Padres de los 43 acusan “nueva narrativa que se acerca más a la verdad histórica”

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa analizarán si continúan o no el diálogo con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que este lunes no se dio respuesta a la petición del informe de la Defensa Nacional sobre una intervención telefónica y Alejandro Encinas presentó, dijeron, sólo una narrativa que se acerca más a la “verdad histórica” que a los nuevos hechos.

“Nosotros vamos a analizar qué va a seguir, si continuamos en el diálogo o no continuamos; eso va a ser motivo de análisis de los padres. En definitiva, no se está dando respuesta a la solicitud planteada y se está esgrimiendo una narrativa de los hechos para decir la verdad histórica”, afirmó el abogado Vidulfo Rosales.

Al finalizar una reunión este lunes en Palacio Nacional con las titulares de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como con Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, los familiares de los normalistas volvieron a salir inconformes, al igual que en una primera reunión la semana pasada, en la que estuvo presente López Obrador.

Rosales lamentó que en dicha narrativa se reduce la responsabilidad a las autoridades locales y que no hay militares involucrados en los hechos del 26 de septiembre del 2014. “Reducen la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército. Al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo”, indicó ante medios de comunicación.

Explicó que el Gobierno federal criminaliza a los estudiantes, al decir que iban infiltrados y que se trató de una disputa entre los bandos del crimen organizado.

“La verdad histórica incluso criminaliza a los estudiantes de la Normal, refiere que había una infiltración ahí de parte de los estudiantes, reduce a un tema meramente local, meramente de Guerreros Unidos, la responsabilidad radica principalmente en ellos, dejando por fuera toda la responsabilidad de las autoridades”, insistió.

Vidulfo Rosales comentó que la solicitud al Gobierno para que entregara íntegra la conversación del chat entre un policía municipal y un miembro de Guerreros Unidos, interceptada por el Ejército, no se cumplió durante esta reunión, que era el motivo principal.

“Presentaron un informe del secretario de la Defensa Nacional que fue leído por la secretaria de Seguridad (…) No hay nada; ni el Presidente ni él dan respuesta a la información que solicitaron los padres de familia, que es muy puntual”, explicó.

El abogado resaltó que las autoridades insisten en que esos documentos ya fueron entregados, además del recuento que hicieron sobre los archivos que revisó el GIEI, lo cual “ya sabemos”.

Y agregó que, de la información muy concreta de la transcripción telefónica encontrada en una foja de los archivos militares, “la Secretaría de la Defensa Nacional lo único que refiere es que esa información la tiene el señor Gildardo López Astudillo (El Gil, integrante de Guerreros Unidos).

En vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos de jóvenes embozados lanzaron proyectiles, piedras y realizaron pintas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), localizado en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México.

Previo a estos hechos, las madres y los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos protestaron, cargando múltiples lonas donde el reclamo común era exigir frente a lo que antes fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que ya no se oculte más información.

Más de mil 200 personas que llegaron a bordo de más de una treintena de autobuses y que se identifican como estudiantes normalistas, descendieron de las unidades para protestar ante las instalaciones federales.

Sobre las bardas y el portón fueron escritos diversos reclamos y acusaciones contra autoridades como “Perpetradores de la impunidad e injusticia” o “Ni perdón ni olvido”.

Varios de ellos portaban proyectiles de elaboración casera a base de tubos de PVC y botellas de vidrio, que fueron lanzados contra las puertas y dentro del CNI.

Pasados unos minutos, del interior comenzó a dispersarse un humo blanco que hizo a las personas alejarse mientras tosían. Posteriormente, abandonaron el lugar a bordo de los mismos autobuses.

Este martes se realizará la movilización principal, ante la cual el Gobierno de la Ciudad de México tomó medidas como la instalación de vallas metálicas alrededor de monumentos, edificios de gobierno e inmuebles comerciales.

Acciones similares se replicaron en Guerrero, principalmente en Iguala, donde las autoridades suspendieron las clases no sólo para este martes, sino también el miércoles, ante la previsión de movilizaciones.

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