Jufed amaga con ir a últimas instancias en defensa del PJ
Frente a la reforma judicial que se avecina, la jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), advirtió que “llegaremos hasta las últimas instancias, nacionales e internacionales, para defender el derecho de autonomía” del órgano, y remarcó que, aunque el paro de labores será la última medida, están decididos a llevarlo a cabo.
“La suspensión de actividades la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales”, expuso a La Razón.
Señaló que, aunque se habla de una división dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), esto es “falso”, pues sostuvo que sólo se trata de estrategias para debilitar el músculo de este sector del Estado mexicano.
La juzgadora dijo que el camino que sigue, de aprobarse la reforma, definitivamente es poner freno a las labores de este órgano, lo cual, dijo, sería lamentable, ya que no se han dado cuenta del impacto que esto traería a la sociedad.
“Al amparo de nuestro deber de defender la independencia judicial, las personas juzgadoras pedimos a la legislatura y gobierno entrantes que detengan en septiembre el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada”, ratificó la jueza, quien advirtió que, de no hacerlo, se dará el paro nacional de labores en el PJF.
Agregó que, contrario a lo que se ha informado cuando dicen que esta reforma no afectará en nada a los trabajadores de este poder, esto no es cierto y dijo que la Jufed, que representa a 55 mil trabajadores judiciales en los 32 circuitos del país, ha determinado seguir la línea de las protestas que seguirán en el país, hasta tener “un diálogo real y no simulado”.
La representante de los juzgadores advirtió que si la reforma al PJF se aprueba en los términos propuestos por el Ejecutivo, podría provocar inestabilidad porque, dijo, se corre el riesgo de que los juzgadores terminen al servicio de intereses particulares, políticos y del crimen organizado.
Por separado, Rosa Elena Alonso Méndez, secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, dijo a este diario que es necesario que expliquen cómo será el procedimiento para ejercer el voto popular y cómo se va a garantizar que las y los juzgadores del país cuenten con la preparación necesaria, y afirmó que debido a que no han sido escuchados de manera legítima, ya preparan otras vías.
“Acudiremos a instancias internacionales en caso de que se apruebe la reforma al Poder Judicial en sus términos; vamos a llegar a las últimas consecuencias; el sistema de elección de jueces en la actualidad es independiente de la cuestión política. No queremos que se politice la justicia, eso es lo que no queremos”, afirmó.
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