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Morena en San Lázaro va por extinguir fondos y fideicomisos del Poder Judicial

Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, elaboró una iniciativa con la que se busca extinguir fondos y fideicomisos del Poder Judicial
  • Por Redacción
Morena en San Lázaro va por extinguir fondos y fideicomisos del Poder Judicial

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, ha elaborado una iniciativa con la que se busca extinguir fondos y fideicomisos del Poder Judicial.

El proyecto del morenista acusa que este poder ha incumplido dos de cinco condiciones para su legitimidad: rendición de cuentas y austeridad.

Sobre esta última, Mier Velazco señala que hay "cuestionamientos" sobre 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura que en suma representan 20 mil 149 millones de pesos "y sus recursos principalmente se utilizan para mantener las prestaciones de las y los ministros, consejeros y magistrados durante toda la vida".

Asegura que solo uno de ellos, el Fondo para la Administración de Justicia cuenta con un sustento dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El diputado afirmó que el resto de los fideicomisos deben ser considerados como públicos, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

"La acumulación de recursos en estos fideicomisos ha generado críticas tanto por su elevado monto, como por el hecho de que se relacionan, mayormente, con prestaciones especiales y más aún que son utilizados como bolsas de ahorro financiadas de origen con recursos públicos", aseguró.

En la exposición de motivos el diputado asegura que sólo se busca tener control de los fideicomisos públicos en este Poder de la Unión, para que, con respeto a las disposiciones constitucionales, y sin menoscabar en lo absoluto ningún derecho salarial o laboral adquirido, se reintegren a las finanzas del Estado mexicano.

Además, especifica que solamente se deberán conservar los fondos y fideicomisos previstos por la Ley orgánica del poder judicial aprobada en el Congreso.

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