INAI ordena a PRD pronunciarse sobre denuncia contra “corcholatas” por presuntos actos anticipados de campaña
Tras desentenderse de su competencia para responder a una solicitud de información, el Partido de la Revolución Democrática deberá pronunciarse respecto a la denuncia que presentó en contra del canciller, Marcelo Ebrard Casaubon; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por supuestos actos anticipados de campaña.
Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tras un análisis realizado por el comisionado Adrián Alcalá al recurso de revisión presentado por un particular.
Según se explica, la persona solicitante se inconformó con la respuesta del partido ante una solicitud respecto a la denuncia, sobre la que el PRD se declaró incompetente y sugirió dirigir la petición a la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Una búsqueda realizada por el comisionado ponente arrojó como resultado varias notas periodísticas en las que se asentó la denuncia presentada por este instituto político en contra de los funcionarios señalados.
Cabe recordar que el pasado 13 de junio, el representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral, Ángel Clemente Ávila Romero, los señaló por presuntamente incurrir en actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos, luego de un mitin al que los morenistas acudieron en Toluca, Estado de México.
Tras exponer diversos argumentos, el comisionado determinó que el PRD debe asumir competencia respecto a lo requerido, pues sí se presentó la queja referida por la persona solicitante y, por lo tanto, sí cuenta con tal información.
“Se debe respetar la democracia de nuestro país y evitar la transgresión de la libertad y voluntad de la ciudadanía en la emisión del sufragio, como a la equidad en la contienda política, para que no se afecte el correcto desarrollo del proceso electoral, lo cual preocupa cuando se trata de personas servidoras públicas, pues es nuestra responsabilidad velar por la preservación de la democracia y acatar las reglas establecidas en las leyes aplicables es un imperativo”, dijo Adrián Alcalá.
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