Más seguridad a aspirantes, exigen ante proceso que suma 11 decesos

En uno de los inicios más violentos de los procesos electorales, con el asesinato de 19 candidatos desde que se iniciaron los comicios 2023-2024, actores políticos, principalmente de oposición, urgieron a las autoridades a que haya más acciones que garanticen la seguridad del proceso, de todos los candidatos y hasta de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) que recorren el país, así como de los ciudadanos que participarán en las casillas.

Exaspirantes a cargos de elección popular que participaron en los comicios del 2021, que hasta el momento son reconocidos como los más violentos —se registraron 91 asesinatos de políticos, de los cuales 36 eran candidatos, además de que hubo mil 066 agresiones en contra de actores políticos—, advirtieron que no ven que las medidas implementadas realmente sean funcionales para garantizar su seguridad.

Una excandidata a la presidencia municipal al poniente del Estado de México aceptó conversar sobre su experiencia como candidata del PRI en el 2021, cuando tenía todo para ganar, con excepción, dijo, de la aprobación de La Familia Michoacana.

“Yo iba por el PRI, uno de los principales centros turísticos del Estado de México, al poniente, y mi historia fue muy conocida en su momento, me bajaron a put…, literalmente; me amenazaron por todas las vías, a mí, a mi familia. La verdad, cuando escucho los discursos sobre violencia política de género es casi para reírme. No me burlo de quienes lo padecen, pero no es lo mismo que se burlen de ti en un tuit o X, como se llame, a que lleguen en la madrugada y rafagueen tu casa.

“¿Crees que sirve de algo que notifiques al partido para que el partido le diga al INE o al IEEM (Instituto Electoral del Estado de México) y que le digan a la mesa de seguridad del estado, que además saben perfectamente bien lo que está pasando, pero no hacen nada? Ya para cuando se activan, ya te mataron, mataron a tu madre, a tu padre, a tus hijos y te bajaron de la campaña”, declaró a La Razón, bajo condición de anonimato.

Sostuvo que si en el 2021 no era viable participar en las elecciones, “ahora que el crimen organizado está más interesado en reforzar su control en algunas zonas, como en la que a mí me correspondía, porque comprenderás que ya no estoy allí. Ni siquiera me imagino cómo van a sobrevivir los candidatos ahora, a menos de que busquen la ‘bendición’ de aquellos o que ellos los pongan”.

Bajo esta premisa de reserva de su identidad, un exaspirante a diputado federal en Tabasco aceptó también declarar sobre la situación que enfrenta el estado y señaló que el distrito por el que buscaba una curul en San Lázaro incluía el municipio de Cárdenas, “que recientemente se hizo famoso hasta Colombia por el ‘secuestro voluntario’ de varias colombianas”.

“Si me permites, te diré que soy experredista y eso hará clara la obviedad de que soy parte del partido que casi es el único que existe aquí ahora, pero que no quiero mencionar por obvias razones de sobrevivencia política, pero la realidad es que en ese entonces yo no era el elegido por la dirigencia del partido para la diputación y tampoco contaba con las simpatías del crimen que opera en la región”, explicó.

—¿Eso significa que hay complicidad entre el partido y el crimen organizado?–, se le cuestionó.

—No quiero acusar a mi partido de ese modo, pero cada candidato casi casi tiene que pactar la posibilidad de hacer campaña y, si no lo haces ni tú ni el partido, en su caso, no puedes hacer campaña y te arriesgas. Yo no lo hice; entonces, no tenía posibilidades. No lo hice, porque tampoco me alcanzaba para el pago; o cubres cuotas de partido o cubres campaña o cubres cuotas de aquellos, ¿qué haces? Ante esto, ¿qué protocolo de seguridad sirve? Ninguno.

La misma expresión de desánimo expresó un excandidato a presidente municipal de Michoacán, quien mencionó que participó bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero voluntariamente abandonó la contienda ante las amenazas que recibió.

“Yo recibí amenazas, nunca me dijeron por qué no me querían, pero el mensaje fue claro y tan es así que a varios de nosotros los mataron, fueron candidatos en los municipios. No lo pensé más y lo dejé. ¿Crees que así sirven sus protocolos de seguridad? Discúlpame, son ridículos, a nosotros nunca nos apoyaron”, dijo.

Sostuvo que particularmente mataron a miembros del PVEM: “No me quiero victimizar, pero en ese entonces hubo mucha inconformidad con muchos de nosotros, pero eso no tiene que ver con el partido, es un asunto más individual, muy particular, según la zona. Al paso que vamos, no va a haber candidatos en ningún lugar del país, porque quién va a ser el valiente, el tonto o el cómplice”.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que le “preocupa y ocupa” lo que pasó en el municipio de Maravatío, en donde el lunes por la noche fue asesinado el aspirante del PAN a la alcaldía, Armando Pérez Luna, con lo que sumaron dos precandidatos ultimados ese día.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que es necesario “blindar” el proceso electoral y mencionó que “hay grupos de delincuentes que pretenden influir en la decisión de candidatos o pretenden también hacerse del control político del poder en algunos municipios; eso también lo tenemos claro, por eso atendemos todas las situaciones que se presentan en este sentido”.

