Elección judicial: atoran al INE 140 suspensiones, cese o cárcel si se violan

Los preparativos para la elección de jueces, magistrados y ministros se encuentran en pausa en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde los consejeros se han visto obligados a esperar a que el Poder Judicial resuelva las impugnaciones que se presentaron, ante las advertencias de que puedan ser destituidos o se les finquen sanciones penales por no acatar las 140 suspensiones de las que han sido notificados hasta este jueves.

Integrantes del Consejo General, incluso desde la presidencia del mismo, admitieron que el órgano electoral está sumido en complicaciones operativas debido a la situación judicial, pero además por contradicciones entre la reforma constitucional, las leyes secundarias y la convocatoria que emitió el Senado de la República.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió este jueves que, si el Poder Judicial ordena la suspensión definitiva de la elección, ésta se acatará.

“Si esto se suspende de manera definitiva, habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes”, dijo, en conferencia de prensa.

Comentó que se encuentran a la espera de las resoluciones, pues, aunque el órgano electoral acata lo que ordena la Constitución, también se respetan las notificaciones que han emitido jueces en juicios de amparo, a pesar de estar conscientes de que los amparos en materia electoral no proceden, pero no por eso no se respetará la competencia de los juzgadores.

“Y sí, quizá lo que nos decía nuestro compañero es: nos meterá en un apuro esta espera, esta calma de no avanzar con actos jurídicos ya propiamente el Consejo General, sí nos podrá meter en una complicación, pero lo tendremos que resolver. Acatar las disposiciones, eso sí se tiene que hacer”, dijo.

Admitió que esta situación mete en apuros la labor operativa del INE, porque con esta espera en la se encuentra no pueden avanzar en la elaboración de acuerdos, de reglamentos y de lineamientos.

“Eso lleva tiempo. (Son) definiciones muy técnicas que se tienen que tomar y que estamos en este momento; incluso, hemos sido tan correctos en el actuar con estas órdenes de juzgados, que la Comisión Temporal de Seguimiento a este proceso no ha sido instalada, porque sería un acto oficialmente celebrado por el Instituto. Tampoco instalamos la Mesa de Coordinación con el Senado de la República y con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que teníamos el compromiso de hacerlo”, dijo.

El presidente de la Comisión Temporal para el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, Jorge Montaño, comentó que esta pausa también se tomó para no incurrir en faltas y no ser sujetos a sanciones por desacatar las suspensiones.

“Nosotros estamos atendiendo lo que nos compete, siendo muy respetuosos porque también, si no, también somos sujetos de sanciones. O sea, así como se nos ordenó realizar una elección, porque la reforma, insisto, no la hicimos nosotros, nosotros no hicimos la reforma, nosotros vamos a acatar ese mandato, y para hacer lo que sabemos hacer, lo hacemos bien, que son elecciones, nada más”, dijo.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, la consejera Dania Ravel subrayó que, en caso de no acatar la suspensión al proceso, podrían enfrentar penas de tres a nueve años de prisión y multas e inhabilitación de sus cargos por hasta nueve años.

Además, la consejera Norma Irene de la Cruz advirtió que hay inconsistencias e incógnitas que no se resolvieron y que ahora se dejó al INE la tarea de desenredar, como la división geográfica que se habrá de hacer.

Comentó que esto será uno de los principales conflictos que deberán enfrentar, porque la distribución de juzgados y tribunales no tiene la misma lógica que para las elecciones que históricamente se han desarrollado en el país, y habrá regiones en donde la población votará por uno o dos cargos y en otros serán decenas, que aún no han quedado claras. Habló de que todavía la convocatoria es impugnable; es decir, que pueden seguir surgiendo más recursos legales que frenen la elección.

“Por ejemplo, en la misma convocatoria dice que la armonización de la geografía electoral y judicial la tiene que hacer el Instituto Nacional (Electoral). Eso sería algo que nos tendría que dar la ley, no el Instituto Nacional Electoral. Entonces, todavía tenemos que esperar, porque varios de esos puntos que se incluyeron en la convocatoria van a estar siendo impugnados” comentó.

“Todo en esa convocatoria puede ser impugnable; entonces, por ejemplo, también nos dicen que va a haber tres comités de evaluación, que tendrán que poner ellos y ellas sus reglas, y a nosotros nos van a dar el listado hasta el 12 de febrero. Ahí suena bien, pero va a venir una parte donde nos dicen… después dice que el INE tiene que calificar la elección”, expuso.

Una jueza federal, con sede en Veracruz, ordenó a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, eliminar la publicación del decreto de la reforma constitucional, emitido el pasado 15 de septiembre.

El plazo para acatar dicho amparo indirecto es de 24 horas después de la notificación de la sentencia emitida para llevar a cabo la eliminación.

