Desabasto de 95% de oncológicos por anomalías de Insabi y UNOPS

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó la responsabilidad en el desabasto del 95 por ciento de medicamentos oncológicos provocado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Del total de medicamentos para el tratamiento de cáncer solicitado por las 32 instituciones públicas del país, sólo entregaron el 5.1 por ciento del total, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2021.

Hasta el 3 de febrero, en que concluyeron las auditorías practicadas al Insabi, se demostró que hubo “diversas deficiencias” en las compras consolidadas de medicamentos y material de curación.

“No se acreditó que la UNOPS entregó a dicho instituto el informe de auditoría efectuado por la firma global de auditores externos, así como el informe financiero anual acumulativo y certificado con libros contables cerrados; tampoco, se acreditó el monto pagado por el Insabi a la UNOPS por concepto de los costos de adquisiciones, gerencia y operaciones, así como de los costos indirectos”, subraya el informe.

El Insabi tampoco informó sobre los bienes entregados a cada institución pública en el país por parte de la UNOPS, a pesar de que en el acuerdo firmado con esa instancia se estableció que “dicho instituto estaría a cargo de la distribución de los medicamentos y material de curación hasta su destino final”.

Sin embargo, fuentes de la UNOPS aseguraron a La Razón que ésta “nunca tuvo entre sus responsabilidades la distribución de medicamentos. Los servicios fueron únicamente para la compra. Los proveedores contratados realizaban las entregas a los operadores logísticos designados por las instituciones participantes en la compra, quienes se encargaban de realizar la distribución”.

Al 31 de marzo del 2021, las instituciones públicas habían solicitado 61 medicamentos oncológicos “priorizados”, “por un total de un millón 894 mil 126 piezas; sin embargo, únicamente se entregaron 10 claves por 21 mil 484 piezas, lo que representó 1.1 por ciento del total solicitado. El Insabi no acreditó cómo se cubrió la demanda de las restantes 51 claves prioritarias con un millón 872 mil 642 piezas.

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública del 2021, “la demanda inicial de los estados era por 194 tipos diferentes de medicamentos oncológicos, con un total de 12 millones 714 mil 848 piezas de esos fármacos solicitados desde noviembre del 2020; de ellas, sólo se adjudicaron 131 claves por cinco millones 621 mil 199 piezas”.

Mientras tanto, las instituciones públicas informaron que al 31 de diciembre del 2021 “se recibieron 127 claves por un total de 643 mil 945 piezas, que representaron el 11.5 por ciento del total de piezas adjudicado y el 5.1 por ciento respecto del total de la demanda inicial”.

Asimismo, de las 63 claves excluidas por la UNOPS, “el Insabi efectuó las adjudicaciones directas consolidadas en las que se consideraron 29 claves durante el periodo de abril al 31 de diciembre del 2021, en las que participaron 27 instituciones públicas y de las que se adjudicaron 27 claves”, advierte la ASF.

El Insabi incurrió en opacidad, pues “no contó con la información respecto de la cantidad de medicamentos oncológicos entregados a cada una de las 32 Instituciones Públicas por parte de la UNOPS, no obstante que se estableció que dicho instituto estaría a cargo de la distribución de los medicamentos y material de curación hasta su destino final”.

La ASF subrayó que ni el Insabi ni la UNOPS cumplieron con el contrato adquirido con el Instituto Mexicano del Seguro Social para surtir medicamentos oncológicos.

“Por su parte, de la revisión al Instituto Mexicano del Seguro Social como institución pública, se observó que respecto de las compras efectuadas por la UNOPS, de la demanda inicial de 156 claves por seis millones 935 mil 511 piezas de medicamentos oncológicos del mes de noviembre de 2020, se ratificaron 109 claves por tres millones 113 mil 577 piezas; sin embargo, únicamente se adjudicaron 104 claves por cuatro millones 169 mil 089 piezas, que correspondieron al 60.1 por ciento de la demanda inicial”, dice el informe.

Adicionalmente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) solicitó 122 medicamentos oncológicos por un total de un millón 104 mil 22 piezas. Sin embargo, sólo se ratificaron 87 claves con 528 mil 424 piezas y se adjudicaron 86 de esas claves, lo que representó que sólo recibió el 69.3 por ciento de la demanda inicial.