Ramírez Bedolla pidió a los aspirantes a cargos de elección popular que no busquen el respaldo de grupos delictivos, “porque es vox populi que, para ganar una elección, cosa que es falsa, hay que pedirle permiso a algún maloso; no, porque terminan secuestrados, extorsionados, entonces, mejor que no busquen la salida errónea”.

El jefe del Ejecutivo estatal indicó que hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Michoacán no le ha comunicado avances sobre los asesinatos de los aspirantes de Morena y del PAN a la Presidencia Municipal de Maravatío.

Y enfatizó: “Cualquier aspirante de cualquier partido o independiente que requiera que le brindemos seguridad, que nos lo informe, que tenga la confianza de hacerlo”.

El gobernador precisó que hay alrededor de 11 aspirantes a algún puesto de elección popular que ya cuentan con protección, aunque acotó que no podía dar más información, por seguridad.

Por su parte, el presidente municipal de Maravatío, José Jaime Hinojosa Campa, coincidió con el mandatario en que grupos de la delincuencia organizada buscan influir en las elecciones para ganar poder político y aseveró que algunos candidatos a distintos cargos “se han visto obligados a platicar con la mafia, por la presión que ejercen”.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Hinojosa Campa aseguró que las disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Zinapécuaro han provocado violencia en el municipio que gobierna.

Dijo también que los dos aspirantes asesinados el pasado lunes con horas de diferencia eran “personas honorables y conocidas en la comunidad”.

El edil perredista indicó que la violencia en Michoacán no es un problema nuevo, sino que lleva muchos años sin que se haga nada. Acusó que a los candidatos se les ha dejado solos, “y una de las consecuencias, es lo que se vivió en Maravatío”.

En tanto, ayer se informó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones relacionadas con ambos asesinatos y ordenó trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la necropsia de ley.

Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre detenidos, ni si las víctimas habían recibido amenazas.

Por la mañana, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Michoacán condenó el asesinato de su precandidato en Maravatío, Armando Pérez Luna, así como el de Miguel Ángel Reyes Zavala, aspirante de Morena, ocurridos durante la noche y la tarde del pasado lunes, respectivamente.

En un comunicado, la presidenta del CDE panista, Cuquita Cabrera Hermosillo, exigió a las autoridades “realizar investigaciones profesionales, que permitan esclarecer los hechos y detener a los responsables”.

También hizo un llamado a los Gobiernos federal y estatal “a dejar de ser cómplices de la grave ola de violencia que viven Michoacán y el país, y cambiar la falsa y fallida estrategia de seguridad de abrazos y no balazos”.

Más tarde, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, señaló que hasta el momento cuatro aspirantes de su partido a cargos de elección popular se han bajado de la contienda electoral local, por la inseguridad, y añadió que hay dos, aún en la pelea, que han recibido amenazas.

Valencia Reyes calificó los homicidios del pasado lunes como “actos terroristas”. Aseguró que “hay miedo” en el estado por la inseguridad en varias regiones, y señaló que eso impide a los aspirantes a algún cargo participar y buscar en forma libre y tranquila el voto de la ciudadanía.

El Laboratorio Electoral advirtió que detrás de los crímenes relacionados con violencia política en el país, de los cuales van 11 cometidos contra candidatos este año —dos contra mujeres—, hay una “herramienta” del crimen para influenciar el voto y la vida pública de municipios y estados y, a sólo dos días de que se inicien las campañas, no hay seguridad para los aspirantes.

Uno de los homicidios recientes es el de Miguel Ángel Zavala, precandidato por Morena a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, quien fue víctima de un ataque armado el lunes pasado. Uno de los miembros de su equipo conversó con La Razón y aseguró:

“Si hablo es sólo porque queremos que volteen a ver al municipio, ya que están agarrando parejo y estamos seguros de quiénes son. Quienes deben responder son los partidos y no lo hacen, dicen que hasta que se pidan las medidas de protección, pero en lo que piden, ya te matan, como ocurrió con Miguel Ángel”.

Para el militante morenista esto tiene una estrecha relación con los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, grupos que se disputan el control de diversas actividades ilícitas en el oriente del estado, y cuando los candidatos no ceden a sus peticiones, los ultiman, como sucedió con el abanderado del partido guinda en la alcaldía michoacana.

En el proceso electoral 2023-2024, el Laboratorio Electoral dio cuenta de que, hasta el momento, se han registrado 67 casos de violencia electoral entre el 4 de junio del 2023 y el 27 de febrero del 2024. En total, en el periodo mencionado han sido asesinadas 39 personas, de las cuales 19 eran aspirantes a una candidatura: ocho durante el 2023 y 11 en lo que va del 2024; es decir, en promedio ha sido asesinado algún candidato cada cinco días en este año.

