Nacional

En foro de la reforma judicial, ministros plantean propuestas para resguardar independencia y preparación

Al plantarse frente al Poder Legislativo, donde existe la posibilidad de reformar al Poder Judicial para que sus integrantes sean electos por voto popular, ministros de la SCJN presentaron propuestas
  • Por Redacción
En foro de la reforma judicial, ministros plantean propuestas para resguardar independencia y preparación

Al plantarse frente al Poder Legislativo, donde Morena y aliados tienen la posibilidad de reformar al Poder Judicial para que sus integrantes sean electos por voto popular, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron propuestas, la mayoría para intentar salvaguardar la independencia y garantía de profesionalización en el ejercicio de los cargos, ante la coincidencia de que es necesario reformar para que haya justicia.

Con excepción de la ministra Lenia Batres, los demás integrantes del máximo tribunal advirtieron en el primer foro riesgos y coincidieron en que, si no habrá marcha atrás en la reforma, entonces ésta no transcurra con celeridad, sea gradual y no comprometa la preparación que se requiere para convertirse en juez, magistrado o ministro.

La presidenta de la Corte, Norma Piña, última en participar, puso a disposición de los legisladores una “agenda propositiva” que el Poder que encabeza trabajó desde enero junto a policías, estudiantes, profesores y demás sectores de la población, en ánimo, dijo, de que entre todos los poderes colaboren para mejorar el sistema de seguridad y justicia y poner a las víctimas al centro de las decisiones.

“La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial; lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma a éste implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver, de manera imparcial e independiente, los conflictos que surgen en una sociedad democrática…en la reforma judicial que nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad, las víctimas”, dijo.

En contraste, Lenia Batres presentó una propuesta complementaria para limitar al Poder Judicial a que respete a la Constitución y para que no “reviva” normas que el Congreso ha abrogado; para limitar la invalidación de leyes y que esto sólo se dé cuando se actualice un contenido “realmente inconstitucional”; suprimir la asignación “arbitraria” de casos a ministros, y eliminar la “supremacía judicial”.

“Para nuestra población en la justicia en México es cara elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, racista, clasista, misoginia. En una palabra, es injusta”, exclamó y recibió aplausos de los morenistas.

Otra propuesta fue de Yasmín Esquivel, quien dijo que “el mandato de las urnas es claro, no podemos ponernos una venda en los ojos ante una nueva realidad social”, que sugirió atender con elecciones, pero progresivas de forma que la elección no sea para sustituir a quienes llegaron por méritos y preparación, sino para cubrir las vacantes que queden ante casos como muerte, renuncia o retiro.

Su plan se basa en siete ejes para que la elección por voto sea para todos los ministros y miembros del Tribunal de Disciplina; también abogó por la sustitución progresiva de jueces y magistrados; garantía de idoneidad y excelencia; respeto a los derechos laborales de todos; observancia a la paridad de género; jueces cercanos a la gente y la justicia a todos por igual.

“La impartición de justicia es una función esencial del Estado Mexicano; requerimos jueces por elección popular, sí; y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales van a juzgar. La elección progresiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada”, dijo.

Algo similar planteó Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien en defensa de los filtros y la carrera judicial como garantes de la independencia, apuntó que la reforma impacta en más de mil 600 cargos que, de ser removidos, desajustar el funcionamiento y atención a casos que siguen bajo análisis para personas que buscan justicia.

Por ello sugirió que si se habrá de dar la reforma, al menos la sustitución de ese personal sea escalonada de manera que permita la colaboración entre quienes llegaron por el sistema de carrera judicial y las que emanen de la elección para así reducir las posibilidades de “afectación”.

Juan Luis Alcántara Carrancá consideró que la reforma no solucionará los problemas de justicia en el país y arriesga a la población porque terminará por politizar los nombramientos que se hagan, por lo que sugirió que en lugar de que el voto se emplee para sustituir se utilice para decidir la permanencia de juzgadores en el cargo.

Con un enfoque en el impacto económico, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, recalcó que una reforma “mal hecha” desencadenará consecuencias y convertirá a la justicia en una “subasta de jueces y magistrados” en donde habría incremento de costos que sólo beneficiará a quienes puedan costearlo.

Sugirió que la reforma debería incluir el mantener la profesionalización por medio de una escuela judicial autónoma; garantía de estabilidad; fortalecimiento de defensorías públicas y profesionalizacion de litigantes; revisión de poderes judiciales locales y fortalecimiento del arbitraje ante el riesgo de que la reforma fomente costos.

En el mismo tenor se posicionó Ana Margarita Ríos Farjat, al opinar que México una “dura y añeja realidad”, en referencia a que la población confundir a las fiscalías, procuradurías, comisiones de derechos humanos y búsqueda con el sistema judicial.

Las alternativas que puso sobre la mesa fueron fortalecer a los poderes judiciales en estados para que no sean más “cuotas” de partidos, para lo cual sugirió exámenes y fortalecimiento de la formación de sus integrantes por medio de la Escuela Judicial, a la cual también se encargaría de certificar las escuelas de abogados para combatir los planteles “patito”.

En otro punto, retomó la propuesta de las clínicas de asesoría jurídica gratuita para que jóvenes abogados ayuden en zonas marginadas en busca de que solucionar y evitar problemas comunitarios. Recordó que esto fue propuesta del presidente López Obrador en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que calificó como “lamentable” que no se hubiera empujado.

“Si pensamos con generosidad surgen ideas creativas útiles y realistas desde un enfoque desconfiado egoísta no surge nada verdaderamente valioso o transformador”, dijo.

JVR

Tags: