Paro impide notificación al Congreso
El bloqueo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF)impidió que la Cámara de Diputados fuera notificada de la orden judicial dictada el lunes para suspender la sesión en la que fue aprobada la reforma judicial, según informó la jueza Martha Eugenia Magaña.
“Realizó la notificación únicamente al Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto del secretario de Gobernación, además informa la imposibilidad que tuvo para notificar a las responsables, Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXVI Legislatura y Cámara de Diputados de ese parlamento”, señaló la jueza.
Indicó que lo anterior es toda vez que las instalaciones de dichas responsables fueron tomadas, por lo que los accesos se encuentran cerrados y sin personal para la recepción de comunicaciones, señaló en un acuerdo judicial publicado este jueves.
La suspensión otorgada por Martha Eugenia Magaña, jueza quinta de distrito en Morelos, informó que sólo fue notificada su decisión a la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Gobernación pero no a la Cámara baja.
Sin embargo, el acuerdo no refiere que el actuario acudiera a la sede alterna de la Cámara de Diputados habilitada en instalaciones deportivas de la Magdalena Mixhuca donde los legisladores votaron la reforma. Independientemente de la falta de notificación, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo previamente que no iba a acatar estas resoluciones judiciales porque “son inadmisibles improcedentes, grotescas e ignorantes”.
Por su parte Magaña pidió que el actuario le haga saber a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales que “tiene la obligación de recibir el oficio de notificación” y les advierte que de negarse les impondrá “una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a 10 mil 857 pesos”.
Así fue que la jueza Martha Eugenia Magaña ordenó informar a las autoridades que la violación de esta suspensión definitiva, así como la negación para atender el juicio, podría constituir un delito equiparable al de “abuso de autoridad”.
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