Gobernadores de la 4T piden que Suprema Corte revierta freno a Plan B Electoral; firman documento conjunto
Gobernadores y gobernadoras de Morena y de partidos aliados firmaron un acuerdo con el objetivo de pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revierta el “arbitrario” freno al llamado “Plan B” de Reforma Electoral determinado por el ministro Javier Laynez.
"La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento", se lee en una primera parte del documento.
En el desplegado difundido en redes sociales, con la firma de 23 gobernadores de la Cuarta Transformación, aseguran que “es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias”.
Señalan que con este freno se impide la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de “un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables”. Consideran que desactivar el Plan B, en general, anula la legitimidad del Poder Legislativo.
“La determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales”, afirman los mandatarios.
En el documento se agrega que la decisión tomada por Javier Laynez “violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo”.
Quienes suscriben el documento afirman que la denominada 4T no será frenada por vías “tramposas” para favorecer a la “oligarquía”.
“La transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía”, mencionan.
El pasado 24 de marzo, el ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Plan B y suspendió, por tiempo indefinido, la aplicación de esa enmienda que busca disminuir las facultades operativas del instituto.
Luego de ello, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República anunció la impugnación, por lo que ahora la SCJN debe resolver.
Algunos de los mandatarios firmantes son: Rutilio Cruz Escandón Cadenas, de Chiapas; Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero; Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur, Claudia Sheinbaum Pardo, de la Ciudad de México; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, y Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, además de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.
Con relación al análisis de las reformas político-electorales correspondientes al 2022 y 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que, al 4 de abril del año en curso, se han admitido a trámite 132 controversias constitucionales.
De las 164 presentadas, van 132 admitidas a trámite, así como ocho acciones de inconstitucionalidad —de 14 promovidas— en contra de los Decretos 1 y 2 que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Se menciona que en cuanto a las impugnaciones al Decreto 1, se presentaron 161 controversias constitucionales y siete acciones de inconstitucionalidad, de las cuales se admitieron 131 y seis, respectivamente.
AM
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