Ocho ministros de la Corte renuncian entre reclamos e inconformidad

Al hacer pública su inconformidad con la reforma judicial y expresar que no significa que con su determinación avalen la constitucionalidad de la enmienda, ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron ayer oficial su renuncia y su declinación a participar en la elección de su cargo en junio del 2025.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que fueron recibidas en la Cámara alta las dimisiones, que sin embargo serán efectivas el 31 de agosto del 2025.

En la sesión de ayer, dio a conocer las renuncias de las ministras Norma Lucía Piña Hernández (presidenta de la Corte) y Ana Margarita Ríos Farjat, así como de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar; este último que concluye su cargo el 30 de noviembre próximo.

“A las 11:05 de la mañana nos llegaron las ocho declinaciones y renuncias, porque son dos cosas diferentes. La declinación es su decisión de no participar en el proceso electoral; los ocho han determinado no participar en el proceso electoral.

“Hay uno que yo entendería que es una declinación, que es el caso de González Alcántara Carrancá, más bien su documento es una reflexión política, me parece interesante. También me llamó mucho la atención la ministra Ríos Farjat, que renuncia a sus haberes”, explicó.

La Suprema Corte, por su parte, hizo oficial que ocho integrantes del alto tribunal presentaron su renuncia ante el Senado de la República, efectiva para siete ministros a partir del último día de agosto del 2025, como lo establece el marco constitucional en materia del Poder Judicial.

A través de una tarjeta informativa, la SCJN destacó que la presidenta Norma Piña, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez, Javier Laynez, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos presentaron al Senado su renuncia.

Además, subrayó que los togados dan a conocer su decisión de declinar en el proceso para la elección de ministras y ministros prevista para junio del 2025.

En su carta de declinación, la presidenta de la Corte, Norma Piña, argumentó que “esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”.

La ministra Ríos Farjat explicó que la reforma judicial, decretada el 15 de septiembre pasado, impone una disyuntiva impropia: que se presente una renuncia, pero se permanezca en el cargo por unos meses más, a fin de preservar derechos; o mantenerse por esos meses más, sin renunciar al puesto, pero sí a lo que se tiene derecho.

“Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional. Retornaré tranquilamente y sin apego ese dinero a la Tesorería de la Federación”, dijo.

Por separado, Juan Luis González Alcántara, en su escrito de renuncia, expuso su decisión de no participar en el proceso electoral extraordinario de 2025 por no estar de acuerdo en la manera como habrán de ser seleccionados los ministros.

“Esta renuncia no implica de ninguna manera mi aceptación –tácita o expresa– de las decisiones políticas adoptadas en meses recientes y conservo mi fe en que seremos capaces, como nación, como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos, de identificar el tremendo error que ello implica y corregir el camino antes de que sea demasiado tarde, antes de que hayamos derrumbado, en un suspiro, lo que generaciones se esforzaron décadas en construir”, externó.

Luis María Aguilar también presentó su carta de renuncia a la Cámara alta, a pesar de que su encargo concluye a finales de noviembre de este año, ya que “todo ciclo se cierra, y más cuando el legislador ha determinado modificar algunas normas de nuestra Constitución”.

Añadió: “El ejercicio de este cargo me ha permitido pronunciarme en los delicados e importantes asuntos del conocimiento del Tribunal Constitucional Mexicano, procurando siempre velar por la justicia y por la protección de los derechos humanos de todo habitante de nuestro país”.

Alberto Pérez Dayán sólo se ajustó a notificar su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte, y su decisión de declinar participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, para la elección de ministros de la SCJN.

En el caso de Javier Laynez Potisek, notificó al presidente de la Mesa Directiva del Senado –sin poner el nombre de éste en la carta– que “hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, a celebrarse el 1º de junio de 2025, para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En consecuencia, tal como lo exige el párrafo segundo del artículo séptimo transitorio de la reforma citada, presento mi renuncia anticipada al periodo constitucional para el que originalmente fui designado como ministro de la Suprema Corte”, agregó.

El martes, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo anunciaron también su renuncia al cargo de ministros de la Corte, además de su intención de no participar en la elección popular de 2025, donde se elegirán jueces de Distrito, magistrados de Circuito y ministros.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que si las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echan abajo la reforma judicial, en la parte que se refiere a la elección de jueces y magistrados, atentarán en contra de la Constitución.