“Se requiere a las autoridades responsables Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y director del Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de veinticuatro horas informen y acrediten el cumplimiento dado a la suspensión concedida”.

La titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito de Veracruz, Nancy Juárez Salas, resolvió en un incidente dentro del amparo 823/2024 que Presidencia incumplió la suspensión provisional que le ordenó no publicar en el DOF la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso.

“Es procedente y fundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional”, señala la sentencia pública.

La impartidora de justicia federal aseguró en su sentencia publicada este jueves que, de no eliminarse la publicación de la reforma judicial, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo, que establece que es un delito el incumplimiento de esa orden judicial.

Anteriormente, Juárez Salas había otorgado la suspensión definitiva el pasado 20 de septiembre para que se borrara del Diario Oficial de la Federación la publicación del decreto.

Al asegurar que su título de licenciatura es totalmente válido, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, confirmó que utilizará su pase automático para competir en la elección del primer domingo de junio de 2025 para el cargo que ostenta, pues “nada sería más gratificante”.

“Buscaré mantenerme en el cargo. Me postularé como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la elección del próximo año, cuando los ciudadanos elijan a los impartidores de justicia.

“Estoy revisando el proceso y, bueno, ustedes saben que el cargo más importante en mi vida y que más me ha honrado es ser ministra de la Corte, y nada sería más gratificante que continuar en él (…) En ese sentido, será una gran oportunidad para continuar ejerciendo el cargo de ministra, que ha sido una posición que nos permite apoyar a la gente en cuanto al acceso a la justicia”, explicó.

Entrevistada en la Cámara de Senadores, Esquivel Mossa respondió a los señalamientos sobre su título de la licenciatura de Derecho. “Es totalmente válido, ya ha habido resoluciones judiciales que la tesis es una tesis que es totalmente válida, hay resoluciones judiciales al respecto.

“Inclusive ya tengo un certificado de Derechos de Autor, que la única autora de esta tesis soy yo, y el título es intocado, el título es absolutamente válido y, en ese sentido estoy muy tranquila porque los documentos completamente son válidos”, afirmó.

Cuestionada sobre las acciones para frenar la reforma judicial, la ministra señaló que a pesar de que la Corte tenga ocho votos para “declarar la invalidez, la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad o como se le llame” para echarla abajo, carece de facultades.

Comentó que, de presentarse ese escenario en la votación de los ministros de la SCJN, el país entraría “en un proceso inédito, en un tema ilegal en donde un poder estaría tratando de evitar que se lleve a cabo el proceso de reforma electoral, que ya el poder reformador lo ha constituido.

“Entonces, entraríamos en una situación compleja, complicada, que no es conveniente para México ni es conveniente para el sistema de justicia mexicano ni para las estructuras como las tenemos hoy planteadas”, advirtió la ministra Yasmín Esquivel.

Opinó que cambiar la forma de elegir a los jueces y magistrados, es el inicio de otras reformas que se deben dar en otras materias para perfeccionar la justicia de manera integral.

“Hacen falta otras reformas más en materia de prevención, de investigación, en materia también de atención a víctimas, en el sistema penitenciario”, agregó, al tiempo que invitó a los jueces y magistrados a participar en la convocatoria para elección de las personas juzgadoras.

En un programa de Canal 14 de la televisión del Estado mexicano, Lenia Batres informó también de su interés por inscribirse como candidata al cargo de ministra en junio de 2025, y ser electa mediante el voto libre, directo y secreto, tras la reforma al sistema judicial.

“Yo llevo aquí unos meses, no he cumplido ni un año, pero por supuesto, desde el principio me he manifestado en favor de la reforma y sería un honor ser parte de esta primera generación de ministros elegidos por el voto universal, directo y secreto de nuestra población, por supuesto que pensaría en contender”, refirió.

Batres Guadarrama ocupó el cargo de ministra de la Corte a partir del 14 de diciembre del año pasado, tras ser designada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que el Senado rechazó dos ternas recibidas.

La ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que estará en la boleta para elegir a las y los nuevos integrantes de la Corte.

Tras su participación en el foro “La reforma al Poder Judicial” en la Feria del Libro del Zócalo y al cuestionarle si aspira a presidir la Suprema Corte, no emitió ningún comentario, sólo esbozó una sonrisa; sin embargo, aseguró que esperará los tiempos que establece la Constitución para el proceso de elección extraordinaria 2025.

La ministra dijo que usará el pase directo a la elección: “si no renunciamos automáticamente pasamos a la boleta. Más bien, van a renunciar los que quieren irse y, además, tener derecho a su haber de retiro como está ocurriendo”.

