Debate por libros: legisladores acusan opacidad; estarán en las escuelas: SEP

Legisladores de la oposición y miembros de la comunidad científica se enfrentaron con los integrantes de Morena en el Congreso de la Unión, por el “contenido ideologizado” y los “errores” de los nuevos libros de texto que se utilizarán en el ciclo escolar 2023-2024.

El expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias José Franco apuntó que, además de la “ideologización”, lo peor de los materiales es que están “muy mal hechos” y tienen “errores gigantescos y preocupantes”.

Ante los medios de comunicación, expuso que los errores son de todos los tamaños: “Hay de todos, hay chiquitos y grandotes. La infografía que les mostramos muestra errores gigantescos (…) Y si no hay libros de Ciencias Naturales, no hay libros de Matemáticas en donde uno puede aprender a hacer ejercicios y aprender no solamente en el salón de clases, sino también en casa; si uno no tiene esas herramientas, va a ser muy defectuoso el aprendizaje”, advirtió.

Además, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, demandó que comparezca la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el director de Materiales Educativos de la misma dependencia, Marx Arriaga, quien es el responsable de elaborar los libros, para que den una explicación del porqué no se pidió el apoyo de la academia, pedagogos y especialistas para participar en su diseño, redacción y revisión.

Señaló que es completamente irracional y antipedagógico que desde el Gobierno se quiera imponer una ideología y una verdad, cuando lo que se tiene que hacer es generar conciencia y pensamiento crítico en niños y jóvenes.

“Estos libros de texto son una visión efímera y completamente aldeana, en el mejor de los términos; es decir, pequeña y mediocre, y no lo vamos a permitir. Por ello, el llamado es a los gobiernos de los estados a que no adopten esta suerte de adoctrinamiento y, por supuesto, a los padres de familia, a quienes vamos a acompañar para que cierren filas en la negativa a estos libros de texto, que ya en la recta final de un gobierno pretenden eternizar la ideología de una administración que, por cierto, desde nuestro punto de vista, fracasó”, manifestó.

A las críticas se sumó la diputada del PRI Ana Lilia Herrera, quien reprochó las “omisiones” y los “errores” de los nuevos libros de texto elaborados por la SEP.

Acusó que el Gobierno ignoró la ley porque el proceso de elaboración, impresión y distribución de los textos se dio en el “hermetismo y la opacidad”, como “si fueran un secreto de máxima seguridad”.

“Quitar o disminuir contenidos roba el futuro a generaciones de mexicanos. Robar contenidos de matemáticas, lecto-escritura y ciencias afecta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra niñez, afecta su desarrollo, limita el pensamiento y quita la posibilidad de contar con las herramientas que el día de mañana les permitan a estos menores integrarse a un mundo cada vez más complejo y tecnologizado”, expuso.

Al respecto, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se expresó también porque comparezca la secretaria de Educación Pública, ya que consideró que es evidente que existen muchas inquietudes y desacuerdos por su contenido.

Sin embargo, la senadora de Morena Martha Lucía Mícher negó que sea necesaria la presencia de Leticia Ramírez, titular de la SEP, para que explique este tema, y criticó que gobiernos como el de Guanajuato, con un gobernador emanado del PAN, de antemano anunciaron que dejarán estos libros en la bodega.

“Es momento, si fuera necesario, de tomar en cuenta algunas opiniones, pero no como para echar atrás unos libros de texto y, además, almacenarlos (...) Es una omisión que, además, es un engaño, porque si no les gustan algunos temas, no los dan y ya, pero es un gasto y trabajo, y llegar a embodegarlos me parece un extremo”, aseveró.

Para sacar adelante el nuevo modelo educativo, que se denuncia con tropiezos y opacidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha saltado la ley educativa y ha controvertido seis recursos legales promovidos por organizaciones civiles –y ha advertido que va contra otro– respecto al emplazamiento con el que se le pidió demostrar el apego al marco legal para la producción y distribución de los nuevos libros de texto. No obstante, este martes la secretaria Leticia Ramírez aseguró que los libros estarán en las escuelas del país.

