengan una pensión igual al último salario registrado ante el IMSS y con un tope a 16 mil 777 pesos; también se incorporó la vejez como concepto de la pensión y se eliminó un artículo que definía las fuentes de financiamiento de este fondo, debido a que esto ya se estipuló en la ley secundaria que dio pie a su creación.

Al respecto, el panista Saúl Tellez dijo que no están en contra de una pensión digna; sin embargo, la crítica es a los planes de financiamiento que calificó como “claroscuros”, pues consideró que los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como se planteó, son insuficientes, además de que se contemplan fuentes no recurrentes, como la venta de bienes inmuebles a cargo de Fonatur, lo que sólo ocurrirá una vez; o las aportaciones complementarias como los recursos de los órganos autónomos que desaparecerán, 25 por ciento de utilidades de las empresas paraestatales en manos del Ejército, o los fondos del Poder Judicial.

“Es una falacia, una mentira; saben bien que esos recursos están controvertidos y no se van a poder utilizar en mucho tiempo, pero siguen engañando al pueblo mexicano”, apuntó.

El emecista Mario Alberto Rodríguez Carrillo dijo que aprobar este dictamen significará dejar al gobierno un asunto que podría no ser capaz de atender, debido a que estaría condicionado a un fondo que no tiene liquidez y que no da la certidumbre de poder atender a todos los pensionados.

Posteriormente se debatió el aumento salarial conforme a la inflación, en donde también se rechazaron las reservas presentadas por la oposición y sólo pasó una de Morena, para que la inflación que se tome en cuenta sea la observada y no la calculada.

Este proyecto indica que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación.

También se avaló que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.

Para el 2023, el monto fijado es de 16 mil 777 pesos y el monto se actualizará el 1 de enero de cada año.

La discusión llegó al filo de la medianoche, donde la comisión continuó con el desahogo del proyecto en materia de vivienda, para que las y los trabajadores accedan a un crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora.

El proyecto en discusión establecía que al año de cotización se podrá arrendar una vivienda, donde la mensualidad no podrá pasar del 30 por ciento de los trabajadores y después de 10 años de rentar un inmueble se tendrá derecho a adquirirla.

La secretaria general del PAN, Noemí Luna, aseguró que su partido votará en contra de la desaparición de organismos autónomos, pero en caso de que logre pasar, interpondrán una acción de inconstitucionalidad para evitar perder equilibrios constitucionales.

En entrevista con La Razón detalló que, para el tema de la reforma al Poder Judicial, ya se encuentran trabajando en las áreas de oportunidad que tiene, a fin de presentarla lo antes posible ante el Poder Legislativo.

Señaló que en la Comisión de Puntos Constitucionales pretenden sacar “un albazo legislativo”, donde tengan los 19 dictámenes de las iniciativas que ordenó el Presidente de la República, pues tienen la intención de que en las primeras semanas legislativas de septiembre se puedan comenzar a votar.

“El error que tienen es que la va a votar una Legislatura que no fue la que las dictaminó, por ello, en el PAN no están de acuerdo en el debilitamiento del Poder Judicial, además, que en los órganos autónomos se debe tener pesos y contrapesos, que son ellos quienes lo garantizan, por ello, nuestra primera defensa es el voto en contra”, explicó.

La secretaria general de Acción Nacional indicó que en el momento oportuno van a presentar la contrarreforma al Poder Judicial, que tiene como base reforzar la capacitación a policías para que sepan como presentar las denuncias, se requiere una reforma a la Ley de Amparo para mayor protección de los ciudadanos, además que haya órganos fiscalizadores, pero no como los que pretende Morena, pues busca controlar a jueces, ministros y magistrados.

“Queremos que la justicia sea rápida y eficaz, por eso vamos a presentar la contrareforma; además que, en el tema de los organismos autónomos, estamos preparando una acción de inconstitucionalidad”, precisó.

La tarde de este jueves, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza se reunió con los legisladores electos, para analizar las reformas del Ejecutivo, pero adelantó en el encuentro que se debe votar en contra de las iniciativas de Morena y el Gobierno federal.

“Junto con las y los diputados federales electos, analizamos las reformas que vienen en el próximo periodo legislativo, así como nuestra firme convicción de continuar defendiendo la división de poderes, las instituciones, las libertades y la democracia en México”, indicó en sus redes.

