Halla ASF desfalco por 3 mmdp en educación

Las entidades federativas incurrieron en un posible daño a las arcas públicas por un monto superior a tres mil millones de pesos a costa de los servicios educativos para los que la Federación les entrega recursos.

Así lo establece el informe consolidado de la Cuenta Pública 2022 que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, en el cual se apunta que en el sector educativo a cargo de los estados se identificaron anomalías por tres mil 993 millones 465 mil pesos, de los cuales se lograron aclarar 934 millones 696 mil, por lo que aún están sin justificar tres mil 58 millones 768 mil pesos.

De estas anomalías financieras, 253 millones 786 mil pesos fueron identificados en la tercera entrega de la Cuenta Pública.

Entre las novedades reveladas en este último paquete de informes se encuentran 29 millones 867 mil pesos que debe aclarar la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) –dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP)–, por irregularidades en el apartado de Previsiones, Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

De acuerdo con la auditoría 2022-5-25C00-19-0015-2023, se apunta que la instancia infringió la normativa en materia de la Ley General de Educación, del Manual de Operación del Catálogo de Centros de Trabajo y del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, al haber pagado salarios a trabajadores inactivos.

Se explica que la AEFCM realizó cuatro millones 800 mil 676 pagos a 113 mil 586 trabajadores, por un monto de 39 mil 925 millones 507 mil pesos, adscritos a cinco mil 581 centros de trabajo.

No obstante, se presume un posible daño al erario por 150 mil 226 pesos por 18 pagos a cinco trabajadores adscritos en centros de trabajo reportados como clausurados.

También se identificó otro posible desfalco por 28 millones 330 mil pesos a causa de tres mil 580 pagos a trabajadores que habían sido dados de baja definitiva de una institución.

Otro presunto daño se encontró en el gobierno del estado de Durango, entonces gobernado por el panista José Rosas Aispuro, debido al manejo que se hizo de los recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. El informe indica un monto por aclarar de 18 millones 822 mil pesos.

Entre las irregularidades se apunta que ya no reintegró a la Tesorería de la Federación recursos de este fondo que no estaban comprometidos, por 13 millones 212 mil pesos, así como rendimientos financieros por tres mil pesos.

Además, se realizaron pagos a trabajadores que solicitaron licencia sin goce de sueldo por cinco millones 606 mil pesos.

Otro estado en el que también se halló un posible daño fue en Oaxaca y respecto al uso del mismo fondo. En este caso, la cifra por subsanar es de 157 millones 30 mil pesos.

La anomalía identificada en el periodo en el que aún gobernaba Alejandro Murat apunta a que se infringió la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, por realizar pagos a trabajadores identificados como decesos.