Con votación dividida, Judicatura aprueba el paro de labores en PJ

Con una votación cerrada, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) avaló mantener la suspensión de labores de trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, que se lleva a cabo desde el pasado lunes 19 de agosto.

En sesión extraordinaria, los consejeros, encabezados por la ministra Norma Lucia Piña Hernández, determinaron con cuatro votos a favor continuar con el paro laboral, ya que es un derecho de los empleados de este órgano de justicia, mientras que tres se pronunciaron por levantar la suspensión y reactivar las actividades a partir del próximo lunes.

De acuerdo con la circular 17/2024, “este órgano colegiado ha refrendado el derecho de todas las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación de manifestarse pacíficamente”.

La determinación del Consejo de la Judicatura también estableció que, a partir del pasado 19 de agosto “no correrán plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas”.

Asimismo, llamaron a continuar las labores esenciales de impartición de justicia, asuntos urgentes que fueron establecidos por el mismo CJF, con el fin de garantizar el acceso a la justicia.

A favor de la suspensión votaron la propia presidenta de la Corte, Norma Piña y los consejeros Sergio Javier Molina Martínez, Lilia Mónica López Benítez, además de José Alfonso Montalvo Martínez.

Mientras que los consejeros identificados con Morena, Celia Maya García, Bernardo Bátiz Vázquez y Eva Verónica de Gyvés Zárate votaron por levantar el paro de labores en el Poder Judicial, al argumentar que viola el artículo 17 de la Constitución, por lo tanto no se les debe pagar sus salarios.

Los tres consejeros consideraron que si bien existe el derecho a manifestarse, “no pueden negarse a cumplir con su trabajo de impartir justicia y esta no puede paralizarse o restringirse”.

El consejero Molina Martínez expresó su reconocimiento a favor del paro de los empleados del Poder Judicial, pero en voto particular consideró que la suspensión no debe ser por tiempo indefinido.

“Reconociendo el derecho a la manifestación social y de trabajadores, la impartición de justicia no debe detenerse de manera indefinida”, explicó.

En medio de la suspensión de actividades de miles de trabajadores, de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), se libra una disputa interna, con un posible “boicot” del propio sindicato mayoritario al paro y la amenaza de una desbandada sindical masiva de servidores públicos, por no sentirse representados.

Mientras algunos de sus agremiados sindicales señalaron a Gilberto González Pimentel, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), de ser “una vergüenza y un traidor”, el líder reviró los dichos y aseguró que el paro realizado por los trabajadores es “inviable”.

La vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, dijo a La Razón que los trabajadores se encuentran muy decepcionados del líder sindical y dijo que ella es testigo de las amenazas que han recibido los trabajadores del Poder Judicial por parte del líder sindical, quien se ha desmarcado del paro.

La secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo acusó incluso una “acción de boicot” de parte del STPJF, e insistió en que no están actuando “fuera de la ley”, y que González Pimentel ha desinformado y ha tratado de señalar acciones de parte de magistrados y jueces que son erradas.

La lideresa dijo que, en el Poder Judicial, el sindicato de González Pimentel era uno de los que gozaba de más agremiados, pero tras el nulo apoyo a este paro, son miles los que están intentando migrar al bloque de Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, quien ya anunció que se sumará al paro.

“Muchos de los afiliados de González ya han decidido salir de esa agrupación y afiliarse a la otra organización sindical. Alberto Prado ha declarado que se va a sumar; él no trabajó en nada en conjunto, pero si hoy quiere sumarse, con todo gusto lo invitamos, pero vendrá sin ningún afán protagónico ni a imponer nada; no sabemos exactamente qué número de trabajadores han migrado o van a migrar, pero son bastantes”, señaló Aguayo.

En contraste, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), Jesús Gilberto González Pimentel, señaló que el paro de las organizaciones civiles que aglutinan a secretarios de acuerdos y actuarios, así como a jueces y magistrados, “es inviable” y que existían otras vías para sostener un diálogo y obtener otros resultados.

“Es un tema de desinformación. Todos los días, los empleados reciben correos electrónicos, llamadas, mensajes escritos o por WhatsApp, donde los presionan para sumarse a estas convocatorias; incluso, les impiden que ingresen a sus lugares de trabajo. Nosotros esa presión la vemos fuera de lugar, porque está habiendo respuesta a lo que se exige. Leímos el dictamen; Hamlet García explica el artículo transitorio décimo de la iniciativa que garantiza a todos la protección de sus derechos laborales”, afirmó a La Razón.

Por separado, el secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Juan Alberto Prado Gómez, señaló a este diario que no se trata de un pensamiento individualista y que en este momento el Poder Judicial requiere de “sumatoria, unidad y homologación de criterios”.

“Quieren eliminar de tajo la carrera judicial, se debe informar a la ciudadanía que todos los actos de corrupción destapados por el Poder Judicial han sido sancionados, salvo el de Arturo Zaldívar, y que es importante dar información clara y sin sesgos a los trabajadores. No se trata sólo de prometer, sino de accionar en favor de ellos y sus derechos”, dijo Prado Gómez.

Señaló que hasta el momento unas 15 mil personas están participando en este paro de labores, y que de ellos más de un centenar son empleados sindicales de su corriente, y aunque no precisó un número, reconoció el acercamiento de algunos afiliados al sindicato de González Pimentel, para ver un posible cambio de sindicato.

Finalmente, María Concepción, quien prefirió conservar su apellido en anonimato, dijo que González Pimentel llegó al Poder Judicial de la Federación en 1982, pero que “sólo la mitad de ese tiempo trabajó en un área, ya que desde el año 2000 a la fecha ha gozado de licencias con goce de sueldo bajo la etiqueta de licencia sindical o por incapacidad médica.

