Eliminación rápida de organismos autónomos como el INAI, un riesgo a derechos humanos, dicen ONG

El pasado 25 de julio, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó de manera intempestiva el calendario para dictaminar 18 de las 20 iniciativas presidenciales presentadas el 5 de febrero de este año.

Entre éstas se encuentra la iniciativa que busca eliminar varios órganos constitucionales autónomos al reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, programada para el próximo 15 de agosto.

Organismos no gubernamentales expresaron su preocupación ante la posible aceleración de la discusión del dictamen sin que exista la oportunidad de analizar a fondo sus implicaciones en la garantía del derecho a la información, ya que es un riesgo a los derechos humanos.

Recordaron que en este sentido, hay que recordar que fue la misma ciudadanía la que impulsó la existencia de una órgano de vigilancia autónomo en la materia. Además, se pone en entredicho lo anunciado tanto por el presidente de la República como por la virutal presidenta electa Claudia Sheinbaum, en el sentido de que el paquete de iniciativas parte del llamado “Plan C” no se aprobarían fast track.

En el caso particular de la iniciativa que desaparece al INAI, el hecho de que se proponga que la Secretaría de la Función Pública asuma las funciones que actualmente realiza el INAI es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas construidos a lo largo de los últimos 20 años, además de que no forman parte de su mandato.

Los organismos dijeron que es indispensable que, más allá de promover la eliminación de los controles democráticos, se apueste por mecanismos rigurosos que aseguren los mejores perfiles, independientes y con la experiencia necesaria para que realmente cumplan con la función por la cual fueron creados, que es la protección y defensa de los derechos humanos sin injerencias por parte de otros poderes.

Por todo lo anterior los firmantes exigieron al Congreso de la Unión que implementen los mecanismos para garantizar el derecho humano a la participación activa en los asuntos públicos del Estado, haciendo un ejercicio efectivo que permita participar a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas interesadas para ejercer un mejor control democrático y asegurar el derecho a saber del pueblo de México.

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LMCT