Chapitos negocian con EU cooperar y declararse culpables para reducir condena

Ovidio y Joaquín Guzmán López se encuentran negociando con las autoridades de Estados Unidos los términos de su cooperación para proporcionarle información, lo que significaría que se declararán culpables de los cargos que les imputan por narcotráfico para, eventualmente, reducir la condena que enfrentarán en ese país, en el que se encuentran detenidos.

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio y Joaquín Guzmán López, confirmó que está en proceso un acuerdo de culpabilidad de sus representados, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán —al que también representa—, con las autoridades de Estados Unidos; el litigante reveló las negociaciones tras salir la mañana de este lunes de una audiencia de seguimiento de Ovidio en Chicago, Illinois.

Dijo que serán presentados de manera conjunta el 7 de enero del 2025 ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, Illinois, pero que ambos podrían concretar antes el acuerdo de cooperación con el Gobierno de Estados Unidos.

Ante los rumores de que los narcotraficantes habían sido liberados al no aparecer en el registro del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), Lichtman explicó que los dos Chapitos no han salido de la cárcel, sino que han sido trasladados a diferentes centros de detención, y las instalaciones por las que se han movido no se encuentran dentro de la jurisdicción del BOP, por lo que dejan de aparecer en el sistema por ciertos periodos de tiempo.

Durante la jornada de este lunes, en la sala de la jueza Johnson Coleman, Ovidio Guzmán López, El Ratón, se vio custodiado por cinco alguaciles federales; estaba vestido con el overol color naranja de los presos, tenis del mismo color, se le dibujaba una barba y constantemente volteaba a observar sus pies que tenían grilletes.

Al iniciar su trabajo, la jueza cuestionó a El Ratón y le preguntó si entendía que podría existir un conflicto de interés, si él y su hermano eran representados por el mismo abogado, a lo que el acusado respondió: “Lo entiendo y ya lo hablé con el señor Lichtman”.

La juzgadora intervino y cuestionó: “¿está usted de acuerdo en que lo represente junto con su hermano, Joaquín?”. El hijo de El Chapo respondió que sí.

La jueza Sharon Johnson Coleman aceptó que tanto Ovidio Guzmán como su hermano Joaquín Guzmán López sean representados por el mismo abogado, Jeffrey Lichtman, en una circunstancia que también fue aceptada por los fiscales del Departamento de Justicia.

El acuerdo de cooperación con Estados Unidos implicaría que los hermanos se presten a testificar en algunos juicios y bajo acuerdos no revelados aún.

Y mientras sus hijos podrían avanzar en su proceso a través de la vía del acuerdo, Joaquín El Chapo Guzmán solicitó al juez Brian Cogan un nuevo juicio a través de una moción impulsada por él, en la que aludió que su extradición a Estados Unidos “fue ilegal”, además de que dijo que debió ser extraditado a Texas o California y no a Nueva York.

El documento, que está escrito de puño y letra del capo, se dio a conocer este lunes, aunque tiene fecha de ejecución del 25 de septiembre. En él, el exlíder del Cártel de Sinaloa alega que debió ser extraditado al Distrito Este de Texas o al Distrito Sur de California, y no a la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Según el narcotraficante, “nunca hubo una renuncia a la regla de especialidad, firmada por un juez magistrado”.

Sin embargo, El Chapo reconoció que su moción de apelación ya había sido presentada con anterioridad y no se basaba en “nueva evidencia descubierta”. Como segundo argumento, denunció una “asistencia legal ineficaz”.

“Mis abogados (de juicio y de apelación) no fueron efectivos. No contraexaminaron a los testigos adecuadamente y, como resultado, fui declarado culpable. Tampoco pelearon para que cierta evidencia quedara excluida del caso”, refirió el exlíder del Cártel de Sinaloa, quien se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, en Colorado.

En julio del 2019, Guzmán Loera fue condenado a prisión de por vida tras haber sido encontrado culpable de 10 cargos por 26 violaciones a la Ley de Drogas y una conspiración de homicidio en Nueva York.

El 8 de mayo del 2008, uno de sus hijos, Édgar Guzmán, fue asesinado en Culiacán debido a disputas entre el cártel que lideraba Guzmán Loera y otros grupos delictivos. En septiembre de ese mismo año, el gobierno de Estados Unidos solicitó la captura y extradición de Joaquín Guzmán para enfrentar cargos de lavado de dinero y conspiración para transportar cocaína, en una corte de California, por los cuales tenía un proceso iniciado desde 1995.

