En CJF prevén ajustes en el camino; reforma “no es panacea”

La reforma judicial promulgada este 15 de septiembre por el Presidente Andrés Manuel López Obrador “es una verdadera revolución pacífica” del sistema de justicia en México; sin embargo, no es la panacea para acabar con la corrupción en el Poder Judicial (PJ), pero es el primer paso, aseguró el consejero de la Judicatura Federal Bernardo Bátiz Vázquez.

En entrevista con La Razón, el exprocurador de justicia de la Ciudad de México afirmó que no hay elementos jurídicos para que un juez ordenara una suspensión para que el mandatario federal no publicara el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La reforma “es un paso fundamental, no es la panacea, se tiene que hacer mucho trabajo, se tiene que buscar que los perfiles de los candidatos sean los adecuados para juez. Yo alguna vez he dicho, y lo repitieron varias veces en las consultas, que no cualquiera puede ser juez; se requiere capacitación, un título profesional que la misma Constitución exige”, dijo.

Explicó que los tres poderes que van a proponer a los candidatos a ministros deben cuidar que no sea alguien impreparado, no ser solamente licenciados en derecho o abogados; (deben ser) juristas que acrediten su honorabilidad, independencia, que no es nada externo.

“La independencia de los jueces no viene de fuera; es individual, cada quien. Escoger bien y responder ante el pueblo que los elige no es una panacea, pero sí es un gran paso para, primero, establecer una igualdad que no la había entre los tres poderes y, segundo, para avanzar en una justicia más cercana a la gente”, dijo.

Asimismo, el maestro Bátiz Vázquez consideró que las leyes secundarias que deberán adecuarse como siguiente paso a la reforma constitucional al sistema de justicia “no será un trabajo fácil, sino difícil, arduo”.

Agregó que se necesitan reformar también las leyes secundarias para adecuarlas a la nueva forma de elegir integrantes del Poder Judicial, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta jueces.

“Eso es un trabajo que va a requerir que se afinen muy bien las leyes procesales, procesal civil, procesal penal, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; son leyes secundarias; entiendo que ya se está trabajando en el Poder Legislativo, pero en el Poder Judicial y en el Consejo (de la Judicatura) estoy seguro de que estaremos listos para colaborar, dar nuestras opiniones, participar en diálogos o consultas”, mencionó.

El consejero de la Judicatura añadió que en esta labor se debe actuar de buena fe, “no para —como lo intentaron— frenar, no para ver si se sabotea el proceso, sino para que sea mejor el proceso, pero que camine. Ya se aprobó quién tiene facultades para ello, pues ahora que funcione bien”, agregó.

Consideró que se ha exagerado en que los ministerios públicos o los policías, que son los primeros respondientes, no aporten las pruebas suficientes para sustentar los casos ante un juez.

“Se habla de que hay un pequeño porcentaje de delitos que se castigan, comparado de los que se cometen, y cuentan a partir de las denuncias, y la verdad, muchos litigantes hacen denuncias; ahí también ellos tienen que rendir cuentas a la sociedad.

“Hacen denuncias en un asunto familiar, civil o mercantil que debiera caminar por los cursos de la justicia civil, y lo meten como delito; entonces, los Ministerios Públicos, como una presión, los agentes del MP, los fiscales no siempre tienen a su alcance todos los elementos de prueba; se pueden tardar, hay intereses de los litigantes también que deben regularse”, afirmó.

Bátiz Vázquez apuntó que la reforma judicial es un gran primer paso, pero faltan detalles que afinar, pero “si no se hubiera dado este paso, pues nos quedaríamos en una justicia anacrónica”.

Sobre el rezago en el Poder Judicial, opinó que la mayoría de los asuntos, quizá 60, 70, 80 por ciento, se resuelve dentro de los plazos, aunque, abundó, muchas veces los propios procesados por algún delito están interesados en dejar que pase el tiempo para su sentencia.

“Los que están sujetos a proceso quieren esperarse a que cambien algunas autoridades, encargan a sus mismos abogados que dilaten los asuntos, están preparando pruebas, están buscando que se olvide un poco el juicio popular y la opinión pública cuando los señalan, pues hay muchos mecanismos para prorrogar los expedientes, y no todos son responsabilidad de los jueces”, indicó.

Por lo anterior, el integrante del CJF expuso que el Ministerio Público y las fiscalías de los estados, deben realizar un trabajo más eficaz, pero también la defensa del procesado tiene intereses para que se prolongue el caso, aunque sea para estudiar bien el expediente.

Bernardo Bátiz enfatizó que no era procedente la suspensión emitida por un juez federal de Colima para detener la publicación de la reforma judicial en el DOF, que realizó el domingo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La soberanía popular que se ejerce por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; este es un poder especial integrado por el Congreso federal y los congresos de los estados, y su procedimiento no puede detenerse por amparos, no hay razón, no se están violando garantías individuales”, concluyó.

