Denuncian “secuestro” del agua por parte del crimen organizado

Su nombre escrito en balas, la casa espiada por las madrugadas y los teléfonos intervenidos han sido la advertencia de que su vida podría acabar con cualquier descuido. No es narco, asesino y tampoco es hijo de algún adinerado al que alguien quisiera amagar. ¿El motivo? Denunciar el “secuestro” del agua por parte del crimen organizado, que obligó a más de una veintena de familias a dejar el patrimonio que durante décadas habían protegido en su pueblo.

Es Joaquín Galván, originario de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, en la Sierra Mixe de Oaxaca, donde desde hace siete años no sólo se enfrenta la crisis del cambio climático por la falta de lluvias, sino también la incursión de grupos criminales que operan en una comunidad aledaña y que destruyeron la infraestructura que les llevaba agua potable de su manantial, para obligar a las familias a cederles las tierras.

“Seguimos sin agua, está en niveles mínimos; no tenemos las mismas cantidades que habíamos disfrutado en nuestra vida de forma ancestral, porque tenemos escasez por el cambio climático, y, aunado a esto, se permitió que nuestra principal fuente de abastecimiento fuera secuestrada por un grupo armado”, contó.

El problema, definido por el anterior gobierno del expriista Alejandro Murat como un conflicto agrario, estalló en el 2017, cuando Joaquín apenas era estudiante de Derecho y veía a su comunidad peregrinar, a pesar de los riesgos, para llenar unas cuantas cubetas con el agua que nunca antes les faltó.

“Se despojaron de tierras y un manantial de agua a nuestra comunidad, hubo familias desplazadas en la zona noreste y, aparentemente, se desarrolló en un marco de conflicto agrario con la comunidad vecina de Tamazulapan. En los más de 570 municipios de Oaxaca, la mayoría se maneja por sistemas normativos internos; si pasa una situación de violencia, el discurso del gobierno del estado, y también del federal, en automático es categorizar esto como un conflicto político o agrario; es su norma para dar explicaciones.

“Pero aquí, un grupo armado que opera en Tamazulapan usa el agua de nuestra comunidad como rehén para someter nuestra situación a una mesa de negociación para que, a cambio de ceder la tierra y recursos naturales, nos den acceso al agua”, contó a La Razón.

En el 2020, la situación asfixió a los pobladores. La llegada de la pandemia hizo del recurso hídrico una de las vías para no enfermar por Covid-19, por medio de la higiene, pero en Ayutla esto no era fácil.

En sus cuentas, 22 familias fueron desplazadas y más de 150 hectáreas de tierras fueron abandonadas. La situación que este pueblo mixe ha soportado durante siete años hizo que varias voces de activistas se unieran para ayudar a Ayutla, lo que llevó a Joaquín y los demás a ser víctimas de acoso, incluso por parte de autoridades, a las cuales reprocha el haber “romantizado” como conflicto agrario una situación que sumió al pueblo no sólo en la escasez de agua, sino también en la violencia.

“Ni siquiera en las guerras se le quita el agua al enemigo. A nosotros se nos justificaba el que no tuviéramos, porque se decía que era normal; el discurso oficial era: ‘son dos comunidades indígenas que están peleándose por tierras y tienen que llegar a una negociación y el gobierno sólo puede apoyar para que hagan eso’, mientras nosotros denunciamos que era una violación directa a un derecho humano, una agresión concreta por parte de un grupo armado, vinculado al crimen organizado, que desestabiliza la región para poder operar sin menoscabo, usando el agua como rehén”, reclamó.

La confrontación directa con el gobierno, las denuncias y buscar justicia ante los asesinatos y desapariciones que también brotaron con esto y que, afirmó, tampoco fueron atendidas, desencadenó ataques en su contra: un acoso y criminalización. Pero esto escaló.

“Otras defensoras y defensores fueron amenazados con que iban a ser colgados por defender el tema del agua… Mi casa estaba siendo fotografiada a las 3:00 de la mañana, nos intervinieron los teléfonos y esto lo acreditaron organizaciones de derechos humanos. Hubo amenazas de muerte, nos hacían llegar fotografías con nuestros nombres escritos en balas, con balas; mensajes donde nos decían que si seguíamos, íbamos a probar el plomo.Funcionarios nos acusaron de ser quienes generamos la problemática, que no queríamos que se solucionara, porque no aceptamos las condiciones del gobierno o este grupo criminal para que tuviéramos acceso al agua”, narró.

“Estamos en proceso de superar las situaciones dolorosas que pasamos. Como personas defensoras indígenas de muchas luchas que exige nuestra realidad, también enfrentamos el tema del crimen organizado, que exige que construyamos un plan de acción. Esto no pasó porque sí, están incursionando a la región luego de deshabilitar Ayutla, porque al ser la principal comunidad mixe, acceden a toda la región rica en recursos naturales.

“No es coincidencia tampoco que paralelamente a esto se avanzara con una autopista que sirve para el tráfico de migrantes. Ahora tenemos dos grupos criminales de alto nivel que ponen en riesgo nuestra región y nos tenemos que preparar para las luchas que vengan”, concluyó.