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Jueza reafirma que SEP violó la ley educativa

Las autoridades educativas violaron reiteradamente la ley en el proceso para los nuevos libros de texto, que ya estaban impresos meses antes de que existieran los programas de estudio respectivos
  • Por Redacción
Jueza reafirma que SEP violó la ley educativa

Las autoridades educativas violaron reiteradamente la ley en el proceso para los nuevos libros de texto, que ya estaban impresos meses antes de que existieran los programas de estudio respectivos, explicó la jueza federal Yadira Medina Alcántara.

Los libros de texto exhibidos por las autoridades ante la jueza fueron impresos en enero (para primer grado), febrero (segundo), abril (tercero), abril y mayo (cuarto), junio (quinto y multigrado) y julio (sexto) de 2023, mientras que los planes de estudio para cada grado fueron publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta el 15 de agosto, a menos de dos semanas del inicio del ciclo.

“El procedimiento utilizado por las autoridades carece de relevancia jurídica, ya que primero se imprimieron los libros y posteriormente se aprobaron, y después se aprobó y ordenó la publicación de dichos programas de estudio cuando esto último debe realizarse primero, porque aquellos (libros de texto) se deben ajustar a los programas de estudio y no a la inversa”, explica.

La jueza también advirtió que el plan de estudios, que es la base del proyecto que se refleja en los libros, es de dudosa constitucionalidad, pues otro juez federal, Francisco Javier Rebolledo, concedió el 16 de junio un amparo en el que impuso condiciones para su aplicación general en el ciclo 2023-2024, sentencia que aún está en revisión.

De esta manera se hicieron públicos los detalles del amparo promovido por la Unión de Padres de Familia, que solicitan a la SEP frenar la distribución de libros de texto y aunque se deja ver que la autoridad educativa sí imprimió libros sin programas de estudio.

Se advierte que la sentencia de la jueza no obliga a la SEP a cumplir, ya que para éste se acate debe ser respaldado por un Tribunal Colegiado, lo que llevará al menos tres meses.

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