Al criticar nuevamente el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que plantea invalidar los comicios y sólo mantener los que significarán la renovación de las plazas que ocupan los ministros y los magistrados electorales, subrayó que, de aprobarse, los integrantes del tribunal pleno estarían incurriendo en una violación a la propia Constitución, debido a que al anular una parte de la reforma a la Carta Magna se estaría yendo en contra del artículo 135.

Explicó que esta parte es la que establece que el único Poder que puede reformar la Constitución es el Legislativo, más no el Poder Judicial (PJ) desde la Corte.

“Entonces, por eso el día de ayer (martes) yo planteé, más allá del monto del haber de retiro (de los ministros), a ver si estos ocho ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la Constitución”, cuestionó.

También se refirió a ellos como autoritarios, por pretender incurrir en lo que sostiene: que modificar la Constitución es una facultad que no les corresponde.

“Dicen (el PJ) que ‘la Presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros (ellos) lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución’. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial.

“La Corte puede decir: ‘Se realizaron mal estos procedimientos’. Éso sí podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió. Pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es: ‘Que se haga una nueva propuesta de Constitución, de reforma al Poder Judicial’. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, ocho personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el Constituyente”, manifestó.

Mencionó que los ministros tienen derecho a disentir de la reforma que, consideró, fue respaldada por la mayoría de la población.

“Por eso somos un país libre y democrático, pero de eso a que un ministro o ministra de la Corte se atreva a ser Constituyente… En ningún lugar el Poder Judicial es Constituyente; el Constituyente le corresponde al Poder Legislativo”, insistió Sheinbaum Pardo.

Así, la mandataria se pronunció por esperar a la votación que emitirán las y los ministros cuando discutan el proyecto que busca invalidar la elección de jueces y magistrados.

Sobre el pronunciamiento del presidente de la Mesa Directiva en el Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que no aceptarán la renuncia de las y los ministros que así lo plantearon, la Presidenta dijo que es una decisión que corresponde a ellos.

“Les corresponde a ellos. Lo importante es lo que están planteando en este documento, como lo decía ayer; aquí nos juzga la historia, el pueblo y la historia. Vamos a ver qué deciden los ministros de la Corte, que pueden no estar de acuerdo y pueden renunciar”, comentó.

Reconoció que tienen derecho a renunciar, pero no a cambiar la reforma constitucional al PJ.

Añadió que en la propia reforma que se aprobó en el Congreso se estableció que quienes renuncien tienen derecho a recibir el haber de retiro y también a no participar para reelegirse como ministros de la SCJN.

“Y también, pues ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional; o pueden postularse y decir: ‘a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo’. Igual un juez puede decir: ‘yo me retiro’, o puede decir: ‘no, a ver, yo me postulo’”, ilustró.

Senadores del PRI, Movimiento Ciudadano y PAN exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a discutir de inmediato el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que invalida parcialmente la reforma constitucional al Poder Judicial.

Alejandro Moreno, senador y líder del PRI, dijo que es necesario que la Corte resuelva ya las acciones de inconstitucionalidad y amparos pendientes para que se evite una crisis constitucional de incalculables consecuencias.

“Se puede discutir el día de mañana, dado que Morena y el oficialismo está queriendo constituir rápidamente el aprobar las reformas que tienen y meter esa mal llamada reforma de la impugnabilidad”, enfatizó.

El coordinador de MC, Clemente Castañeda, consideró que la Suprema Corte debe apresurar el paso, de lo contrario su resolución hasta el martes próximo, como está programado, podría ahondar la crisis constitucional, o quedar como una sentencia testimonial, sin efectos prácticos.

“Las prisas que trae el oficialismo de sacar esta reforma de supremacía constitucional a como dé lugar el día de mañana, pues tiene que ver con meterle mucha más presión a la Corte (...) que no postergaran esta discusión, porque lo único que podría suceder es que se podría ahondar una crisis constitucional”, apuntó.

Ricardo Anaya del PAN, urgió a la Corte a que resuelva para frenar este retroceso al Estado de derecho y a la democracia.

“Un llamado muy respetuoso a la Suprema Corte para que reconsideren como originalmente estaba previsto votar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara mañana mismo, porque de enviar esa votación hasta el martes se va a profundizar la crisis constitucional”, advirtió.

