Centro Prodh rechaza acusación por los 43

Luego de los señalamientos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) por el caso Ayotzinapa, el director del organismo humanitario, Santiago Aguirre, aseguró que las descalificaciones fueron injustas sobre una labor que han realizado por más de 35 años.

En entrevista con La Razón, sostuvo que, a su parecer, se dijeron afirmaciones falsas, en particular las que se refieren al caso Ayotzinapa, pues aseguró que el mandatario federal sugirió que, de alguna manera, la intervención de los activistas había sido en defensa de los perpetradores de la desaparición y que habían respaldado resoluciones que acreditaban su tortura, además de que habían obstaculizado que se procesara a los altos mandos de la administración anterior.

“Consideramos que son afirmaciones falsas, que ante los muchos pendientes que tiene este Gobierno por el caso Ayotzinapa, está optando por responsabilizar a alguien más de ese fracaso, y en este caso lo está haciendo respecto a las organizaciones”, explicó.

Denunció que en la actualidad hay otros actores que impiden que el caso avance, como las Fuerzas Armadas, que siguen sin entregar la documentación relevante.

“Por lo demás, es absolutamente falso que nosotros hayamos defendido a algún perpetrador, que nosotros hayamos actuado en contra de los intereses de las familias (de los normalistas)”, agregó.

Dejó claro que están en contra de la tortura y, por ello, en el caso de las denunciadas, es responsabilidad directa de los fiscales encargados del caso y no de las organizaciones.

Santiago Aguirre sostuvo que las declaraciones del Ejecutivo son una manera de desviar la atención para que la falta de resolución del caso se le atribuya a las organizaciones y no a las omisiones y acciones de la actual administración federal.

Respecto al cuestionamiento de si el caso Ayotzinapa está “empantanado” en lo que corresponde a las investigaciones, aclaró que están en un momento sumamente difícil porque los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al realizar su último informe, dan cuenta de que hacen falta una serie de documentos.

Dichos textos son los del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Ejército en Iguala que, de acuerdo con los padres, pueden tener información sobre el paradero de 17 estudiantes que esa noche fueron desaparecidos por el grupo criminal Guerreros Unidos, y del que las fuerzas castrenses habrían tenido conocimiento.

“Se ha sostenido la negativa de entregar estos documentos, al tiempo que se ha sostenido la exigencia de las familias de que se deben entregar. Eso genera un impasse que no ha sido resuelto”, añadió.

Precisó que son folios consecutivos, por lo que aseguró que sí existen, al contrario de lo que ha sostenido el Gobierno, y refirió que mientras no haya voluntad política para avanzar, difícilmente se considerarán otras líneas de investigación.

Ante este panorama, destacó que, a pesar de que nadie ha visto esos documentos, creen que pueden tener datos importantes y relevantes para avanzar de mejor manera.

El activista mencionó que tienen la esperanza de que se resuelva el caso, ya que el Estado se lo debe a las familias, pues han mostrado una lucha incansable para llegar a la verdad, y conforme pasa el tiempo y hay este tipo de obstáculos, “es más difícil que se pueda llegar a la verdad, pero la lucha y la voluntad de algunos funcionarios mantienen viva la esperanza, a pesar del escenario adverso que muestra el Presidente con sus dichos”.

Respecto a la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda que se dio a conocer ayer, dijo que sigue quedando a deber el tema, debido a que hay ejes que no se han resuelto, como el Banco Nacional de Datos Forenses.

“Nos parece que lo más relevante de la conferencia fue lo que se anunció sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pues nos parece que, más allá de la revisión de cifras, le sigue quedando a deber el Gobierno a los familiares de los desaparecidos, porque no se anunciaron medidas adicionales respecto al rezago forense; la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, por ejemplo”, dijo.

Señaló que, en la revisión que se realizó por parte del Gobierno federal, hay algunas categorías “que parece que se está sugiriendo un estándar de prueba muy alta para dar a una persona por desaparecida”, lo que podría llevar a minimizar el problema.

La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) respaldó al Centro Prodh, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetiera en su contra por el caso Ayotzinapa.

“Expresamos nuestro respaldo al trabajo del Centro Prodh en la defensa de los derechos humanos. Las autoridades tienen el deber de reconocer la legítima labor de las organizaciones de derechos humanos y abstenerse de denostarlas. Su actividad es fundamental para la democracia”, expresó en sus redes sociales.

En su conferencia matutina, el Ejecutivo dijo que el Centro Prodh y el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, ayudaron en la liberación de presuntos partícipes en los hechos, lo que complicó la investigación.

El organismo internacional señaló que en el caso Ayotzinapa, la tortura en la etapa inicial de la investigación está acreditada en el informe Doble Injusticia, e indicó que ello causa sufrimiento a las víctimas, dificulta el acceso a la justicia y trastoca la confianza en las instituciones.

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