Hallan anomalías por 32 mmdp… y Segalmex otra vez con desfalcos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades por más de 32 mil millones de pesos en la administración pública, durante el 2022, de los cuales aún queda por aclarar una cifra superior a 29 mil millones.

En la tercera y última entrega de la Cuenta Pública 2022, se detalló que las anomalías totales de ese año fueron por 32 mil 894 millones 091 mil pesos, de los que se subsanaron tres mil 128 millones 187 mil pesos, por lo que quedan pendientes de justificar 29 mil 765 millones 904 mil pesos.

De este último apartado, la mayor responsabilidad recae en los estados, pues 22 mil 892 millones corresponden al gasto federalizado. En lo correspondiente únicamente a la tercera entrega, la ASF indicó que el monto por subsanar es de 23 mil 916 millones de pesos.

Al presentar el informe ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, el titular de la instancia, David Colmenares Páramo, señaló: “Hemos hecho bien las cosas, seguramente no hay ninguna institución que no tenga algún tipo de dinámica que retrase las cosas; sin embargo, creo que los resultados no están mal. Hemos tratado de trabajar con objetividad y hacer y decir las cosas bien”.

Detalló que con esto se integran dos mil 153 auditorías, lo que calificó como una cifra sin precedentes en la cobertura fiscalizadora de la ASF. Además, para el 2023 se contemplan dos mil 258 auditorías, con lo que seguirá creciendo el número de entes auditados.

Comentó que se requieren más esfuerzos, ya que actualmente el nivel recaudatorio del país se concentra en el nivel federal, mientras que el nivel municipal es el más bajo. Señaló que han encontrado áreas de mejora urgentes, como en universidades, cuyos recursos provienen de las aportaciones federales y estatales, y con lo cual muchas entidades no cumplen, lo que ha llevado a las instituciones a tener problemas graves para su operación, como la de Nayarit, que se encuentra en una “agonía presupuestal”.

Resaltó la identificación de la transferencia de dinero a cuentas bancarias para ocultar el rastro del uso de los recursos en adquisiciones de medicinas caducas y proveedores no localizados, entre otros.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano, reiteró el reclamo sobre las pocas denuncias que han derivado de las observaciones y además la falta de claridad sobre los procesos de aclaración de las anomalías identificadas.

También urgió a homologar los criterios y parámetros para determinar los pliegos de observación e irregularidades en las diversas entidades e instancias que son sometidas a una auditoría y así no se haga del tema un “asunto de especulación” para los entes involucrados.

Marco Antonio Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comentó que los resultados deberán encauzarse en sanciones ejemplares a los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción.

En otro sentido, acusó ante el auditor que en varias ocasiones los convenios de la ASF con las entidades federativas son usados con fines políticos para intentar presionar a municipios y funcionarios opositores, razón por la cual le pidió mantenerse vigilante, porque la instancia a su cargo no puede ser utilizada como un “instrumento de presión política de entes ajenos para pervertir la finalidad de las acciones, que es el combate a la corrupción”.

Arturo Hernández, de Morena, dijo esperar que se cuente con información objetiva y acorde al marco legal para analizar a profundidad los resultados y proceder contra quienes incurran en responsabilidades administrativas por acción, omisión o incompetencia, pero también para “evitar quemar en leña verde a funcionarios”.

Las irregularidades financieras en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) siguen presentándose, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó ahora un posible daño al erario que se gestó en el organismo en el 2022, por más de 177 millones de pesos, con lo que el monto pendiente que tiene por aclarar a la Federación, desde su creación, asciende a poco más de cuatro mil millones de pesos.

Como parte de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, presentada ayer a la Cámara de Diputados, la ASF indicó que se determinaron observaciones por 177 millones 854 mil 262 pesos correspondientes al organismo alimentario, identificado como la Conasupo de la 4T.

Una de las causas de esta anomalía fue el pago de un millón 113 mil pesos para el Servicio Administrado para Equipamiento de Centros de Acopio de 64 unidades móviles y otros.