El lunes pasado, la jueza Yadira Medina Alcántara advirtió una omisión en el actuar de la dependencia para “dar cumplimiento cabal” a la resolución dictada hace más de un mes, con la que ordenó frenar la producción de los nuevos libros de texto hasta corroborar el apego a lo que dicta la Ley General de Educación (LGE); sin embargo, los materiales ya fueron impresos y ha comenzado su distribución.

Ayer, la SEP aseguró haber cumplido con tal disposición y advirtió que, en cuanto sea notificada de esta nueva orden, implementará “el mecanismo legal correspondiente”.

La titular de la SEP aseguró que la dependencia ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales y ya se encuentra en condiciones de publicar los programas de estudio.

Tras referir que los nuevos libros ya están llegando a los almacenes locales para su distribución, insistió en que éstos son producto del “trabajo solidario” de miles de docentes, especialistas e ilustradores, que se compartirán entre compañeros, familias y fomentarán la colaboración para “transformar la realidad”.

La funcionaria aseguró que, en apego al mandato constitucional y a la LGE, los nuevos libros de texto ya arribaron a los almacenes regionales, a las zonas escolares y en breve estarán en las escuelas del país.

Según lo dispuesto en el acuerdo publicado el 19 de agosto del 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este mes comenzará la implementación del nuevo modelo en los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria.

Esto ocurrirá, a pesar de siete acciones jurídicas emprendidas por tres organizaciones civiles, en contra de tres hechos concretos: la prueba piloto del nuevo modelo, la impresión de los nuevos libros de texto y también el programa de La Escuela es Nuestra (LEEN), sobre la cual hay un “juicio pendiente”.

Derivado de la pelea jurídica entre las organizaciones y la SEP, las y los alumnos se enfrentarán a un esquema y materiales distintos a como hoy se imparte la educación —como ya lo ha dado a conocer La Razón—, los cuales representan un modelo curricular que no se ha puesto a prueba para evaluar y corregir, y con libros cuya impresión siguió adelante, a pesar de los incumplimientos legales advertidos por una jueza.

Israel Sánchez, titular del despacho de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organización que consiguió la suspensión definitiva contra los nuevos libros, aseguró que éstos, incluso ya entregados en algunos estados, son “ilegales”.

Además de la falta de coincidencia ideológica con los contenidos de los materiales, otra causa para actuar en su contra, expuso, fue que su producción se dio sin contar aún con los programas de estudio, como lo ordena la LGN.

Sostuvo que desde mayo solicitaron a la SEP un diálogo para conocer los libros y contenidos, el cual no se dio.

“Lo que sí vemos como grave es que la Secretaría entregue estos libros, pues vemos que no solamente está siendo omisa, sino que está saltando un ordenamiento judicial, pese a que dijeron que iban a acatar esa resolución”, dijo a La Razón.

En otro acto, el 9 de septiembre del 2022, las organizaciones Educación con Rumbo (ECR) y Somos Héroes presentaron una demanda de amparo con la que plantearon la inconstitucionalidad de la prueba piloto del nuevo modelo educativo, que se aplicaría en 960 escuelas públicas en octubre.

Miguel Ortiz, abogado de ECR, explicó que este piloto se aplicaría sin contar con los programas y planes de estudio, sin capacitar a los docentes y sin que se contara en ese tiempo con los libros.

Por coincidir con estos argumentos, a finales del año pasado se concedió la suspensión para que la prueba no se aplicara. La SEP impugnó, pero no ganó.

El jurista señaló que hace tres semanas se dio la primera sentencia de amparo, en la que se estableció que el programa piloto es inconstitucional por ser un modelo experimental y discriminatorio, porque los programas de estudio no se publicaron en el Diario Oficial y por sólo aplicarse en 960 planteles.

“Mientras la SEP no instale el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, que es la instancia de consulta, colaboración y apoyo de padres de familia y especialistas, el único canal de comunicación será el juicio de amparo”, dijo.

Desde el 2020, y con cinco demandas de amparo, Mexicanos Primero también ha emprendido una batalla jurídica por considerar que con la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) se vulneraron derechos de las y los niños para garantizar las jornadas educativas extendidas, a pesar de que “en el papel” su función se trasladó al programa LEEN, explicó Fernando Alcázar, director de Judicialización de la asociación.

