ASF detecta más de 836 mdp por aclarar en Cuenta Pública de 2021

En la primera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2021, correspondiente al tercer año de la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó probables daños al erario por 836.2 millones de pesos.

A través de 207 auditorías practicadas a diversos entes públicos, la ASF encontró presuntos daños por mil 38 millones 195 mil pesos, sin embargo, de esta cantidad, el ente reportó que 201.9 millones de pesos (mdp) fueron recuperado hasta el 23 de junio pasado.

El sector con montos observados y sujetos a aclaraciones más elevado es el de seguridad en el gasto federalizado, con 250 millones 122 mil 800 mdp; seguido por educación, con 197 millones 52 mil pesos.

En tanto, el sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe aclarar 120.6 mdp, los cuales se le atribuyen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), específicamente a la construcción del Túnel Emisor Oriente, que hasta la fecha, señala, no aclaró la cantidad.

El sector de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tuvo montos por aclarar por 115.3 mdp. De éstos, 64.8 millones corresponden a las obras “Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-AIFA”.

En el informe que la ASF entregó de la primera parte de la Cuenta Pública 2021, destaca que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) contó con suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal del año pasado, con un importe por 401.4 millones de pesos.

En la revisión que realizó la Auditoría, identificó que la dependencia no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables.

“No se cuenta con la liberación total de los derechos de vía para el patio de maniobras, en una superficie de 52 mil 329.07 m2, lo que ha provocado a la fecha atrasos de 120 días en la ejecución de los trabajos y esto evidencia una inadecuada planeación de la obra, y no se autorizaron los estudios, memorias de cálculo, informes y proyectos por parte de la entidad fiscalizada”, establece.

Además, subraya que “se autorizaron pagos en exceso por 64.8 millones de pesos en los conceptos de suministro de durmientes y de materiales de vía, debido a que éstos no fueron localizados en el sitio de los trabajos, aun y cuando en las especificaciones particulares y los alcances de sus precios unitarios contemplan el suministro, el transporte, la descarga y su puesta en obra”.

De Hacienda y Crédito Público, señaló 92.4 mdp faltantes, de los cuales destaca el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que abarcó la mayor cantidad, con 88 millones dos mil 923 pesos por aclarar.

El segundo ente con observaciones fue la Lotería Nacional, que debe restituir cuatro millones 479 mil 381 pesos, a razón de 352 equipos “que se vienen instalando desde el ejercicio fiscal del 2017”.

Respecto al sector de Aportaciones a Seguridad Social, señaló 16 millones 453 mil pesos faltantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los cuales nueve millones 238 mil pesos corresponden a la construcción del Hospital General de Zona, de 170 camas, en el municipio de Pachuca, Hidalgo; mientras que siete millones 215 mil pesos se atribuyen al Programa de Emergencias para la Atención de los Daños Provocados por el sismo de septiembre del 2017, en el Hospital General de Zona No. 32, ubicado en Villa Coapa, Ciudad de México.

En tanto, las auditorías practicadas a las 32 entidades federativas arrojaron que se deben aclarar 447 millones 175 mil pesos.

Los sectores que no tienen montos por aclarar son el Poder Legislativo, los órganos autónomos, salud, empresas productivas del Estado, así como gestión financiera y participación social correspondiente al gasto federalizado.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 217.8 millones de pesos en obras federales como la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO), una carretera federal en Oaxaca y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Respecto al TEO se observó un sobrecosto de 120 millones 699 mil pesos por pagos realizados durante su desarrollo, que no estaban establecidos en el proyecto ejecutivo, que era parte del precio alzado del contrato, por lo que no es procedente su autorización y pago. Además de pagos a un contratista por arrendamiento de las plataformas de cama baja.

El Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) tendrá que aclarar el destino de 88 millones de pesos, que supuestamente gastó en la construcción de la carretera federal Barranza Larga-Ventanilla, en Oaxaca, de acuerdo con el primer informe de la Cuenta Pública 2021 presentado por la ASF a la Cámara de Diputados.

En el informe, se señala que derivado del incumplimiento en esas obligaciones se generó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y siete Pliegos de Observaciones.

Banobras entregó dos contratos de obra sin contar con la total liberación del derecho de vía, lo provocó que en varias ocasiones la construcción se suspendiera, además de realizar ajustes ante los incrementos en el tiempo que se mantuvieron detenidos los trabajos y se tuvo que ampliar el tiempo de ambos contratos.

También, realizó pagos de más por gastos no recuperables en maquinaria y equipo, obras inducidas, y no entregó comprobación de esos gastos. Aparte de ajustes para el pago de trabajadores, pues las autoridades calcularon con base en salarios mínimos, cuando debieron usar la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La ASF observó irregularidades en el gasto realizado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por nueve millones 851 mil 808 pesos, cerca de nueve por ciento del presupuesto que tenía asignado para sustituir dos subestaciones eléctricas. No se supervisó a la empresa encargada de la obra, pagos de tableros de control y gabinetes, así como suministro y colocación de cancelería, pues hay discrepancia entre lo autorizado y pagado, y lo que realmente se colocó.

Según el primer informe de la Cuenta Pública 2021, el monto por aclarar relacionado con el rubro educativo en el país asciende a 238 millones 293 mil 900 pesos.

De estos recursos, 36 millones 178 mil pesos corresponden al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que se refieren a la no localización de nueve bienes del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior (CICESE) de Ensenada, Baja California.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que durante una inspección física realizada el 1 de abril del 2022 no se localizaron nueve bienes pertenecientes al instituto.

Por ello, recomendó al mismo fortalecer sus mecanismos de control y supervisión, con el fin de contar con un programa de actualización continua del inventario de bienes muebles y que se tenga evidencia de su salida.