Durante el foro en el que la asistencia fue copiosa, adelantó que las siguientes reformas que se avecinan en torno al marco constitucional vigente judicial, será la reforma a las Fiscalía General de la República y las locales; así como a los ministerios públicos. Señaló que dichas reformas habían sido prometidas en los foros previos a la aprobación de la reforma y promovidos por la Cámara de Diputados.

Criticó a los trabajadores del Poder Judicial, quienes desean mantener el paro de labores, aseguró que buscan defender sus privilegios.

De acuerdo con el marco constitucional judicial vigente, los actuales ministros en funciones tienen pase directo a la boleta electoral y no deberán pasar por los filtros del Senado. No obstante, para conservar su cargo, deben obtener los votos necesarios.

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que no participará en ningún tema relacionado con la reforma judicial, como la integración de los Comités de Evaluación del Poder Legislativo para seleccionar a los candidatos a jueces, magistrados y ministros, por considerar que los procedimientos violan las suspensiones judiciales vigentes, además de que no hay certeza ni transparencia sobre quiénes conformarán estos órganos colegiados.

En contraparte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer que estará atento a los perfiles que se propongan para integrar los comités, los cuales, planteó, deberán tener un carácter imparcial e independiente, para que estén en condiciones de seleccionar a quienes podrán ser candidatos a obtener una plaza en el Poder Judicial.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó a La Razón que sería un acto de incongruencia participar en el proceso de integración de los Comités de Evaluación del Legislativo, sobre todo porque este partido presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los procedimientos legislativos para aprobar la reforma judicial.

“Acción Nacional no va a participar en estos procesos, los hemos venido impugnando absolutamente todos, esto está ante la Corte en una controversia del exgobernador de Guanajuato (Diego Sinhue Rodríguez) que ya fue aceptada.

“Por lo tanto, nosotros estaríamos siendo incongruentes en participar o en proponer a un candidato a juez, magistrado o ministro. Quien lo haga lo hará a título personal completamente”, afirmó.

Por su parte, la coordinadora de la bancada panista en este órgano legislativo, Guadalupe Murguía, comentó a este diario que los Comités de Evaluación no tienen un marco regulatorio, derivado de “las improvisaciones, ocurrencias y sorpresas con que sacan de la chistera las propuestas”.

Agregó que “es ahí donde está el kit del asunto; no hay ninguna garantía de certeza ni de transparencia. Iniciado un proceso, van a definir apenas quiénes van a ser los integrantes del Comité de Evaluación en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial; es una sarta de improvisaciones”.

En su oportunidad, el senador del PRI, Pablo Angulo, señaló que su partido vigilará que la conformación de estos órganos se realice en forma transparente.

De acuerdo con las reformas a la Constitución aprobadas en septiembre, cada uno de los tres Poderes de la Unión debe conformar un Comité de Evaluación de posibles candidatos a juzgadores.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) expresó su rechazo en contra de la determinación del Consejo de Judicatura Federal (CJF) de volver a las labores, aun cuando las demandas de la base trabajadora no se han cumplido, y criticó la actitud de la Judicatura, a la que calificó de “poco empática” ante las protestas de la clase trabajadora; quienes también consideraron que el país no será el mismo si cae el Poder Judicial.

A través de un comunicado, criticó la falta de empatía del CJF ante las demandas de la base trabajadora: “Rechazamos de manera unánime y con firmeza la actitud poco empática que se ha manifestado hacia la legítima protesta de las personas trabajadoras y juzgadoras del Poder Judicial de la Federación por parte del Consejo de la Judicatura Federal”, señaló.

Insistió en que desde un inicio del paro “se solicitó que todas las decisiones vinculadas con este proceso se adoptaran escuchando tanto a la representación de Jufed como de la base trabajadora, quienes hemos ejercido el derecho a la defensa de la independencia judicial y de la carrera judicial, actualmente amenazadas”.

Explicó que la decisión emitida en la circular 22/2024, se llevó a cabo sin escuchar a los trabajadores “tomando como sustento de manera inexacta el informe de la consulta a los titulares efectuada el viernes 11 de octubre, pasando por alto que en ese informe de resultados se aclaró, que se respetaba la suspensión decretada por los trabajadores a quienes, no se les ha resuelto sobre las peticiones formuladas”.

A través de un comunicado emitido, dio a conocer que realizará una nueva consulta este viernes, y “Los resultados de dicha consulta permitirán definir la postura que asumiremos como cuerpo judicial ante las determinaciones impuestas por el CJF”, aseguró el comunicado.

Por otra parte, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores judiciales, aseguró que el país no será el mismo si cae el Poder Judicial de la Federación (PJF).

“El México que hoy conocemos no va a ser el mismo si cae el Poder Judicial de la Federación”, aseguró Aguayo Bernal, durante una concentración de trabajadores afuera del edificio sede del Poder Judicial en San Lázaro.