Oposición alegará contra la reforma al menos 4 fallas en proceso legislativo

Las fuerzas de oposición han detectado al menos cuatro violaciones al procedimiento legislativo que dio lugar a la consumación de la reforma al Poder Judicial y anunció que va por amparos para echarla abajo. Las irregularidades que encontró son votación irregular, además de que no se respetaron los tiempos en los congresos locales, no se dio tiempo a que los legisladores analizaran la iniciativa y tampoco hubo participación de grupos minoritarios.

En entrevista con La Razón, Noemí Luna Ayala, secretaria general del PAN, explicó que nunca se pudo corroborar el quorum legal cuando se votó en la sede alterna en la Magdalena Mixhuca, además de que no había condiciones para saber si estaban votando legisladores las 700 reservas que hubo, ya que todo se realizó a mano alzada.

“Al pasar al Senado, el dictamen fue muy rápido, además de que fue más grave cuando pasó a los congresos locales, ya que no les dieron el tiempo necesario para analizarlo, pues aún no acababa la sesión en el Senado cuando Oaxaca ya estaba convocando; es decir, ni siquiera lo pasaron a comisiones en los congresos locales y una reforma de este calado implica que los municipios donde hay población indígena, también sean partícipes y no se hizo así”, agregó.

Mencionó que el proceso se llevó a cabo a pesar de la existencia de una orden de suspensión emitida por una jueza federal, aparte de que había una orden de suspensión para que no se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF); “es decir, ha habido desacato tras desacato” a las determinaciones de jueces federales.

La también coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados mencionó que los recursos legales para “echar abajo” la reforma judicial son los juicios de amparo para impugnar el proceso legislativo, y la controversia constitucional presentada por los municipios.

“En una última etapa es acudir a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), puesto que la reforma violenta tratados internacionales a los que México está suscrito, y se está viendo lo de las acciones de inconstitucionalidad”, explicó la legisladora.

Luego de las declaraciones del coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en el sentido de que la reforma judicial está blindada y no hay recurso alguno que la puede “echar abajo”, mencionó que esto es falso, ya que una vez publicada es precisamente cuando pueden entrar los juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad. “Lamento mucho que un constitucionalista no esté actuando como tal”, dijo.

El senador del PAN Enrique Vargas del Villar mencionó que ya se encuentran trabajando en los recursos legales y confirmó que empezarán con las irregularidades en la Cámara de Diputados, ya que no había listas, nadie supo quién votó y varias personas levantaron la mano y no eran diputados.

Indicó que el equipo jurídico se encuentra desde hace algunos días trabajando en las herramientas jurídicas y aseguró que “vamos muy adelantados”; además, comentó que una de las últimas opciones es el tema de la controversia constitucional.

Al respecto, la senadora Laura Ballesteros explicó que Movimiento Ciudadano (MC) promoverá un frente para impugnar la reforma al Poder Judicial, además de que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una acción de inconstitucionalidad.

Insistió en que, por lo menos en la Cámara de Diputados, ya han denunciado a la Mesa Directiva un quorum ilegal, “creado artificialmente por los legisladores de Morena, pues fue evidente que durante la sesión no se encontraban todos los legisladores presentes, dejando a sus asesores y auxiliares sentados en su lugar mientras ellos se retiraron”.

Aseguró, en entrevista con La Razón, que la bancada naranja corroboró con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa de la Cámara baja, que “no se encontraban todos los diputados de Morena en el transcurso del debate”.

Igualmente, dijo que también se denunció el nulo respeto al principio de certeza jurídica, “al designar, sin consultar a todos los grupos parlamentarios, una sede alterna para la discusión de tan importante reforma constitucional”; explicó que sólo fue un “pequeño grupo de poder” el que eligió esta sede y aseveró que “quieren legislar solos”.

Entre las denuncias también está la velocidad con la que aprobaron las reformas “en ambas cámaras federales”, pues dijo que “muestra miedo a la reflexión, a los acuerdos y a escuchar a los ciudadanos.

Expresó que en la Cámara de Senadores “se cometió un fraude a la Constitución para su aprobación, además del secuestro del padre de un senador”, haciendo referencia al senador Daniel Barreda Puga.

