Disputa por fondos: silencio no es inacción, dice Piña; 4T ya los reparte

Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que el silencio del Poder Judicial de la Federación (PJF) ante la posible desaparición de 13 de 14 de sus fideicomisos, no implica que no esté actuando en consecuencia.

“El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer otras acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación”, advirtió.

A la ministra presidenta se le escucha decir lo anterior, en el video de una conversación a distancia con otros integrantes del PJ, que fue filtrado en redes sociales.

Piña Hernández aclaró que no tiene respuestas concretas sobre el presupuesto que recibirán para el 2024. El PJF pidió 84 mil 774 millones de pesos, ante los 77 mil 544 millones autorizados que recibieron en el año 2023.

“Nos reunimos hoy (día indeterminado), no para darles respuestas sobre procesos legislativos que están en curso, sino para pedirles que les transmitan a los jueces y a los magistrados que representan, y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional, que estamos –ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo (de la Judicatura) y de la Corte– absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el PJ, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución”, refirió.

También dijo que “nuestra función siempre ha sido servir a nuestra sociedad. Como es de suponerse, no tengo en estos momentos una respuesta concreta a las diversas preguntas que surgen en los foros internos y externos sobre la asignación presupuestal que hemos solicitado a la Cámara de Diputados para el ejercicio 2024”.

Agregó que “mentiría si les dijera, en estos momentos, cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del PJF”.

Piña hizo un llamado a jueces, magistrados y al personal judicial en general, a guardar el orden y concentrarse en su trabajo y en la defensa de la Constitución.

“Como dignos y orgullosos integrantes del Poder Judicial que somos, sabemos que siempre hay dos lados de una historia, que las voces que más se escuchan no son necesariamente las que prevalecen. Como trabajadores de nuestra institución, sabemos que son nuestras leyes y nuestra Constitución las que definen el rumbo de nuestros derechos”, refirió.

La SCJN indicó el miércoles pasado, en una tarjeta informativa, que además de los fideicomisos que cubren obligaciones de carácter laboral y en materia de seguridad social para las y los trabajadores del PJF, existen otros que atienden necesidades específicas de operación, como es el caso del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura, que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal.

Los recursos de ese fideicomiso se utilizan para financiar, como su nombre indica, la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales, como la reforma laboral, así como la de suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, específicamente, en esa materia.

Así, la extinción de este fondo afecta directamente la implementación de las reformas y, por lo tanto, los compromisos del Estado mexicano.

Asimismo, los fondos de otro fideicomiso, el 80687, se destinan a proyectos de infraestructura, los cuales tienen que ver con los espacios donde se imparte la justicia y que están al servicio no sólo de las personas trabajadoras del PJF, sino también de las y los usuarios del sistema judicial; es decir, de toda la sociedad.

Los más de 15 mil millones de pesos correspondientes a los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que Morena busca extinguir, se destinarán a programas sociales que ha implementado esta administración.

El coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados y promovente de tal iniciativa, Ignacio Mier, declaró que estos recursos serían empleados en las pensiones para las personas con discapacidad, quienes reciben alrededor de tres mil pesos mensuales, mientras que ministros, dijo, reciben pensiones de 400 mil pesos, y los magistrados, 140 mil.

“Es un derroche, son lujos para unos cuantos a costa de miles de trabajadores del PJ que se quejan. (Se beneficiará) a más de un millón y medio de mexicanos, en lugar de tener privilegios 11 ministros de la Corte. Le vamos a quitar el copete a los de arriba, nada más”, sostuvo.

En este sentido, el poblano insistió en que tales fideicomisos sólo sostienen los “privilegios” de magistrados, a costa de más de 55 mil trabajadores.

Reiteró que los derechos laborales de los empleados de este poder no se verán afectados, razón por la cual ahora se tienen que rescatar dichos recursos.

“En los últimos ocho años, se gastaron en todos esos excesos para unos cuantos, 60 mil millones de pesos. Fue un verdadero atraco. Se trata de beneficiar a los que menos tienen, de fortalecer la justicia en México y solamente quitarle el privilegio a los de arriba y nunca, nunca afectar a los 55 mil 800 trabajadores”, exclamó.

Agregó que nueve mil millones se han destinado a ministros y magistrados en retiro, mientras que sólo 69 millones son para medicamentos de trabajadores. Además, dijo que los 11 ministros de la Corte cuentan con un fondo de dos mil millones de pesos para seguros de vida y gastos médicos.

Expertos juristas aseguraron que la extinción de fideicomisos en el Poder Judicial sí afectará su operatividad y a sus trabajadores, pero señalaron que hay varios mecanismos jurídicos para echar abajo la pretensión de Morena, a la que ven como una venganza, más que como un ahorro.

En entrevista con La Razón, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, mencionó que el recorte “afecta sin ninguna duda” la operatividad del Poder Judicial, ya que se busca debilitarlo con una premisa de combate a los privilegios, cuando “se busca el dinero para otros fines”.

“Hay una afectación a los derechos de los trabajadores y no es un tema de ataque a los privilegios, como se ha querido hacer saber desde Palacio Nacional. Afectaría a las personas que tienen menos recursos para acceder a una defensoría pública por un futuro recorte, a los mismos trabajadores y a jueces”, sostuvo el especialista.