A El Chapo le sobreviven otros hijos, algunos de ellos parte de Los Chapitos, también conocidos como Los Menores o La Chapiza, que constituyen una de las facciones en las que se divide el liderazgo del Cártel de Sinaloa, con otras facciones conocidas como La Mayiza y Los Guanos. Su principal bastión es la capital de Sinaloa: Culiacán.

Esta facción se encuentra liderada por los hermanos Guzmán, algunos ya capturados por el gobierno de Estados Unidos. Desde mediados de la década del 2010, los hermanos Guzmán comenzaron a asumir un rol más importante dentro del Cártel de Sinaloa, precisamente después de la captura de su padre en el 2016, por lo que se convirtieron en la principal prioridad para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la petición al Gobierno de Estados Unidos para que dé a conocer cómo se llevó a cabo la detención de Ismael El Mayo Zambada, se mantiene abierta.

“Sigue, pues, la petición al gobierno de Estados Unidos, para que se informe cómo fue esta detención, esa solicitud sigue”, indicó.

La mandataria federal expresó lo anterior, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que el cofundador del Cártel de Sinaloa estuvo secuestrado en el mismo rancho donde fue asesinado el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén.

Cuestionada sobre alguna eventual investigación al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reiteró que corresponde a la FGR realizar las indagatorias del caso de Cuén Ojeda, así como de la captura de El Mayo Zambada.

“Corresponde a la Fiscalía General; ellos también, con apoyo de las instituciones del Ejecutivo cuando se solicita, hacen esta investigación, cualquier hallazgo de inmediato lo comunican y la Fiscalía sigue con las investigaciones, ahí hay autonomía”, aseguró.

Sheinbaum Pardo dijo que hay contacto con el gobernador Rocha Moya por parte de su Gobierno, como lo tiene con el resto de los mandatarios estatales y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para abordar temas institucionales.

Al referirse al caso, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que “nadie está excluido de que sea investigado o citado” por la FGR.

“Ellos presumen que, derivado de su investigación, lo dicho por la Fiscalía de Sinaloa es un montaje, lo que pasó en la gasolinera; es lo que dicen, y derivado de eso podrán actuar, la instancia investigadora es quien atrajo el caso”, expresó.

Refirió que la FGR, en su comunicado emitido el domingo pasado, informó que van a actuar e incluso dice qué tipo de funcionarios pueden ser citados. Sin embargo, expuso que la actual fiscal estatal, Claudia Sánchez Kondo, no puede ser citada a declarar, pues no estuvo involucrada en la investigación, porque era encargada de la zona centro.

Sobre la supuesta relación entre el exrector de la UAS y El Mayo Zambada, Rocha Moya sostuvo que no sabía nada del tema y quizá Melesio Cuén no le tenía la suficiente confianza, a pesar de que formó parte de su equipo al inicio de la administración, luego de que el narcotraficante mencionara, en una carta, que tuvo una amistad de años con Cuén Ojeda.

En tanto, diputados federales del PAN exigieron que el gobernador de Sinaloa sea llevado a prisión por sus supuestos nexos con la delincuencia organizada.

“Ya basta de encubrir a criminales en los gobiernos de los estados; se debe presionar al fiscal general de la República para encarcelar a Rocha”, dijo ayer tajante el diputado del PAN, Federico Döring.

El legislador señaló que el hallazgo de sangre de Héctor Melesio Cuén Ojeda en la finca donde también fue secuestrado El Mayo Zambada demuestra que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y la exfiscal estatal, Sara Bruna Quiñones, mintieron sobre el manejo del caso y deben ir a la cárcel.

“La versión de la supuesta gasolinería quedó atrás y se tendrá que ejercer acción penal; Rocha y Bruna obstruyeron, trataron de bloquear la verdad y el acceso a la justicia”, denunció Federico Döring Casar, y agregó que está a la espera de información sobre una denuncia que presentó en días pasados en contra de Rubén Rocha por sus presuntos nexos con el crimen organizado de Sinaloa.

A su vez, Ernesto Sánchez Rodríguez, también diputado federal del PAN, coincidió con la postura de Federico Döring y señaló que ahora la FGR está acorralada política y jurídicamente y debe “proceder legalmente en contra de Rubén Rocha y de la exfiscal estatal Sara Bruna; es lo mínimo que debe hacer la Fiscalía, por respeto a los familiares de Melesio Cuén y de todas las víctimas de la violencia en Culiacán”.

