¿Cómo serían las elecciones de jueces si aprueban reforma de AMLO?

Entre todas las reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra la de la forma en la que se eligen a los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se plantea modificar el artículo 96 de la Constitución para que tanto ministros como ministras, magistrados y magistradas de Circuito, las y los jueces de Distrito y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, puedan ser elegidos por medio de elecciones por voto popular.

Además, las elecciones de jueces se tendrían que realizar al mismo tiempo que las elecciones de otros cargos públicos como las presidenciales, las intermedias o las de senadurías.

El documento que presentó López Obrador indica que "las vacantes a cubrir en los órganos jurisdiccionales sustantivos del Poder Judicial serán sometidas al voto ciudadano el día de la jornada electoral junto con los demás cargos de elección popular".

Así que, en el caso de los ministros de la Suprema Corte, el Senado daría a conocer la convocatoria de las candidaturas el día que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección que corresponda. Luego, el presidente postularía a 10 aspirantes; la Cámara de Diputados a 5 más, el Senado a otros cinco y la Suprema Corte, a 10 para un total de 30 candidatos.

Tras este proceso, los senadores reciben las candidaturas, revisan que cumplan todos los requisitos y se envía la lista final al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para organizar las elecciones por voto popular. El mismo Instituto contaría los votos, lo comunicaría al Senado y mandaría los resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahí se encargarían de las impugnaciones, se calificaría el proceso y se darían a conocer los resultados, antes que el Senado instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda.

Aquí la elección, de aprobarse la reforma de AMLO, sería por circuito judicial y bajo las modalidades que señale la legislación electoral y siguiendo el mismo proceso de elección que el de los ministros de la Suprema Corte, sólo que cada uno de los poderes de la Unión presentaría a dos candidatos.

Cada uno de los titulares de estos puestos, duraría 9 años en su cargo y podrían ser reelegidos cada que termine su periodo de gestión. Lo que la reforma prohibiría es el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación de espacios en medios y que, además, los partidos políticos lleven a cabo actos de proselitismo a favor o en contra de algún candidato.

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