Juez amaga con multas al INE por “desacato”

Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Colima, ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) ¿frenar el proceso electoral para elegir a ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales planteado para al año entrante.

Añadió que en caso de que no se detenga este proceso, se impondrá una sanción económica de más de 54 mil pesos a cada consejero electoral, y presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia para que sean llevados a juicio por el delito de desacato.

Señala que el Consejo General del INE debe abstenerse “de implementar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, asimismo no emita acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025”.

Esta resolución se publicó como parte del juicio de amparo número 1125/2024, promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, misma que señala: “requiérase por última ocasión al Consejo General del INE (…) para que en el plazo de 24 horas contadas a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, acate los efectos de la suspensión provisional concedida en el presente incidente de suspensión”.

También establece que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal debe suspender el plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial, en lo que respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) y al órgano de administración judicial en lo que corresponde a sus funciones administrativas y de carrera judicial.

En cuanto al Senado, le ordena no emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del PJF y omita tomar protesta de su encargo de los juzgadores vencedores en la eventual elección el 1 de septiembre de 2025 así como realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan.

Con esta resolución también quedan impedidos la Cámara de Diputados federal, los congresos locales y el de la Ciudad de México para dar cumplimiento al decreto que surgió con la reforma al Poder Judicial.

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