En la sesión de ayer, la renuncia de ocho ministros y el proceso de insaculación generó un nuevo debate en el pleno, donde la oposición demandó que por congruencia los exministros Olga Sánchez y Arturo Zaldívar, ahora en Morena, renuncien a sus haberes de retiro.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca señaló que, si no se acata la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del próximo 5 de noviembre, se entenderá que ya no se cuenta con el tribunal supremo.

“Si no se acata una resolución de la Corte, el pueblo en términos generales sabrá que no cuenta con una Suprema Corte de Justicia y que las resoluciones son para colgarse o para archivarse o para guardar. Yo creo que nadie en este país querrá una resolución que, de antemano, se diga, no se va a cumplir”, declaró en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que los ministros pueden votar por el proyecto, ya que si bien se han pronunciado tanto a favor como en contra de la reforma al Poder Judicial, hay libertad de expresión, así como la Presidenta pedía que se votara el proyecto que este presentó el pasado lunes.

Asimismo, fue cuestionado sobre los señalamientos que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que los ministros presentaban su renuncia para “retirarse con un montón de dinero”. “El ministro Arturo Zaldívar se fue con la pensión más elevada que se ha dado en los últimos años. Los ministros que cumplían con un requisito y que era una presentación que había en el momento de izar, es lo que la ley establecía.

“Si la Presidenta considera que las cantidades que se nos aportarían serían lo que estamos defendiendo, yo le diría que está equivocada, por eso mismo no he decidido si presento o no presento mi renuncia”, respondió.

Aseguró que los ministros decidieron que se vote el proyecto hasta el próximo martes con la intención de estudiar bien el proyecto que presentó y posteriormente votarlo. Aseguró que a pesar de que se vote en la siguiente semana, estarían en tiempo para tomar una decisión.

“Se trata de una promoción que presentan los partidos políticos; como se recordará desde hace tiempo, ya se les da a ellos la posibilidad de acudir en una acción de inconstitucionalidad. Hay quien ha dicho que no son posibles estas cosas. Nosotros decimos que sí, porque no estamos ante un amparo, como erróneamente se ha manifestado en algunos medios, sino que estamos en presencia de una acción de inconstitucionalidad y la ley reglamentaria establece muy claramente la posibilidad de que las minorías parlamentarias acudan en esta vía a cuestionar o a pedir que sea revisada su constitucionalidad”, expulsó el ministro.

Aseguró que los legisladores se enfrentaban “a lo que puede ser una de las peores crisis constitucionales del país. Nosotros sabemos que cuando hay esa cohesión de poderes entre el Ejecutivo conjuntamente con el digital latino y el judicial, el poder que más pierde en cualquier parte del mundo es el poder judicial porque es la rama más débil de esta trilogía de poderes que existen en el mundo”.

Mencionó que lo que se busca con el proyecto que presentó es encontrar un punto intermedio y revisar con detalle los procesos de selección. Apuntó que la mayoría de la gente no conoce cómo se realiza una elección de magistrados ni cuáles son las funciones de estos.

Por otro lado, los ministros pueden determinar la destitución de diputados, senadores e inclusive de la Presidenta, sin la necesidad de un desafuero, advirtió el ministro en retiro José Ramón Cossío, al explicar el posible escenario en caso de que la Corte apruebe el proyecto del ministro González Alcántara, y no sea acatado por los poderes Legislativo y Ejecutivo.

“Los ministros de la Corte pueden consignar directamente ante juez de distrito a las personas que consideren que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia para que se les aplique la pena porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se ha producido un delito contra la administración de justicia”, mencionó en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

Señaló que las autoridades consignadas no pasarían por un desafuero toda vez que es una decisión “que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara (de Diputados), ni tampoco tiene que pasar por la Fiscalía. Es el único caso donde se rompe lo que se llama el ejercicio de la acción penal”.

Detalló que los ministros del máximo tribunal, al considerar que existe un desacato por parte de los poderes Legislativos y Ejecutivo, con base en la fracción 16 del artículo 107 constitucional y sus aplicaciones al 105, “podrían considerar que hay que remover, destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia”.

El exministro apunto que el Congreso podría “responder” dando apertura a un juicio político en el que la Cámara de Diputados se constituiría como órgano de acusación y el Senado como órgano de sentencia.