Auditoría ve falta de “gobernanza” en INM

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Instituto Nacional de Migración (INM) carece de gobernanza, no cuenta con transparencia en los controles migratorios y no puede garantizar el uso eficiente de sus recursos ni la implementación de la política migratoria.

En la segunda entrega de informes individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la ASF evaluó el control interno del INM, a partir de lo cual estableció 12 recomendaciones.

“Las debilidades en los instrumentos de gobernanza y control interno del Instituto Nacional de Migración, derivadas principalmente de la falta de definición consistente de su objeto con las atribuciones y funciones que la misma normativa señala en cuanto a la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias, impiden garantizar el debido y puntual cumplimiento del marco legal, afectando la eficacia y eficiencia de sus actividades”, establece.

Indica que, entre otras irregularidades, no existe una clara delegación de las atribuciones del comisionado del INM, Francisco Garduño; el consejo técnico no ejerció sus actividades como órgano de consulta, asesoría y apoyo para la implementación de la política migratoria; el consejo ciudadano no dio seguimiento a las recomendaciones ni a los acuerdos, ni tiene un plan estratégico que garantice el cumplimiento de objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en materia migratoria.

“El Instituto Nacional de Migración carece de metas y diseño de indicadores que permitan identificar, analizar y evaluar los avances y su cumplimiento, así como del diseño de objetivos en términos medibles cuantitativamente, de manera que se pueda evaluar su desempeño”, remarca.

El informe de la ASF apunta que el instituto ni siquiera cuenta con servidores públicos en su plantilla vigente que hayan realizado su certificación en el Centro de Evaluación y Control de Confianza.

“También se encontraron servidores públicos que no acreditaron el nivel académico requerido, los años de experiencia o el área de estudio requeridos de acuerdo con las cédulas de puestos”, advierte.

Y señala que el INM no acreditó tener una metodología de administración de riesgos que le permitiera identificar, analizar, evaluar y ponderar los riesgos que podrían interferir en el logro de sus objetivos y metas institucionales.

Ante esta situación, la Auditoría indicó a la Cámara de Diputados que se deben considerar reformas a los artículos 3, fracción I, y 19 de la Ley de Migración, para precisar la facultad del INM relativa a efectuar la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por todas las autoridades migratorias.

Indica que se deben incluir a las “secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, reconociendo que el instituto, al ser un órgano desconcentrado, sólo puede realizar acciones de coordinación, ya que, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, carece del rango, jerarquía o preeminencia sobre dichas dependencias”.

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