Tampoco se realizaron pagos por sets de laboratorios, transportadores helicoidales y equipos de pesaje incompletos, y no aplicó deductivas correspondientes de los equipos reportados como reparable e inservible por 16 millones 471 mil pesos.

Además, rebasó el porcentaje máximo autorizado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 13.7 por ciento, equivalente a ocho millones 92 mil pesos.

Asimismo, no acreditó la existencia de 66 unidades vehiculares identificando la ubicación y resguardo, respecto de los servicios de arrendamiento de montacargas y unidades vehiculares sin opción a compra, por 18 millones 739 mil pesos.

Tampoco aplicó penas convencionales correspondientes a los días de atraso entre el traslado del grano del almacén de origen al almacén destino, del servicio de flete terrestre, por un millón 460 mil pesos, y del periodo de atraso en la entrega de los servicios de origen de destino por 125 millones 527 mil pesos. A esto se suman anomalías que figuran en el mismo sentido.

Derivado de esto, se determinaron cinco recomendaciones, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 10 pliegos de observaciones.

Una de las promociones de responsabilidad se emitió para que el Órgano Interno de Control en Diconsa, una de las filiales de Segalmex, realice investigaciones y, de considerarse necesario, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de servidores públicos que, al recibir costales de polipropileno para el programa Precios de Garantía, no verificaron que se cumplieran especificaciones técnicas fijas en el contrato que se firmó con Abacomex.

Segalmex fue fundado en el 2019 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo específico de garantizar la autosuficiencia alimentaria de maíz, trigo, arroz y frijol.

El 25 de octubre pasado, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén denunció en conferencia que las irregularidades de Segalmex, pero también las de Liconsa y Diconsa, sumaban 20 mil millones de pesos pendientes de aclarar entre los tres organismos, cifra que llegó a reducirse hasta en poco más de 50 por ciento, debido a las aclaraciones que se han hecho.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no previno “establecer programas de colaboración para el rescate de cuencas y acuíferos sobreexplotados” y con “acciones de vigilancia y control” de los mismos ante la disminución de las aguas nacionales superficiales en 52.6 por ciento, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la fiscalización al desempeño de la Conagua en la gestión de concesiones y asignaciones de las aguas nacionales, el órgano dependiente de la Cámara de Diputados encontró que la comisión no sustentó las acciones determinadas en el Programa Nacional Hídrico 2020-2024.

“Se identificó que en las sesiones del Consejo Técnico de la Comisión, de 2022, no se abordó de manera específica asuntos relacionados con la prevención de la sobreexplotación de las aguas nacionales”, agregó la ASF.

Sobre la tendencia de los indicadores de cantidad y conservación del líquido en las 757 cuencas existentes, dijo que el volumen de aguas nacionales superficiales disminuyó 52.6 por ciento, al pasar de 289 mil 290.5 hectómetros cúbicos (hm3) en 2016 a 137 mil154.4 hm3, en 2020, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las medidas para mitigar esta reducción.

Además, del total de cuencas, 455 disminuyeron su disponibilidad entre 2016-2020, mientras que en el caso de los 653 acuíferos, se observó que de 2012-2022 esa cantidad se encontraron en situación de sobreexplotación entre 107 y 111, “lo que evidencia que no se ha logrado avanzar en disminuir la sobreexplotación”.

Agregó que de los 653 acuíferos, 378 (57.9 por ciento) contaron con disponibilidad de agua, y 275 (42.1 por ciento) se encontraron con déficit. De estos últimos, 111 se reportaron con sobreexplotación.

Asimismo, observó que las regiones hidrológico-administrativas Cuencas Centrales del Norte, Aguas del Valle de México, Lerma-Santiago-Pacífico, y Pacífico Norte registraron los mayores porcentajes de acuíferos sobreexplotados con 35.4, 28.6, 24.2 y 20.8 por ciento, respectivamente.