Un fallo que se dio en el 2022 fue a favor de esta asociación, luego de que un juez ordenó a la SEP regresar al PETC, pero fue hasta enero del 2023 cuando se obtuvo una sentencia firme en el caso, aunque perdió sus efectos debido a que el acto reclamado en la demanda original fueron las reglas de operación dictadas para el año pasado y que ya no aplican en este 2023.

Tras ello, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el alto tribunal reinterprete dichos efectos y determine si el cambio de ejercicio fiscal es una causal de improcedencia; sin embargo, la Corte declinó conocer del asunto.

Ahora, este año aún está pendiente otro litigio contra las reglas de operación del LEEN, debido a que Educación con Rumbo argumentó que sus reglas de operación limitan a las comunidades escolares, para que sólo puedan utilizar el 21 por ciento del dinero que reciben para pagar a maestros y así se garanticen los horarios extendidos de educación.

Desde hace casi un mes, este medio solicitó entrevistas con las subsecretarías correspondientes, pero el área de Comunicación Social de la SEP no respondió a la petición.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay ningún impedimento para distribuir los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar 2023-2024, y acusó que “los mismos de siempre” son los que se oponen a esta acción del Gobierno.

Ante el ultimátum de una jueza federal de 24 horas para frenar la distribución de los libros en las escuelas de educación básica del país, el primer mandatario advirtió que éstos llegarán a tiempo para el inicio de clases el próximo 28 de agosto.

“No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio”, dijo.

El jefe del Ejecutivo refirió que antes los padres tenían que comprar los libros, y estaban hechos en función del pensamiento conservador de entonces, y había también el negocio de quienes los imprimían.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, acusó a los conservadores de estar detrás de estos amparos promovidos contra la distribución de los libros.

“Cuando se trata de estas cosas siempre viene a la memoria lo que pasó en la época del presidente López Mateos, que hubo una campaña de los conservadores de entonces porque no querían los textos gratuitos”, recordó.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advirtió que el nuevo plan de estudios a implementarse este mes no dotará a los estudiantes de las habilidades imprescindibles para su futuro profesional y que, además, abonará al abandono escolar.

Tras recordar los efectos adversos de la pandemia en materia educativa, como la deserción de 1.5 millones de alumnos y el rezago de dos años de aprendizaje, la organización destacó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsó un nuevo modelo que “atenta” contra la formación de talento y capital humano competitivo.

Señaló que a pocas semanas de que inicie el ciclo escolar, aún hay dudas sobre la viabilidad para aplicar el nuevo plan, pues acusó que éste fue “planeado al vapor”.

Aunque considera que los cambios propuestos parecen tener potencial para modificar el sistema educativo, afirma que no habrá un impacto significativo, ya que más allá del reto de su implementación “hay cambios que ponen en riesgo la generación de talento”.

En este sentido, Imco apuntó cuatro “cambios profundos que podrían profundizar la problemática educativa”, entre los cuales menciona que no se buscará enseñar conocimientos para que las y los niños se adapten a la sociedad, pues la dependencia considera que la escuela no tiene la función de formar capital humano.

También recalcó que el proyecto para mezclar las diversas áreas del conocimiento, como ocurre en países como Finlandia, requiere de una planeación articulada y capacitación de maestros, así como dinámicas diseñadas para lograr los aprendizajes diseñados.

Advierte que se pierde la continuidad de los estudios en bachillerato cuando se concluye el nivel secundaria, pues “desintegra la ruta de la educación obligatoria”, pues los planes de estudio entre cada grado “carecen de una secuencia lógica”.

También se pronuncia por una presunta autonomía sin límites, que tendrán los maestros y que representaría riesgos como aumentar la desigualdad en los aprendizajes y acrecentar las responsabilidades de trabajo para los docentes.

“De implementarse, como está planteado, el nuevo plan de estudios será un retroceso para la educación, lo cual se traduciría en menor crecimiento económico”, señaló el Imco.