Partido Verde va por iniciativa de estímulos para empleadores que contraten a personas con discapacidad

A fin de promover el acceso de las personas con discapacidad a un empleo digno, “un derecho consagrado en la Constitución Política”, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propuso reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Ley del Seguro Social (IMSS) para establecer que los patrones que empleen personas con discapacidad puedan obtener un estímulo fiscal consistente en el equivalente al doble del salario efectivamente pagado a las personas contratadas.

Asimismo, plantea que los empleadores estén exentos de pagar las cuotas de seguridad social correspondientes a las personas con discapacidad que empleen.

La iniciativa, presentada ante el pleno por el diputado ecologista José Luis Hernández, señala que “se trata de promover el acceso de las personas con discapacidad a la justicia social y al ejercicio pleno de los derechos que nuestra Constitución consagra para todos los miembros de la sociedad, pero también de incentivar a los empleadores que, más allá de los apoyos y asistencia que el Estado está obligado a otorgar a quienes viven con esta condición, apuestan por la responsabilidad social e incluyen en su fuerza laboral a quienes necesitan una oportunidad para mejorar su calidad de vida”.

Resaltó que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del total de población en el país (126 millones 14 mil 24 personas), 5.7 por ciento (7 millones 168 mil 178 personas), tiene discapacidad y/o algún problema o condición mental.

Al presentar la propuesta el diputado Hernández Pérez resaltó que “aún enfrentamos importantes desafíos que debemos atender para asegurar que podamos disfrutar plenamente de todos nuestros derechos. Estas dificultades se ven reflejadas principalmente en las marcadas brechas que aún existen entre las personas con y sin discapacidad, especialmente en áreas cruciales para nuestro desarrollo como la participación en la comunidad o el acceso a oportunidades de empleo”.

Añadió que la inclusión laboral nos beneficia a todos, por un lado, las personas con discapacidad que son empleadas encuentran alta satisfacción en su entorno laboral gracias a que se sienten útiles y productivas, asimismo, se convierten en una parte importante para la economía familiar al aportar ingresos a sus hogares, gozan de mayor autonomía e independencia, pero sobre todo mejoran significativamente su calidad de vida. Por su parte, las empresas que han contratado a personas con discapacidad las han catalogado como trabajadores leales y estables, con baja tasa de rotación y ausentismo.

Indicó que el trabajo no puede ser visto como un favor o un acto de caridad que pueda otorgarse de manera arbitraria, pues se trata de un derecho humano inherente a todas las personas el cual permite a quienes lo ejercen vivir de manera plena e independiente.

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