El Instituto Nacional de Cancerología (INC) también resultó afectado por el desabasto, pues solicitó 133 medicamentos oncológicos con 279 mil 439 piezas y sólo se ratificaron 57 claves, que representaron 17 mil 787 piezas, aunque finalmente se adjudicaron 99 claves por 158 mil 879 piezas; es decir, el 58.7 por ciento de la demanda inicial.

En este caso se desconoce si los proveedores entregaron 62 mil 182 piezas de medicamentos correspondientes a 18 claves. A pesar de ello, el Insabi no aplicó penas convencionales a los proveedores, que obtuvieron contratos por 751 mil pesos.

Durante el 2021, cuatro de las 16 alcaldías de la Ciudad de México incurrieron en un presunto daño a la hacienda pública por un total de 109 millones 607.6 mil pesos, de acuerdo con el tercer reporte de la Cuenta Pública correspondiente a ese año emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de Venustiano Carranza, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tlalpan, demarcaciones que en ese año estuvieron gobernadas por alcaldesas y alcaldes surgidos de Morena.

De acuerdo con el documento que fue entregado el lunes a la Cámara de Diputados, estas demarcaciones recibieron recursos de la Secretaría de Hacienda por el concepto de “participaciones federales a municipios”; sin embargo, se determinó que no realizaron una gestión “eficiente de los mismos”.

En el caso de Venustiano Carranza, se incurrió a un presunto daño a la hacienda pública por 27 millones 972.4 mil pesos, que corresponden al 30.7 por ciento de la muestra auditada por la ASF, que fue de 91 millones 201.5 mil pesos.

Ese año fue el último del encargo de Julio César Moreno Rivera al frente de la alcaldía, pues hasta el 1 de octubre arrancó la gestión de la actual alcaldesa, Evelyn Parra Álvarez, ambos procedentes de Morena.

Otra alcaldía en esta situación es Xochimilco, gobernada en el 2021 por el también morenista José Carlos Acosta, actualmente en funciones en un segundo periodo consecutivo.

En Xochimilco se encontraron irregularidades en materia de obra pública, adquisiciones y arrendamientos o servicios por un monto de 28 millones 520 mil pesos.

En esta demarcación del suroriente de la capital, la ASF revisó un monto total de 72 millones 306.7 mil pesos, por lo que los recursos no debidamente solventados equivalen al 39.4 por ciento de la muestra auditada.

De acuerdo con el informe, fueron revisados diversos expedientes de obras públicas en esta alcaldía, tras de lo cual se constató que algunos contratos por adjudicación directa rebasaron el monto máximo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal de ese año, mientras que en otros no se presentó la documentación correspondiente a las adjudicaciones y contrataciones.

Además, se generó un daño a la hacienda pública “por no presentar documentación comprobatoria y justificativa” del gasto de contratos que fuera consistente en notas de entrada al almacén, reportes fotográficos de los bienes adquiridos o reportes de la supervisión de los servicios, como lo establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La tercera alcaldía en la que se reportó un posible daño a la hacienda pública fue Magdalena Contreras, por un monto de 14 millones 328.9 mil pesos durante el año en que concluyó la administración de la morenista Patricia Jimena Ortiz Couturier.

De acuerdo con los documentos, en esta demarcación se auditó una muestra total de 24 millones 498.6 mil pesos, de los cuales, el 53.3 se encuentra en algún grado de irregularidad.

En el informe se detectaron incongruencias contempladas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de La Ciudad de México, artículo 69, fracción III, y Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III.

Entre las irregularidades que fueron encontradas en esta alcaldía, destaca la revisión de 12 expedientes de contratos de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios que se pagaron con recursos de participaciones federales a municipios, por un monto de poco más de 24 millones 498 mil pesos; sin embargo, la alcaldía “no presentó la justificación firmada por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios, en la que se funde y motive las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el procedimiento de adjudicación”, por lo que se incumplió con lo establecido en Ley de Adquisiciones.

En el caso de la alcaldía Tlalpan, que en 2021 estuvo encabezada por Patricia Elena Aceves Pastrana, también del partido guinda, se detectó un posible daño a la hacienda pública por 38 millones 786. 3 mil pesos, por “inobservancias” en los conceptos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios para la alcaldía.