Desde el 9 de septiembre que Los Mayos y Los Chapos se declararon la guerra, no hay día que no se tengan reportes de enfrentamientos, privaciones ilegales de la libertad, secuestros y presencia de hombres armados, además ahora surge un delito nuevo que es el robo de comida por parte de narcotraficantes a los negocios.

El presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, Oscar Sánchez, dijo a La Razón que en los últimos días ha habido un incremento de este ilícito. Los criminales, mencionó, usan la comida para alimentar a sus integrantes.

“De hace unos días para acá, aparte de los robos que se han generado en la ciudad, ahora se está generando un delito que se está volviendo muy común: llegan a una taquería y roban toda la carne para llevárselo y alimentar a ciertos grupos. Ahora ya no solamente son artículos, ya alimentos”, mencionó.

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Culiacán hay al menos 620 taquerías, así como cuatro mil 56 restaurantes.

Oscar Sánchez afirmó que son nuevas metodologías que están pasando, ya que primero fueron los robos a locales y luego después rapiñas, en las cuales llegaban motocicletas y roban en “manada” los negocios en los que se llevaban motos, coches y ahora hasta comida.

El dirigente de comerciantes explicó que gran parte de estos robos se deben a que no hay policías de tránsito ni preventivos, ya que varios elementos de estas instituciones están bajo investigación por presuntamente tener nexos con el crimen organizado.

“La Secretaría de la Defensa Nacional no los deja regresar a sus labores, porque están sujetos a una investigación, fueron intervenidos en el peor momento para los ciudadanos quienes quedamos indefensos ante esta ola de seguridad, pero quizá para la autoridad es el mejor momento, porque así sacas de circulación a oficiales que se dice presuntamente están relacionados con el crimen organizado”, indicó.

En ese sentido, Oscar Sánchez dijo que los negocios que atienden de noche han sido los más afectados, pues la ciudad queda vacía y no hay seguridad, lo que ocasiona que únicamente estén operando a 10 por ciento y la mayoría no tiene ventas.

“Los negocios más afectados son los que operan en la tarde y noche, ya que hay un ‘autotoque de queda’ por parte de la sociedad, porque así fue dado a conocer por parte de los grupos delictivos de que no saliéramos por las noches porque es cuando ellos están realizando sus acciones. Después de las 20:00 horas Culiacán es un pueblo fantasma”, expresó.

La vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Laura Guzmán Torrontegui, dijo en entrevista reconoció que desde que inició la ola de violencia en Sinaloa, los negocios que operan por la noche tienen dificultades para vender, ya que la ciudad se queda vacía a las 19:00 horas y no hay gente.

“Los puestos de tacos, por más que bajen el horario, no han podido recuperar sus ventas. Lo más que logran quedarse a vender son a las 21:00 horas”, comentó.

La líder de restaurantes destacó que muchos han optado por cerrar momentáneamente hasta que pase los hechos de inseguridad; sin embargo, es difícil sostener el gasto sin flujo económico.

“Es mucho más costoso tener abierto y vender entre el 10 o 20 por ciento por la noche que tenerlo cerrado; sin embargo, varios dueños prefieren mantener abierto aunque pierdan dinero, ya que esto les permite si la gente ve más negocios abiertos ellos pueden salir y tener más confianza”, indicó.

Guzmán Torrontegui puntualizó que bajar las cortinas de un negocio genera un gasto muy ostentoso, por lo que es importante buscar implementar otras medidas como el reducir gastos, operar con menos mesas, ofrecer los productos de platillos más exitosos y evitar tener gastos extra.

En cuanto a los restaurantes de la ciudad se han visto con afluencia muy baja, donde los restaurantes reportan bajas ventas de hasta 80 por ciento.

La líder de los restaurantes señaló que algunos negocios en el turno nocturno ya habían presentado algunas complicaciones y se prevé que se den algunos cierres de negocios, ya que actualmente se está realizando trabajos pausados, buscando que el personal trabaje por rotación en los turnos y mantener los empleos.

Entre los diferentes sectores afectados se encuentran medios de transporte que ofrecen el servicio a trabajadores de restaurantes, bares, discotecas y demás, así como los meseros y repartidores de restaurantes, quienes ante esta situación han tenido cambios en sus horarios de trabajo y hasta reducción de ingresos para subsistir.