Advirtió que la reforma tiene un sustento de venganza, más que diagnóstico, pues no se busca fortalecer al Poder Judicial, sino afectarlo gravemente por una política de austeridad “mal enfocada y diagnosticada”. Aseveró que los recursos legales que se pueden implementar “para echarla atrás” son acciones de inconstitucionalidad, además de que los trabajadores que se vean afectados pueden presentar demandas de amparo indirecto.

“De que el Poder Judicial puede declarar la invalidez de la reforma, no tengo duda, porque afectará la independencia del organismo y sus instancias”, explicó.

Alberto Woolrich, presidente de la Academia Mexicana de Derecho, coincidió en que la medida política tomada por el Ejecutivo para disminuir el presupuesto asignado al Poder Judicial es otro de los errores de la Cuarta Transformación, debido a que impacta negativa y directamente en la operación de la justicia mexicana.

“Esto va a traer un estancamiento en la impartición de justicia. Ojalá alguien haga ver que este tipo de ahorros sólo significa entorpecimiento a las instituciones de justicia. Viene mucha falta de operación en caso de que se lleve a cabo”, apuntó.

Woolrich sostuvo que cualquier acto de autoridad arbitrario, indolente o con abuso de ejercicio de poder puede impugnarse legalmente, debido a que va en contra de las leyes.

Senadores del bloque de contención rechazaron la intención de Morena de confiscar 13 de 14 fideicomisos que administra el Poder Judicial de la Federación, porque advirtieron que se dejará en la indefensión a los trabajadores y a jueces que llevan casos de altísimo riesgo, por lo que serían objeto de impugnación por la vía de la acción de inconstitucionalidad.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, dijo que los senadores de esta fuerza política pidieron a sus compañeros del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados “cerrar filas” en contra de esta “aberración y despropósito constitucional”.

Puntualizó que no se trata sólo de lo que mediáticamente busca difundir el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los supuestos beneficios para los ministros, sino que involucra a todos los trabajadores y jueces.

“Estamos totalmente en contra, por supuesto que afecta a los trabajadores, afecta sus prestaciones, afecta a los jubilados, no es lo mediático que maneja el Ejecutivo federal, que son beneficios de los ministros, porque eso es lo que él orienta a sus seguidores. Esto es una aberración”, declaró.

También el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, lamentó que los diputados federales de Morena no hayan revisado a fondo todas las modificaciones.

Dijo que están a favor de la austeridad, pero insistió en que para aplicarla se tiene que revisar el fondo de cada fideicomiso, porque hay unos que están constituidos para comprar vehículos blindados para darle protección a jueces y juezas que llevan asuntos de alto riesgo.

Mencionó que hay otro fideicomiso destinado al mantenimiento de las casas de cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros que están pactados en las condiciones federales de trabajo, por lo que “si eso no se paga, va a haber una afectación a los trabajadores, porque está en las condiciones generales de trabajo”.

El senador perredista señaló que todos estos cambios a los fideicomisos del Poder Judicial serían impugnables vía una acción de inconstitucionalidad o mediante la interposición de juicios de amparo por parte de los trabajadores.

“Puede haber materia para una acción de constitucionalidad, porque finalmente es una ley, es un procedimiento parlamentario y que también es muy probable que haya muchos trabajadores y trabajadoras que ante esta afectación se vayan a tramitar juicios de amparo (…). Lo pueden hacer en amparos acumulados y seguramente con el criterio que tiene el propio Consejo de la Judicatura correspondería a un tribunal resolver una acumulación de amparos”, explicó.

Al respecto, el vocero del grupo parlamentario de Morena en el Senado, César Cravioto, afirmó que la decisión de los diputados del guinda de confiscar una bolsa de más de 21 mil 500 millones de pesos pone fin al derroche del Poder Judicial.

“Sí, ya estuvo bueno de derroche, ya estuvo bueno de derroche del Poder Judicial, también el Poder Judicial tiene que entrar este proceso de austeridad”, manifestó.

No obstante, rechazó que con la desaparición de estos fideicomisos se vaya a afectar a los trabajadores del Poder Judicial: “Lo que se va a afectar son los grandes derroches que tienen, pero los de arriba, ministros, magistrados y los jueces”, remarcó.

La organización no gubernamental Causa en Común advirtió que los ataques al Poder Judicial seguirán en las siguientes semanas y se agravarán, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “se plegó” a los lineamientos del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Los ataques que el organismo registró incluyen infundios contra los jueces desde las conferencias de prensa matutinas y estigmatizaciones semanales por parte de un general del Ejército, amenazas de grupos de Morena a la presidenta de la Corte y a los ministros independientes.

“Y ahora avanza un proyecto para descapitalizar al Poder Judicial y a sus trabajadores. Todo ello tiene lugar en un contexto de violaciones constantes y flagrantes a la Constitución y al marco legal que no tienen precedentes en nuestra historia moderna”, destacó en un reporte publicado en su página web y redes sociales.

Señaló que los ataques del Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados al Poder Judicial se explican porque “ahí no mandan”, por ello hizo un llamado a defender a los jueces, desde el Congreso, desde los partidos de oposición, medios, academia y la sociedad civil, para defender a la democracia.

Además, comentó que en Morena promoverán una contrarreforma para que los jueces sean electos por “el pueblo” lo que significa “subordinarlos a su movimiento y derruir los magros avances con que el país cuenta en materia de justicia”.

Causa en Común también mencionó que los ataques tienen lugar en un contexto de violaciones constantes y flagrantes a la Constitución, y al marco legal que no tienen precedentes en la historia moderna, de acuerdo con la organización civil.