Están los archivos del Poder Judicial; nosotros como trabajadores creímos en él, pero de a poco ha mostrado su verdadera forma y nos dejó en orfandad”, aseguró.

Para buscar un diálogo con legisladores que permita llegar a acuerdos sobre la reforma judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) designó a una jueza y seis magistrados como integrantes de un comité especial. El objetivo del Comité de Diálogo con el Congreso de la Unión es establecer un puente de entendimiento con los grupos parlamentarios y tomar decisiones vinculantes “en beneficio de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y en la defensa de la independencia Judicial”.

Los integrantes son la jueza federal Juana Fuentes, directora nacional de la JUFED; además de las magistradas Hortensia Emilia Molina de la Puente, Rosa Elena González, e Iliana Fabricia Contreras. También los magistrados Miguel Bonilla, Tarsicio Aguilera y Hugo Alejandro Bermúdez.

De acuerdo con la declaratoria del paro de trabajadores emitida el miércoles, el comité debe buscar una mesa de diálogo con las bancadas de los partidos en las cámaras de diputados y senadores, “con facultades amplias para celebrar los acuerdos lícitos que sean necesarios y para ejecutarlos o proveer su ejecución”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “desafortunada e imprudente” la declaración del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la advertencia de riesgo a la democracia y las relaciones comerciales si avanza la reforma judicial como está, por lo que, dijo, se envió una nota de extrañamiento por esa “burda actitud intervencionista” en temas que competen a los mexicanos.

“Últimamente han habido, como lo señalas, actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar, de ayer, pero ya se hizo una nota diplomática un extrañamiento”, señaló.

Al inicio de la conferencia de prensa matutina, el mandatario reaccionó a los señalamientos del diplomático estadounidense, al asegurar que México no acepta injerencismos y tampoco que representantes de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo corresponde a los mexicanos resolver y dirimir.

En la lectura de la nota enviada, a través de la Cancillería, dijo que “la declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando su postura sobre este tema (reforma judicial), que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos”.

Agregó que su gobierno expresa su extrañamiento por la declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. En la lectura de la nota, López Obrador externó:

“La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política”, anotó.

Expuso que el objetivo principal de la reforma constitucional es fortalecer el Estado de derecho, mediante los cambios al Poder Judicial a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Carta Magna.

“Es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución, el Gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia, verdadera autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos”, asentó.

El Presidente aseguró que su gobierno no va a recomendar a Estados Unidos cómo llevar a cabo sus reformas.

“Imagínense que Esteban Moctezuma, el embajador, lea un documento diciendo que por qué EU vende o regala tantas armas para que se hagan las guerras en Gaza o en Ucrania o en cualquier otra parte donde mueren inocentes, ¿qué contestarían? ‘Usted qué tiene que meterse, nosotros no hacemos eso’”, subrayó.

El Presidente confió en que después de haber sido enviada esta nota diplomática de protesta al gobierno estadounidense, “no se vuelva a repetir” este tipo de señalamientos hacia la política mexicana.

Tras la declaración del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre los riesgos de la reforma judicial, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que es inadmisible que desde el extranjero se quiera dictar la aplicación de reglas procesales, por lo cual no se aceptará ningún tipo de intervencionismo.

En un videomensaje publicado en sus redes sociales, el zacatecano rechazó las declaraciones del diplomático estadounidense, y afirmó que los legisladores mexicanos no van a permitir cualquier tipo de injerencia que viole la autonomía, la independencia y la soberanía de México.

“Los legisladores no vamos a permitir, no vamos de ninguna manera aceptar que desde el exterior nos dicten cómo deben ser nuestras leyes. Vamos a actuar con dignidad y con una estricta defensa a nuestra soberanía, a nuestro país, nunca volveremos a ser ni dependencia ni colonia ni de EU ni de ninguna nación”, dijo.

El embajador Salazar advirtió el jueves, que si pasa como está la reforma judicial con la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, significará un “riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México” y una “amenaza” que generaría “turbulencia” en la relación comercial entre ambos países.

En respuesta, el también presidente de la Junta de Coordinación Política destacó que el 2 de junio hubo un proceso electoral que se debe respetar, donde millones de mexicanos decidieron por la continuidad de la transformación.

“Hay que tener cuidado porque ahora se han alineado los intereses de representantes extranjeros con representantes de trasnacionales, con representantes de los grandes capitales en México que no quieren que el Congreso legisle, o que legisle como ellos quieren, y eso no va a ser posible”, subrayó.

Monreal Ávila dijo que es respetable la opinión de todos sobre la reforma judicial, pero no se acepta ningún tipo de intervencionismo desde el exterior: “Siempre hay que oponernos a la injerencia de los extranjeros, a que no permitamos que su influencia llegue a tal, que nos dicten reglas procesales o reglas jurídicas o reglas de comportamiento en la política”, concluyó.

Por separado, el exsecretario de Relaciones Exteriores y próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reviró al embajador Salazar, al señalar que Estados Unidos es el país en el que se eligen más jueces desde hace años, pese a lo cual México no ha hecho acusaciones como las que hizo el embajador.

“What are you talking about, Ken? Lo digo en español: Querido Ken, ¿de qué estás hablando? Estados Unidos es el país, de nuestros socios, que más elige jueces. Se eligen jueces en 42 estados de la Unión Americana, eso lleva más de siglo y medio, México nunca dijo ¡Uy!, está en peligro la democracia de Estados Unidos, nadie ha dicho eso, al contrario, la fortalece”, expresó.

Asimismo, señaló que el mismo mandatario estadounidense, Joe Biden, ha criticado el actuar de la Corte en aquel país, al que ha señalado de una “crisis ética”.