Entre otras observaciones, se detectó el pago de la liquidación a una persona de confianza, por un importe neto de 126.3 mil pesos, sin que se haya rescindido su relación laboral.

Al respecto, la ASF indicó que durante el transcurso de la auditoría se acreditó la recuperación de 47.7 mil pesos y se estableció el compromiso para restituir el monto restante.

Otra irregularidad observada al CICESE fue respecto a una adjudicación por nueve millones 332 mil pesos, cuyo proveedor presentó documentos relacionados con las constancias de cumplimiento de obligaciones en la materia de seguridad social ante el IMSS e Infonavit, que no coinciden con la información a la que dirige un código QR que se encuentra en los mismos documentos, ni corresponde a la información proporcionada por ambas instituciones de salud.

En el mismo sentido, señaló que seis operadores del servicio de vigilancia, contratados mediante la empresa Protección y Escolta de Mexicali, S. de R.L de C.V., no fueron dados de alta ante el IMSS o Infonavit.

El segundo monto observado más elevado corresponde a la construcción del Módulo “B” de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la Ciudad de México, pues la ASF indicó que deberá aclarar cinco millones 33 mil 262.4 pesos.

De la cifra, tres millones 544.3 mil pesos corresponden a una obra pagada no ejecutada, dividida en 14 conceptos de trabajo, y un millón 172.4 mil pesos, a otra obra no realizada, referente a 17 conceptos de trabajo.

Otros 330 mil 400 pesos faltantes corresponden a recursos cuya aplicación no se comprobó, pero que fueron cargados al Programa Educación para Adultos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

En torno a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, mediante el gasto federalizado, por concepto educativo, se apunta que el probable daño al erario fue de 385 millones 563.6 mil pesos; sin embargo, los estados aclararon 188 millones 511.4 mil, por lo que aún deberán aclarar 197 millones 52 mil pesos.

Destaca que Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Nuevo León y Querétaro fueron los únicos estados a los que no se les requirió alguna aclaración por posibles perjuicios.

Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán lograron aclarar las observaciones que les fueron señaladas.

Esto quiere decir que, respecto a educación, el monto por aclarar únicamente recae en 12 entidades federativas, de las cuales San Luis Potosí cuenta con el monto más elevado, por 76.2 millones de pesos, seguido por Michoacán, con 68.6 millones, y Zacatecas, con 19.3 millones de pesos.

A partir de 169 auditorías practicadas a las 32 entidades federativas del país, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó probables perjuicios a la Hacienda Pública por un monto de 637 millones 820 mil 200 pesos.

De acuerdo con la primera entrega de la Cuenta Pública 2021, la cifra de recursos recuperados fue de 190 millones 645 mil 200 pesos, por lo que resta por aclarar 447 millones 175 mil pesos.

De las 32 entidades federativas, las únicas a las que no se le apuntaron posibles daños al erario y que, por lo tanto, no deben restituir recursos fueron Colima, Nuevo León y Querétaro.

En tanto las entidades en las que se identificaron irregularidades, pero las aclararon, fueron Campeche, con observaciones por 471 mil 600 pesos; el Estado de México, por 13 millones 264 mil pesos; Guanajuato, por 15 millones 402 mil pesos; Puebla, por dos millones 754 mil pesos, Sonora, por 32 mil 900 pesos, y Tamaulipas, con tres millones 227 mil pesos.

El estado con un mayor monto por aclarar es Michoacán, que fue gobernado por el perredista Silvano Aureoles, pues según el informe, se le observaron irregularidades por 144 millones 989 mil 800 pesos, de los que sólo se recuperaron 11 millones 616 mil, por lo que el faltante es de 133 millones 373 mil pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó ayer los Informes Individuales de la Auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados.

Durante la sesión, en la que el titular David Colmenares estuvo de forma remota, las y los diputados de las diferentes bancadas plantearon observaciones y solicitudes a la institución, entre los que se encuentra auditar a profundidad los megaproyectos del Gobierno federal, así como citar a una reunión a funcionarios públicos tras el análisis de los resultados.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Pablo Angulo Briceño dijo que el objetivo de reunirse con funcionarios será que aclaren los cuestionamientos que pudieran surgir.

Por el PRD, Marcelino Castañeda refirió que obras como el Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles han rebasado el costo presupuestado en origen, por lo que urgió un análisis a profundidad de sus gastos.

En el mismo sentido, Hiram Zetina, del PRI, y Sonia Murillo, del PAN, arremetieron contra el Gobierno federal al que reclamaron la desaparición de programas como el Fonden y el elevado recurso que se destina a programas y “obras faraónicas”, por lo que solicitaron al auditor profundizar en el estudio de las dependencias federales.

El emecista Mario Alberto Rodríguez Carrillo solicitó la instalación de una mesa de trabajo para subsanar los resultados de las auditorías;ugirió que durante los últimos cuatro años no han tenido un seguimiento efectivo.

Gilberto Hernández, del PVEM, solicitó a la ASF presentar una relación de las denuncias presentadas durante la actual gestión, así como aquellas que fueron procedentes, relacionadas con la atención a las auditorías, porque “es un área opaca que debe regularse”.

En tanto, Inés Parra, de Morena, acusó a David Colmenares de ser un auditor que “se ha comportado más como un auditor de golpeteo político y no como un verdadero auditor que combata la corrupción” y le exigió aclarar el costo que han generado las obras de remodelación en los edificios de la Auditoría en la Ciudad de México.

En un mensaje final, David Colmenares, sostuvo que los órganos de fiscalización son esenciales para un sistema de incentivos en el que “el uso del poder discrecional” se encuentra en todos los órdenes de gobierno.

El informe fue entregado de forma presencial a Pablo Angulo por parte de Víctor Andrade Martínez, quien acudió en representación del auditor.