Por su parte, el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba dijo que en la reunión se trabajó sobre la contrarreforma que alistan para el tema del Poder Judicial, pues aseguró que es necesario respetar los contrapesos democráticos. “Hoy arrancaron los trabajos junto a la dirigencia y los senadores en el tema de la contrareforma”, dijo.

Explicó que es clara la visión del país, de que son tres poderes, por ello, aclaró que el Ejecutivo quiere inhabilitar al Poder Judicial como lo ha hecho en los últimos seis años, así como al Legislativo, lo que se convierte en un “caudillismo” y en un regreso democrático para el país.

El legislador blanquiazul dijo que el país necesita de organismos que generen certidumbre, y que no dependan de la voluntad del Ejecutivo, pues en el caso de los organismos han ayudado a avanzar en muchos temas como el mismo Coneval.

Frente a lo que calificaron de “agandalle” y ambición política de Morena y sus aliados, PT y PVEM, para quedarse con 75 por ciento de la representación en el Congreso de la Unión, legisladores del PRI y del PRD llamaron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a aplicar los principios que establece la Constitución de que “un voto vale igual” para cada partido y no “el doble”, como lo pretenden aplicar esas fuerzas políticas.

A decir del senador perredista Emilio Álvarez Icaza, aún está vigente la tesis jurisprudencial de 1998 promovida por la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, por una acción de inconstitucionalidad que presentó el entonces dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, contra la sobrerrepresentación en el Congreso de Quintana Roo.

“Es inaceptable, y hay que ver lo que en esta lógica se hace. Resulta inaceptable que quieran hacer este agandalle. Hay que ver lo que dijo Diego Valadés con mucha claridad: vean el artículo 54 a plenitud.

“Si quieren ser tratados como partido, tendrían que haber postulado al menos 200 candidatos a diputados, pero como no lo hicieron, entonces tienen que ser tratados como coalición y es una entrega de sobrerrepresentación de hasta ocho por ciento. Quieren ser tratados como partidos, cumplan la ley y la Constitución, y no es así”, afirmó a La Razón.

Mario Zamora, senador del PRI, dijo que cada voto vale lo mismo, es un principio fundamental para la democracia y para México, por lo que “ir a esta sobrerrepresentación que quiere Morena haría perder lo que establece la Constitución y valdría el doble de lo que significó un voto para el PAN, PRI, PRD o MC”.

Opinó que es fundamental que los consejeros del INE tengan en cuenta los principios constitucionales “para que no se pierda, por una cuestión política o de ambición política, la representación real y lo que el pueblo de México expresó en las urnas: que en el Congreso quiere que 54 por ciento esté representado por Morena, PT y PVEM, pero no 75 por ciento que ellos aspiran”.

La desaparición de organismos autónomos significaría una regresión en democracia, falta de transparencia e inequidad para sectores más vulnerables, considero el doctor Diego García Ricci, académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), son organismos autónomos que México diseñó para la realidad y necesidades de este país, desaparecerlos pondría en riesgo la democracia funcional de México, dijo el experto.

El docente del Departamento de Derecho aseguró que, de aceptarse la propuesta del Presidente López Obrador de desaparecer dichos organismos, “se pondría en riesgo esa democracia en la que ciudadanos y ciudadanas no sólo salen a votar, sino en la que también cuestionan a las y los gobernantes y funcionarios, y que les permite participar en la conducción de los asuntos públicos del país”.

Agregó: “En el sentido de que el Presidente, una vez que anuncia su agenda de transformación, va por ella, entonces esto es cada vez más una realidad. Es un golpe al derecho de los ciudadanos; por ejemplo, hablar de la democracia en México es hablar del acceso a la información pública; se dieron al mismo tiempo y no se puede entender una sin la otra”.

También mencionó que “no es cierto que el costo de operación de los organismos autónomos sea tan alto, que es la retórica utilizada por el Presidente. Mas eso no impide que, en un futuro cercano, se haga un rediseño de estos organismos que los vuelva menos onerosos”.

Por su parte Alicia Zazueta, presidenta de la Asociación de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), aseguró que existe incertidumbre en lo que sucederá con los órganos autónomos ahora que ya están los predictámenes, y dijo preocupa la desaparición de aquellos especializados en energía.

Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, aseguró que definitivamente llegar a la extinción de los autónomos implica un retroceso dantesco en la transparencia de México, y que sumado a esto pegará gravemente en algunos sectores que durante años han operado a favor de minorías.

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