Asimismo, señaló que el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez presentó ya un amparo contra el proceso legislativo de la aprobación de la reforma judicial, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos por el “desmantelamiento” del Poder Judicial.

Aseguró que los emecistas en todo el país harán un frente con el que presentarán acciones de inconstitucionalidad y señaló que “también nos ponemos al servicio de las y los jóvenes de este país, de las y los estudiantes que han salido a pelear a las calles por México, por su futuro, y que sepan que cuentan con Movimiento Ciudadano para avanzar todos los instrumentos legales que estén construyendo y que quieran construir, para eso debe servir un partido político”.

Respecto a la posible toma de la Cámara de Diputados que realizaría la Marea Rosa para evitar que Claudia Sheinbaum rinda protesta el próximo 1 de octubre, Noemí Luna aseguró que no es una acción “totalmente responsable”, ya que ellos son una oposición seria, aunque respetan la libre manifestación.

Arturo Zaldívar aseguró que, de invalidar la reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte estaría violando la Constitución, la independencia judicial y generaría una crisis constitucional en el país.

Consideró que, si la SCJN es congruente y consecuente, no puede ni debe invalidar la reforma, ni el procedimiento ni en el fondo. Advirtió que los recursos ante la Corte no pueden ir en contra de la enmienda, pues “el juicio de amparo es improcedente contra reformas a la Constitución, además de que, por sus precedentes, la Corte no puede revisar la reforma ni en fondo ni en forma”.

“El Poder Judicial está impedido para revisar esta reforma. ¿Por qué? Porque están en contra de la reforma”, dijo en Radio Fórmula.

“Es un debate muy intenso en la academia, voy al caso concreto, en esta eventualidad política y constitucional que estamos viviendo, el Poder Judicial eventualmente: primero, hay una norma expresa que establece que es improcedente el juicio de amparo contra reformas y adiciones a la Constitución”, señaló.

Asimismo, dijo que en el Poder Judicial se levantó un candado que pusieron ellos mismos con el paro de labores. Además, añadió que, si la Corte es congruente y consecuente con sus precedentes, no podría revisar la reforma, ni en el procedimiento ni el fondo.

“Es muy importante porque todo tribunal tiene que ser consecuente, congruente con el peso del precedente, una de las cosas que más han criticado; pero si la Corte decide hacerlo, lo puede hacer a pesar de un precedente, de una doctrina de treinta años en que la Corte no revisó nunca reformas a la Constitución y luego, qué casualidad, viene una reforma que tiene que ver con ellos y abren la puerta; sería muy cuestionable la legitimidad”, concluyó.

Además, Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y próximo coordinador de Política y Gobierno con Claudia Sheinbaum, anunció que la Presidenta electa y su equipo se encuentran trabajando en reformas constitucionales para fortalecer a fiscalías y defensorías públicas.

“No tenemos que preocuparnos en demasía, por supuesto que es una reforma (la judicial) muy ambiciosa, muy compleja, cuya instrumentación es delicada, pero estoy confiado de que esta reforma, junto con la de fiscalías, la de defensorías públicas y el proyecto de seguridad que presentará en breve la Presidenta, será la ruta por la que generaremos una justicia distinta”, externó.

Además, indicó que se encuentran trabajando en leyes procesales “que hagan realidad lo que la reforma judicial busca: juicios y procesos mucho más ágiles y rápidos, donde haya menos morosidad para resolver al justicia en México”.

Luego de que el expresidente Zedillo considerará que con la reforma judicial “acabaría con la democracia y lo que quede de su frágil Estado de derecho” en México, el ministro en retiro recordó que, cuando estaba al frente del Ejecutivo federal, el exmandatario “generó que las y los ministros terminaran respondiendo al PRIAN”.

“En 1994, el presidente Zedillo, en lo oscurito, dio un albazo y cambia completamente la Corte. Generó que las y los ministros terminaran respondiendo al PRIAN, que hubiera grupos de poder y no la meritocracia de la que tanto se habla”, dijo.