En el 2018 el PRI fue el partido con el mayor número de víctimas electorales mortales, pero en el 2021 y el 2024, hasta la fecha, Morena ha registrado la mayor cantidad de víctimas. De hecho, militantes morenistas han manifestado, como en el caso del colaborador de Miguel Ángel Zavala, que “no hay garantías de seguridad ejercidas desde el partido, sino hasta que soliciten la seguridad que muchas veces no llega a tiempo”. Los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de las 32 entidades federativas.

La organización Data Cívica también realiza un monitoreo para entender cómo el aumento de la violencia ha ido teniendo fuertes impactos en la vida democrática del país. En su más reciente proyecto Votar entre balas, advierte que el narcotráfico es la principal amenaza para llevar a cabo elecciones de manera pacífica y democrática.

Ante este escenario, Arturo Espinosa Silis, consultor electoral y director del Think Tank Laboratorio Electoral, dijo que “se debe tener un nivel de seguridad tan grande como el actual proceso”.

Con la limitante de no estar facultados para intervenir de otra forma ante los asesinatos y demás atentados que no cesan contra candidatos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) instaló ayer el Grupo de Trabajo para el seguimiento al proceso electoral, cuyo objetivo será evidenciar cada ataque violento e intromisión gubernamental en los comicios rumbo al 2 de junio.

El presidente de la Jucopo, Jorge Romero, dijo que es responsabilidad de todos impedir que se cruce una línea que derive en perder la conducción del Estado, pues expresó que ya es preocupante el crecimiento de este fenómeno.

En entrevista previa, el panista comentó que “no estamos facultados para más”, en referencia a que este grupo no podrá tener más alcances que el de exhibir la situación para que, a partir de ello, sean las autoridades quienes tomen acción.

El coordinador perredista, Javier Huacus, dijo que es irrenunciable que los comicios sean sometidos a la violencia que domina al país y que ahora se ve con temor la injerencia de grupos que pretenden atemorizar a candidatos y ciudadanos, por lo que afirmó que peligra la estabilidad política en las elecciones.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que su bancada optó por apoyar la propuesta de este grupo, planteada por el coordinador priista, Rubén Moreira, porque se trata de un asunto de congruencia y consistencia política, pues es algo que se preveía atender desde el planteamiento de la Reforma Electoral.

Bajo esta línea pidió dejar a un lado el debate político-electoral para no “contaminar”, pues dijo que por su parte podría hacer un balance sobre qué hacen los gobiernos locales y remarcó que todo tiene un antecedente.

Insistió en que se debe revisar el andamiaje legal y que el trabajo de este grupo se ciña a lo acordado, sin intención de sustituir a las instituciones facultadas para diversas acciones electorales.

El priista Rubén Moreira subrayó que la Cámara baja no puede abdicar de las atribuciones que tiene, pues recordó que junto al Senado tiene responsabilidades en materia de seguridad para vigilar la participación de las autoridades.

Los dirigentes nacionales del PAN y el PRD exigieron a la autoridad electoral crear mapas de riesgo y protocolos de actuación para proteger a candidatos y ciudadanos en las elecciones.

El dirigente blanquiazul, Marko Cortés, repudió la ola de violencia que se vive en el estado de Michoacán y condenó el homicidio de Armando Pérez Luna, candidato a la alcaldía de Maravatío.

Exigió frenar la ola de violencia que se vive en el país e hizo un llamado al INE a establecer medidas urgentes de seguridad para el proceso electoral. Lamentó que en menos de un día hayan asesinado a dos precandidatos a la alcaldía de Maravatío, lo que habla del gravísimo nivel de violencia e inseguridad que se vive en el país frente a los comicios más importantes de la historia.

Reiteró el llamado a generar mapas de riesgo, convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales y crear filtros de investigación.

El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, exigió al INE poner sobre la mesa la discusión del tema del protocolo necesario de seguridad para las y los candidatos y sacar un acuerdo de todos los partidos por la paz y la estabilidad de las elecciones.

“El INE ya estableció con el Gobierno federal un mecanismo de protección a candidatos. En el análisis de la consultora Integralia se advirtió que las bandas delincuenciales principalmente se van por las y los aspirantes a las alcaldías, porque esa es su manera de controlar esos lugares”, dijo.

Señaló que el Gobierno tiene que poner énfasis en estos actos y asegurar que las campañas electorales se lleven en paz y seguridad para votantes y aspirantes.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma de la Cruz, alertó por “la ola de violencia política contra las mujeres”, en lo que va del año se han recibido 24 quejas, para dar un total de 374 —de abril del 2020 al 15 de febrero del 2024—.

Lo anterior, durante la presentación del último informe de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por parte de la Secretaría Ejecutiva del organismo.

“Las campañas no pueden ni deben ser el pretexto para el uso de tácticas desleales para amenazarlas, intimidarlas y pretender que se alejen de la política, por el contrario, tienen que ser espacios donde puedan contrastar sus propuestas”, dijo.

En la sesión del Consejo General del organismo, la consejera De la Cruz consideró que es momento de que partidos políticos, autoridades electorales, medios de comunicación y sociedad civil cambien el lenguaje de normalización de violencia, mientras que las mujeres candidatas deben interponer una denuncia.