En el periodo 2013-2020, la disponibilidad media anual total de los 653 acuíferos en las 13 regiones hidrológicas disminuyó en 20.2 por ciento al pasar de 22 mil 509.9 hm3 en 2013, a 17 mil 963.5 hm3 en 2022, mientras que la recarga se ha mantenido constante, con un volumen de entre 92 mil 270.7 y 92 mil 404 hm3.

Por otra parte, la ASF detectó irregularidades en la construcción de la presa El Zapotillo, localizada en los estados de Jalisco y Guanajuato, por un monto de 67 millones 83 mil 903.57 pesos, derivado de pagos en exceso, improcedentes o no se aplicó la retención a la empresa contratista por incumplimiento del convenio.

En la revisión de la Cuenta Pública 2022, el órgano fiscalizador revisó una muestra de 96.1 por ciento del monto reportado como erogado; es decir, mil 195 millones 763 mil pesos.

Durante 2022 se dieron más de 29 millones de pesos en becas como parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro a casi tres mil personas que no cumplían con los requisitos.

Así lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega de informes de auditoría a la Cámara de Diputados, donde se apuntó que hubo pagos efectuados por 29 millones 988 mil pesos en favor de dos mil 829 jóvenes.

Ninguna de estas personas cumplía con los requisitos para ser beneficiarios del programa, debido a que según el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, éstas sólo estuvieron inscritas en alguno de sus planteles hasta el segundo semestre del 2021.

Esto, a pesar de que uno de los requisitos indispensables, según las Reglas de operación, es ser alumno de licenciatura o técnico superior universitario con inscripción en el periodo escolar vigente en alguna universidad.

Lo anterior forma parte de un posible daño al erario por 490 millones 577 mil pesos que la ASF identificó en el sector educativo en su nivel federal, como parte del monto por aclarar derivado de observaciones que se hicieron a distintas instituciones del sector.

De estos, tres millones 944 mil pesos corresponden al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) debido a la falta de evidencias documentales para acreditar el servicio de limpieza y escobillado en azoteas de los departamentos de computación y prueba piloto, entre otras irregularidades.

Otros 283 millones 115 mil pesos emanan de anomalías de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; seis millones 996 mil pesos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo; 66 millones 981 mil del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez.

También se advirtieron irregularidades por 93 millones 837 mil en la Universidad Autónoma Metropolitana y cinco millones 741 mil pesos de la Unidad Pedagógica Nacional (UPN).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no acreditó el pago a servidores públicos y autorizó licencias laborales de funcionarios que no fueron acreditadas adecuadamente.

Al hacer una revisión de 14 partidas presupuestales que implicaron una muestra de 5.8 millones de pesos, que representaron 92.4 por ciento del presupuesto total ejercido en dicho rubro, que ascendió a 6.2 millones, detectó anomalías en los salarios designados.

De acuerdo con la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, el órgano electoral no acreditó el monto pagado a ocho servidores públicos con un nivel tabular no considerado en el tabulador autorizado.

“También se realizaron pagos a tres servidores públicos a los que les autorizaron licencias sin goce de sueldo, y en 24 casos no se acreditó que los servidores públicos remitieron en tiempo y forma la documentación requerida para obtener la citada licencia.

“Asimismo, respecto de los informes de actividades emitidos por los prestadores de servicio contratados por honorarios presentados para efectos de su pago, en 38 casos los informes se realizaron entre uno y 168 días hábiles posteriores para su entrega y, en otros ocho casos, dichos informes fueron entregados entre uno y 30 días hábiles posteriores a su entrega, y un prestador de servicio no presentó su informe de actividades”, detalla el reporte.

Las anomalías detectadas incluyeron “inconsistencias en la supervisión y control de los procedimientos de contratación, en la prestación de los servicios y adquisición de bienes, así como en la comprobación de los recursos ejercidos objeto de revisión, toda vez que en la contratación del servicio de materiales y útiles de oficina se omitió aplicar penas convencionales debido a la entrega de materiales de entre uno y 31 días hábiles posteriores al tiempo establecido en el contrato”.