Tras descartar que la reforma al Poder Judicial no encamina a México hacia el autoritarismo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que el sector privado buscará la forma de armonizar la iniciativa para corregir mediante leyes secundarias los puntos que necesitan ser modificados.

“...Hay puntos que sí tenemos que buscar la manera de armonizar y sobre todo las convocatorias, cómo van a ser..., entendemos que hasta no revisar bien los textos, que en las convocatorias es donde está la oportunidad donde la sociedad, los diputados y el Ejecutivo mandarán”, dijo.

El presidente de la máxima cúpula empresarial, Francisco Cervantes, señaló que la Iniciativa Privada está de acuerdo en que México necesitaba de una reforma judicial; sin embargo, señaló que hay puntos de la iniciativa que no se pueden quedar como fueron aprobados por los legisladores federales y los 22 congresos locales.

“Todos estamos de acuerdo que sí se necesitaba un ajuste al Poder Judicial, ya se hizo y vamos a ver dónde podemos mejorar. Hoy existe la oportunidad de mejorar la reforma judicial en la parte de las leyes secundarias y las convocatorias”.

Durante la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE) 2024, organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Francisco Cervantes explicó que para revisar a detalle qué partes de la reforma se necesitan cambiar se han instalado mesas de análisis al interior del organismo.

Pero, destacó que, aunque la revisión requiere tiempo, una gran ventaja es que se determinó que la implementación de la reforma al Poder Judicial sea paulatina, por lo que incluso algunos jueces que ya están en el cargo tendrán la oportunidad de aplicar nuevamente y permanecer en funciones; mientras que otras vacantes se llenarán rápido.

“Tenemos una mesa de análisis para saber el impacto que tiene la reforma judicial, hay puntos que no hay que alarmarnos o le estamos metiendo demasiado ruido. Nos falta revisar mucho…, lo que finalmente sí se logró, porque iba a ser de repente, es que se implemente en partes hasta el 2027, esto es muy importante para que tengamos tiempo para ir revisando”, comentó.

“APROBACIÓN NO FUE LEGAL”. Por su parte, el líder nacional de la Coparmex, José Medina Mora, aseveró que la aprobación de la reforma al sistema de justicia en México no contó con la legalidad requerida, pues, además de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pese a que había un mandato judicial que impedía se realizara el decreto, avanzó en menos de 21 horas en los congresos locales, sin cumplir con el debido proceso de discusión y votación.

Expresó que es lamentable que durante la aprobación de una ley de tal magnitud no se haya escuchado ni a la oposición, ni a los expertos, ni a los jóvenes, ni a los trabajadores del Poder Judicial todo porque el partido en el poder cuenta con una mayoría calificada por una interpretación del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es una lástima que a pesar de aceptar que está mal el criterio y que podría interpretarse un nuevo criterio, que sí le diera una mayoría a Morena y sus aliados, que sí lo ganaron, pero no una mayoría calificada y lo que vemos es que el uso que le han dado a esa mayoría calificada es de aplicar la aplanadora, no escuchar a la oposición”.

Aseguró que tras la publicación del decreto, México regresó a los años 70 cuando no había división de poderes y se concentraba en la Presidencia; “lo que hemos construido en estas últimas tres décadas en donde decidimos que queríamos democracia, hoy vemos que ha terminado y estamos ante un nuevo régimen”, enfatizó.

Ernesto Zedillo, expresidente de México, declaró que no exageró al afirmar que la reforma al Poder Judicial (PJ) destruirá el sistema de justicia y puede dar lugar a una tiranía, y afirmó que Morena aprobó la enmienda con “técnicas gangsteriles” en el Senado de la República.

Agregó que decidió romper el silencio “porque veo que la República democrática está siendo destruida y no podía ser un cobarde y quedarme callado”. Sobre Claudia Sheinbaum, dijo que tiene la oportunidad de construir una República democrática, progresista, donde se construya y se respete el Estado de derecho.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Zedillo Ponce de León remarcó que, con la reforma judicial, el país podría convertirse en lo que caracterizó como una “tiranía”, además de que consideró que la modificación constitucional busca que los poderes Ejecutivo y Legislativo determinen quiénes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema judicial.