Dicho monto equivale al 52.3 por ciento del total de la muestra que auditó la ASF, que fue de 74 millones 177.2 mil pesos.

Pese a que en las 12 alcaldías restantes la ASF determinó que hubo algunas que también incurrieron en “inobservancias de la normativa”, en ninguna de éstas se determinó que pudiera haber un daño al erario público.

El tercero y último reporte de la Cuenta Pública 2021 fue entregado a la Cámara de Diputados el pasado lunes por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares.

Durante la presentación, realizada en el palacio legislativo de San Lázaro, se destacó que se detectó un posible daño al erario público a nivel nacional de 64 mil 835 millones de pesos, de los cuales sólo dos mil 994 millones de pesos fueron solventados debidamente. El resto está pendiente.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció una “investigación profunda” ante las irregularidades reveladas por la Auditoría Superior de la Federación durante la administración pasada, que encabezó el perredista Silvano Aureoles.

Al pronunciar un discurso durante el Informe de labores del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, Hugo Gama, Ramírez Bedolla hizo alusión al posible daño a la hacienda por más de 12 mil millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el último año de la gestión de Aureoles.

Ante representantes de los tres poderes del estado, el mandatario advirtió: “Por supuesto que debemos emprender una investigación profunda de este desfalco de casi 13 mil millones de pesos de la administración anterior; ya basta del dejar hacer, del dejar pasar”.

Mencionó que las observaciones de la ASF a la administración de Aureoles —por una cifra exacta de 12 mil 46 millones de pesos— representan el 53 por ciento de las anomalías detectadas en el gasto de todo el país, lo que implica que un solo estado ejerció de manera presuntamente irregular todo ese recurso público.

Ramírez Bedolla llamó a los órganos autónomos e instituciones de la entidad a “ser transparentes, cumplir con la ley y el pueblo de Michoacán con honestidad y cero corrupciones”.

El mandatario dijo confiar en que continuará la coordinación y armonía para erradicar la corrupción de Michoacán “con pasos firmes, no sólo en materia penal ni de delitos, sino también en administrativos y financieros”.

Posteriormente, en entrevista, Ramírez Bedolla señaló respecto al hallazgo de la ASF que se trata de “una cifra alarmante, exorbitante”, y recordó que hay otras “anomalías severas” que están bajo investigación y por las cuales ya se han presentado denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.

Mencionó que entre las irregularidades que se han detectado —independientemente del reporte de la ASF— están gastos de obras en las que se anticipó el 80 por ciento del pago cuando no había un avance ni siquiera del 30 por ciento, además de gastos en servicios y consultoría cuyos entregables, por montos millonarios, simplemente no están. Y a pregunta expresa, descartó que se trate de una persecución política en contra de su antecesor.

Añadió que también hay denuncias radicadas en la Fiscalía General del Estado (FGE) por irregularidades en el manejo de un seguro campesino contra daños a la siembra.

Enfatizó que la impunidad no se manifiesta solamente en materia penal, sino también en delitos administrativos y en prácticas de corrupción financiera, que tanto perjudican a los michoacanos.

Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Celis Silva, calificó al exgobernador Aureoles de “corrupto” y aseguró que sólo era cuestión de esperar a que saliera a la luz la verdad de los “excesos” que se cometieron durante la administración de quien ahora es uno de los aspirantes del PRD a la Presidencia de la República.

“Hicieron todo para comprar la gubernatura durante el último año de gobierno de Silvano Aureoles, se lo gastaron en la operación que hicieron, pero no les alcanzó, y por eso mismo, pedimos que lleven a cabo las investigaciones”, señaló el dirigente de Morena.

Del informe consolidado de la Cuenta Pública 2021 entregado en la Cámara de Diputados se desprende que en el último año del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, en la gestión de recursos federales se presentaron irregularidades por 12 mil 46 millones de pesos, de los cuales, en cinco mil 43 millones no se comprobó la forma en que fueron ejercidos, mientras que otros tres mil 175 millones de pesos corresponden a un aumento en pagos de servicios personales sin autorización.