En los últimos 12 años, sólo dos carpetas de investigación y averiguaciones previas se iniciaron, en promedio anual, en contra de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), principalmente por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales la mayoría sigue “en trámite”.

En medio del debate por la reforma judicial que se aprobó en el Congreso de la Unión para poner fin a privilegios y purificar a este sector, que a decir del Presidente Andrés Manuel López Obrador “está podrido” en su totalidad, las sanciones contra los malos servidores públicos se encuentran en el limbo.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a La Razón, a través de una solicitud vía el Portal Nacional de Transparencia (PNT), que del 1 de enero del 2012 al 30 de junio del 2024 se iniciaron solamente 22 carpetas de investigación y averiguaciones previas en contra de jueces y magistrados, de las cuales ninguna ha llegado al final de su proceso.

De acuerdo con los datos, se abrieron 10 expedientes por los delitos contra la administración de la justicia y enriquecimiento ilícito; cinco sólo por enriquecimiento ilegal; tres más por hostigamiento sexual; dos por abuso de autoridad; uno por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del CJF señaló que, conforme a la información disponible, “se tiene que, de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, en seis se determinó el no ejercicio de la acción penal y 16 se encuentran en trámite”.

Para la integrante del CJF, Celia Maya, la realidad en nuestro país es que la población no está contenta con la justicia que se imparte, por lo cual se tuvieron que buscar otros mecanismos por parte del Presidente López Obrador para cambiar esta situación, con la elección de jueces, magistrados y ministros.

“Desde luego que, como en todo, hay gente que debe tener problemas. En el Consejo de la Judicatura hay quejas contra algunos jueces, secretarios, otros elementos del personal de los tribunales, pero no es un porcentaje que diga la mitad de todo el Poder Judicial está siendo acusado, pero sí, la percepción hacia afuera es que no hay la impartición de justicia que se requiere, y sobre todo, que no hay los resultados ni las respuestas en el tiempo que la gente necesitaría para resolver sus problemas”, admitió.

En entrevista con este diario, Maya García opinó que, una vez aprobada la reforma judicial, se tendrán que ir observando los resultados que dé en el PJF, “y si no los va dando, pues hacer los ajustes en el camino, pero tenemos que dar una respuesta a este reclamo, más después de todo este arguende que ya se ha dado y que quedó claro que se debe tener un mejor sistema de justicia”.

Conforme al periodo de consulta de 2012 a junio de 2024 sobre las sanciones en contra de los jueces y magistrados federales, la Dirección General de Substanciación, Registro y Seguimiento de la Evolución Patrimonial de la Judicatura expuso que fueron sancionados en total 250 de ellos, un promedio de 20 cada año.

En el desglose de datos, el Consejo dio a conocer que se trata de 123 juezas y jueces, así como 127 magistrados y magistradas, por diversas conductas que contravienen el servicio público federal.

Las anomalías detectadas son: No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores; tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. Incumplimiento de las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, peculado, desvío de recursos y abuso de funciones; hostigamiento laboral, acoso, y obtención de beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función.

Asimismo, por conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos; abandonar la residencia del tribunal de circuito o juzgado de distrito al que esté adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo.

Otros motivos de sanción fueron haber omitido atender el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales; no presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial; contravenir la obligación consistente en cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo u omisión.

Recientemente, el Presidente López Obrador y las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dieron a conocer un diagnóstico sobre el sistema judicial y la falta de sanciones en contra de jueces y magistrados corruptos que, dijeron, están vinculados con la delincuencia organizada y de “cuello blanco”.

Según las estadísticas gubernamentales, del 2004 al 2023, se presentaron 38 mil quejas contra funcionarios del PJF, de las cuales fueron desechadas 86 por ciento de las mismas sin siquiera iniciar una investigación.

Del 14 por ciento restante que sí fueron indagadas, el CJF sancionó a 472 jueces y magistrados, de los cuales 292 recibieron apercibimientos y amonestaciones (0.7 por ciento del total); 102 suspensiones (0.27 por ciento); 41 destituciones (0.11 por ciento); 23 inhabilitaciones (0.06 por ciento), y 14 sanciones económicas (0.04 del total).

En el informe, Alcalde Luján resaltó que, de enero del 2023 a la fecha, el Poder Ejecutivo ha presentado 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura, y “ninguna ha resultado en sanción”, lamentó.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra Ibarra, cerró filas con la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y advirtió que no interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la enmienda, porque “es un triunfo del pueblo y una consecuencia de las elecciones del pasado 2 de junio”.

El organismo autónomo indicó que la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es un avance en materia de derechos humanos y agregó que no defiende intereses políticos, sino que se debe a un mandato del pueblo.

“Esta comisión no defiende banderas políticas ni es comparsa de estrategias partidistas; eso era antes; hoy se debe al pueblo”, afirmó la CNDH.