“Es terrible, es atroz. De ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Legislativo y el Ejecutivo van a controlar quién aplica la justicia en este país. Se llama, en términos simples, tiranía”, advirtió el exmandatario federal.

Sostuvo que el proyecto “es ilegítimo, no es ético, eso no es tenerle lealtad a la República”, pues, dijo, “es muy fácil criticar al Poder Judicial, pero, ¿qué hace para mejorar? Somos un país que tiene, por cada 100 mil habitantes, cinco jueces”.

Afirmó que la reforma judicial “es un mecanismo para decirle a la gente: ‘ustedes van a elegir a los jueces’; eso no es democrático. Con una fachada de democracia, van a controlar quién aplica la justicia”, insistió.

Para la democracia, detalló el expresidente mexicano, es un requisito “no solamente que haya elecciones libres y con condiciones de competencia equitativa, sino también un tercer poder y que con las elecciones se determine el Legislativo y el Ejecutivo, pero que haya un poder independiente que imparta justicia, que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales”.

Insistió en que, con la reforma que ya se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrado en vigor, se “enterrará la democracia”, y manifestó que no puede quedarse callado “cuando la República está en riesgo”.

“Aún antes de tomar la Presidencia, tomé una decisión de no intervenir en la política de mi país. Me convertí en un estudioso y un opinador de la economía internacional, pero cuando veo que la República está en riesgo, no puedo quedarme callado”, sostuvo.

De igual manera, se lanzó contra el exministro Arturo Zaldívar, al asegurar que “ese señor le faltó el respeto a la Corte y se comportó de la manera más indigna cuando fue ministro y presidente de la Corte; fue uno de los instigadores de este ataque al Poder Judicial”.

Al referirse a Claudia Sheinbaum, el expresidente señaló que deberá tomar una decisión. “Una opción: ella puede ser el rostro, sin ningún poder, de un régimen de partido, de una tiranía; o ella puede ser, yo creo que ella tiene la capacidad de ser la primera Presidenta de una República democrática, progresista, y donde se construye y se respete el Estado de derecho”, mencionó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó ayer como “de risa” los señalamientos del exmandatario Ernesto Zedillo, de que México ya es una dictadura, con lo que, aseguró, “hacen el ridículo”.

Dijo que sus adversarios se enojan mucho con él, lo calumnian e insultan, pero no pasa de ahí y no existe ningún problema, al contrario, agradeció su comportamiento respetuoso.

“Traen a Zedillo a decir de que ya es una dictadura México, y es de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor podría causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría, pero no, no, actúa en ese sentido de manera responsable”, afirmó.

El mandatario federal exhibió en la mañanera un tuit del youtuber Poncho Gutiérrez —presente en Palacio Nacional— donde realiza diversos cuestionamientos relacionados con el expresidente Zedillo Ponce de León.

“¿Quién eliminó las pensiones? Zedillo. ¿Quién reprimió en Acteal? Zedillo. ¿Quién expulsó a ministros? Zedillo. ¿Quién hizo el Fobaproa? Zedillo. ¿Quién tuvo el error de diciembre? Zedillo. ¿Quién es el nuevo héroe de la oposición más inteligente de la historia?”, leyó.

Sin embargo, López Obrador indicó que, en el caso de los ministros, él agregaría: “que los maiceó muy bien (…) y también ¿quién traicionó a Salinas? Zedillo, eso lo digo yo. Falta: ¿quién privatizó los ferrocarriles? Zedillo. ¿Quién se fue a trabajar con una empresa ferrocarrilera? Zedillo”.

Consideró que Zedillo tiene todo su derecho de manifestarse porque en nuestro país se vive, ahora, una auténtica democracia; “no es una dictadura, no es dictablanda, ni tampoco es oligarquía, como era antes”.

Luego de señalar que Zedillo es un claro ejemplo de los que representan a la oposición, subrayó que su Gobierno en México no es una fachada de democracia.

