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Causa en Común condena omisión de autoridades

Señala la omisión sistemática de los gobiernos municipal, estatal y federal ante el asedio permanente de integrantes del grupo delictivo la Familia Michoacana
  • Por Redacción
Causa en Común condena omisión de autoridades

Luego de los hechos ocurridos el pasado 8 de diciembre en Texcaltitlán, Estado de México que derivó en la muerte de 14 personas, la organización Causa en Común condenó enérgicamente la omisión sistemática de los gobiernos municipal, estatal y federal ante el asedio permanente de integrantes del grupo delictivo la Familia Michoacana.

De acuerdo con informes de esa organización, el grupo delictivo extorsiona y amenaza a pobladores de municipios como Texcaltitlán, Ixtapan de la Sal, Zacualpan, Coatepec Harinas, Temascaltepec, San Simón de Guerrero, Sultepec, Tejupilco, Tlatlaya y Amatepec.

En un posicionamiento señaló que el enfrentamiento evidencia el hartazgo de la población ante el acoso de grupos delincuenciales y la omisión de las autoridades, por ello, dijo que es necesario señalar que no es un hecho aislado, sino que se suma a las 420 masacres que Causa en Común ha documentado del 1 de enero al 5 de diciembre de 2023.

“La masacre del pasado 8 de diciembre con resultado de 14 personas muertas y siete lesionadas, es consecuencia de la incapacidad e indolencia de los tres ámbitos de gobierno ante la violencia crónica que vive el país”, destacó.

Indicó la necesidad de que las autoridades desarrollen una estrategia real que atienda el deterioro y abandono institucional que padecen las policías locales y que supere el ineficaz despliegue de elementos de la Guardia Nacional.

Causa en Común demandó una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos de extorsión y amenazas recibidas por los pobladores, para llevar a los responsables ante la justicia. “Es claro que no hay una estrategia de seguridad, con lo que se incrementa la probabilidad de que eventos como éste se multipliquen en otras partes del país”, dijo. Además, exigió a las autoridades asumir su responsabilidad en el mantenimiento de la paz y seguridad, y a implementar estrategias efectivas para abordar la violencia criminal que afecta a la sociedad.

Hasta el momento las autoridades federales y estatales han reforzado la seguridad en la zona, a fin de evitar más incursiones del grupo delictivo.

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