A través de un pronunciamiento público, señaló que en distintos momentos la han presionado para que interponga una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de “satisfacer ambiciones ajenas a los intereses del pueblo”.

“Actores partidistas han tratado de presionar a esta Comisión Nacional, a efecto de que interponga una acción de inconstitucionalidad que paralice los efectos de la reforma y así usar a este órgano autónomo para satisfacer ambiciones de grupo, ajenas a los intereses de los mexicanos, lo que equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva legislación”, afirmó.

“Son las argucias que siempre han utilizado y por eso su empeño en manipular a la CNDH y sumarla a sus cálculos. Así lo han hecho desde que inició la actual gestión y hemos resistido, y seguiremos resistiendo, porque nuestro único compromiso es con el pueblo”, añadió.

La Comisión enfatizó que, en este caso, “es facultad del poder reformador de la Constitución, no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Poder Judicial”.

Adicionalmente, señaló que el proceso para la aprobación de la reforma incluyó la celebración de diálogos nacionales, en los que se expresaron diversos sectores de la sociedad en un amplio ejercicio de la democracia participativa.

“Su análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República fue exhaustivo y suficiente; a pesar de un ambiente por momentos ríspido y los desafortunados intentos de violencia en el Senado, la aprobación final de la reforma fue pacífica y apegada a derecho, reflejo del sistema democrático que hoy prevalece en nuestro país”, abundó.

“Dado que no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo y que la reforma modifica directamente la Constitución, no puede ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad porque no se trata de una norma inferior sujeta a comparación con la Constitución”, agregó.

Además, la institución impulsó la iniciativa de reforma que provocaría que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) absorba y se encargue del control administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN), justificando la decisión con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y la supuesta corrupción en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, en el 2007.

“Por eso apoyamos la nueva estrategia de seguridad y decisión de otorgar a la Sedena el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional; por eso evidenciamos la conclusión del Estado en el crimen de Luis Donaldo Colosio y en la tortura de quien hicieron pasar por su asesino; por eso visibilizamos la corrupción que rodeó el caso de Ernestina Ascencio Rosario, ocultado por la CNDH en 2007 por órdenes presidenciales”, señaló.

Tras asegurar que este martes 17 de septiembre reanudarán el plantón en todo el país, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), advirtió que, aunque ya se publicó la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), “esto no ha terminado y aún se podrán interponer distintos medios de defensa. Quizá no en contra de la reforma judicial, pero en contra del procedimiento, ya que está lleno de irregularidades”, aseguró.

“El plantón se va a reanudar en todas las sedes del Poder Judicial del país, así como las guardias y distintas actividades que tenemos; nuestra intención es tener respuestas, porque no las hemos tenido; es poder dar fortaleza a nuestros trabajadores, que han quedado en orfandad”, señaló.

Aguayo indicó que ya se gesta un proyecto interno de los trabajadores del Poder Judicial, llamado coalición denominada “32 Circuitos Unidos”; sin embargo, dijo que por el momento no puede brindar mayores detalles, debido a que es un proyecto en gestación y no quiere que se interponga ningún “ruido” en el mismo.

Al preguntarle si aún hay algo que hacer debido a que ya se publicó la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aseguró que “esto no ha terminado y aún se podrán interponer distintos medios de defensa”.

“Quizá no en contra de la reforma judicial, pero en contra del procedimiento, ya que está lleno de irregularidades”, anticipó.

Lo anterior coincide con la decisión de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) de prolongar el paro de labores a nivel nacional.

Laura Magaña, otra de las voceras de trabajadores del Poder Judicial, expuso que, a pesar del paro laboral, se ha seguido atendiendo un cúmulo de casos.

Del 21 de agosto al 13 de septiembre del 2024 se atendieron ocho mil 577 asuntos urgentes de formalidad, de los cuales cinco mil 963 fueron resueltos por los Juzgados de Distrito.

Magaña señaló a La Razón que los diversos asuntos se atendieron por tribunales colegiados, tribunales laborales y centros de justicia penal, y con ello dijo se desmienten los dichos que aseguran que ellos no deberían cobrar un sueldo; aseguró que su lucha continuará ante organismos internacionales.

“Nosotros continuamos la lucha, pero la nuestra sí es pacífica, como ocurrió ayer en el Grito de Independencia que se dio a las afueras del Consejo (de la Judicatura); poco a poco el movimiento tomo más músculo y presencia, han intentado mezclarse grupos de choque, pero los trabajadores del Poder Judicial seguiremos dando muestra de civismo”, expresó.

Este domingo Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió el reconocimiento al Alto Tribunal por parte de la International Bar Association, de manos de Almudena Arpón de Mendívil, presidenta de la International Bar Association, y expresó su reconocimiento a los trabajadores del Poder Judicial.