“Que (Enrique) Krauze diga que ya se acabó la República y que se va a establecer una monarquía también es de risa, ¿no? Que (Héctor) Aguilar Camín diga que ya hay una dictadura en México, imagínense el ridículo que hace alguien que hizo su doctorado en historia en el Colegio de México, de pena ajena, porque no hay rigor teórico. Es mucha la deshonestidad intelectual”, ironizó.

Destacó que los oligarcas, los conservadores, se sentían superiores en los gobiernos neoliberales, por lo que lanzó las arengas de “muera la corrupción, muera la avaricia” durante el pasado Grito de Independencia.

Por eso, añadió, “el Grito de la noche del 15: ‘muera la corrupción, muera la avaricia’. Como no se entiende lo suficiente lo que es el clasismo, por eso usé ‘muera la avaricia’, pero es también ‘muera el clasismo’. Lo que sí se entiende es ‘muera el racismo y muera la discriminación’. Y esas cuatro cosas, la corrupción, la avaricia, el racismo y la discriminación, ¿a quiénes caracterizan?”.

López Obrador se lanzó también contra medios de comunicación estadounidenses como el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y Financial Times, cuyos artículos, afirmó, “no los leen mucho”, por lo cual no han hecho mella en su Gobierno.

“Además, nos han ayudado también a clarificar de que la prensa internacional es igual o peor de falsaria que la nuestra”, finalizó.

Los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) determinaron extender, por tiempo indefinido, el paro de labores que mantienen desde el 21 de agosto pasado en protesta contra la reforma en la materia, por lo que seguirán atendiendo sólo los casos urgentes, mientras que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron levantarlo y reanudar sus actividades.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) anunció que, tras una votación unánime de sus líderes, resolvió seguir la suspensión de actividades, salvo para los casos que anteriormente se definieron con carácter de impostergables.

“La prórroga se mantendrá al menos hasta que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) instale una mesa de trabajo con el comité de diálogo, con miras a definir las estrategias necesarias para proteger los derechos laborales que asisten a las personas que trabajamos en el seno de tribunales y juzgados”, estableció en un comunicado.

Los juzgadores reiteraron que los legisladores de la mayoría en el Congreso de la Unión, donde se aprobó la reforma la semana pasada, “desatendieron” las peticiones de diálogo del Poder Judicial, por lo que el proceso legislativo fue “desaseado”.

Anunciaron que acudirán a instancias internacionales para revertir la reforma, la cual ordena que a partir del 2025 se celebren comicios populares para elegir a jueces y magistrados, e integrantes de la Suprema Corte, además de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a juzgadores.

En el mismo pronunciamiento, la Jufed indicó que continuará las acciones necesarias para defender legalmente al Poder Judicial contra la reforma publicada el pasado domingo 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Lo anterior no es óbice para que la Jufed realice las acciones pertinentes para garantizar la defensa legal del gremio contra la reforma, ni para continuar con el ejercicio de los derechos de reunión y asociación y de libre manifestación de ideas”, apuntó la asociación.

La suspensión de labores en el PJF comenzó el pasado 21 de agosto, cuando titulares de juzgados y tribunales del país se sumaron a las movilizaciones iniciadas por trabajadores un par de días antes.

Al contrario de lo que decidieron los jueces y magistrados, en medio de protestas y sin tocar el tema de la reforma al Poder Judicial, ayer los ministros de la Suprema Corte volvieron a sesionar, aunque sólo lo hicieron durante menos de cinco minutos, con la promesa de retomar la sesión el próximo jueves en el edificio sede de este órgano.

La primera sesión del pleno posterior a la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial tuvo lugar sin que se realizara un pronunciamiento en particular sobre el tema, por parte de su presidenta, la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Durante la sesión de trabajo, la ministra Loretta Ortiz Ahlf retiró su proyecto de la acción de constitucionalidad 201/2023, que fue promovida por legisladores de Tamaulipas en contra del decreto 65-626 del Ejecutivo estatal, con el que se reformaron diversas leyes de la entidad.

La propuesta de retiro se aceptó por el pleno, únicamente con la ausencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, concluyó la sesión y convocó para la próxima, el jueves 19 de septiembre.

Al concluir la sesión, a las 13:21 horas de este martes, la ministra Lenia Batres Guadarrama posteó un mensaje en su cuenta de X, en donde explicó que el pleno de la SCJN resolverá la implementación de la reforma y no una comisión, como ella lo había propuesto, la semana pasada.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo que los pasos que tendrán que seguirse rumbo a las elecciones judiciales del próximo año deberán ser claros y advirtió que desde esta semana las sesiones del máximo tribunal constitucional serán públicas.

Además, en entrevista televisiva apuntó que los 11 ministros acordaron seguir trabajando de manera normal, como se ha hecho desde hace varias décadas; es decir, organizados en dos salas especializadas y en el pleno.

Tras la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), trabajadores del Poder Judicial (PJ) mantendrán el paro de labores y continuarán manifestándose contra el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador; el primer acto de protesta se efectuó ayer a las afueras de la Corte, donde más tarde los ministros sesionarían de manera privada para determinar el rumbo de los trabajadores de esa área.

Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del PJ, reiteró su rechazo a la reforma, pues insistió que su contenido los afecta de manera contundente, por lo que no dejarán de expresarse en su contra; señaló que las manifestaciones continuarán hasta el primero de octubre, fecha de la toma de protesta de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Aguayo detalló que, tras la publicación en el DOF de la reforma, buscarán promover los medios legales para que los efectos de la reforma judicial no los alcancen “en el entendido de que quien esté legitimado para promoverlos, podrá llevarlo a cabo”.

Mientras tanto, ayer, desde las 9:00 horas, unos 200 trabajadores del Poder Judicial se manifestaron a las afueras de la Corte de Justicia lanzando consignas como: “El poder judicial no va a caer”, o “no somos acarreados, somos abogados”.

Aguayo señaló a La Razón que esto es parte de la serie de movilizaciones que seguirán haciendo y adelantó que las y los trabajadores del PJ quieren participar en la “redacción o en la aprobación” de las leyes secundarias a la reforma judicial con el objetivo que sus derechos laborales sean contempladas en éstas.

“Queremos que nuestros derechos laborales sean contemplados en las leyes secundarias y es preciso ese momento ahora”, concluyó la vocera de los trabajadores.

Asimismo, integrantes del Poder Judicial se manifestaron alrededor de las 11:30 en las oficinas de la ONU en Alejandro Dumas # 165.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, afirmó que, aunque no le guste la democracia al expresidente Ernesto Zedillo y a sus corifeos, nada podrá impedir los comicios de junio del 2025 para elegir a los ministros de las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los magistrados y a la mitad de los jueces federales y locales.

Insistió en que “no hay poder sobre la tierra” que detenga la instrumentación de la reforma al Poder Judicial, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 15 de septiembre.

“No hay poder sobre la tierra que detenga la reforma al Poder Judicial. No hay poder sobre la tierra que detenga la instrumentación. Qué quiere decir, que en junio de 2025 se elegirá la Corte, los magistrados de circuito, la mitad de los jueces federales y la mitad de los jueces locales del país, y en junio de 2027 la otra mitad”, puntualizó.

En un mensaje difundido en redes sociales, el senador de la bancada morenista destacó que México “será el primer país del mundo que elija, por el voto universal, secreto y directo, a todas las personas juzgadoras”.

“¿Con qué calidad moral y política este expresidente viene a ser el vocero de la derecha?”, cuestionó y refirió que, en diciembre de 1994, el entonces presidente quitó en un mes y “de un plumazo” a 26 ministros de la Suprema Corte, y redujo a 11 el número de sus integrantes, sin foros de discusión ni parlamentos abiertos.

Y ahora, “ese hombre viene a hablarnos de destrucción de la democracia”, cuando Morena y sus aliados ganaron de manera impresionante la elección del pasado 2 de junio, y la del Poder Judicial fue una de las reformas que apoyó la gente.

Criticó que el expresidente “responsable de las matanzas de Acteal y de Aguas Blancas, de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, del llamado error de diciembre y del Fobaproa”, saliera a denunciar “la destrucción de la democracia” un día después de la promulgación de la reforma.