Advierten cifra negra en violencia política de género

En el último año, 298 personas han sido sancionadas por cometer violencia política en razón de género y, a decir de Patricia Olamendi, abogada y experta en violencia de género, “la cifra parece ser muy baja en comparación con las miles de candidatas que ha habido en ese periodo y que, además, han sido señaladas o violentadas antes de querer ocupar un cargo de elección popular”.

La especialista advirtió sobre el bajo número de denuncias y castigos entre diciembre del 2022 y el cierre del 2023, y dijo que no basta con denunciar, sino que se debe visibilizar la problemática.

En las elecciones federales y locales del próximo 2 de junio serán más de 20 mil puestos de elección popular que se disputarán y 10 mil de los cargos serán para mujeres, resaltó la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Olamendi recordó que quienes cometan delito electoral por razón de género pueden ser sujetos de sanciones que van de 50 a 300 días de multa y prisión de uno a seis años.

Para evitar que funcionarios o servidores públicos que por desconocimiento incurran en un delito electoral, la Fisel lleva a cabo, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), el curso “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”.

Lo anterior, con la finalidad de que las personas servidoras públicas tengan las herramientas para distinguir estas conductas, denunciarlas y erradicarlas, así como sugerir acciones ciudadanas para combatir ese tipo de violencia.

El 14 de abril del 2020 entró en vigor en el país la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, un conjunto de modificaciones a seis leyes generales y dos orgánicas que incluyeron la política como una nueva modalidad de violencia contra las mujeres, identificó las conductas para acreditarla y estableció sanciones para quienes incurran en ella.

Sobre la importancia de prevenir este flagelo, la doctora en Derecho Eva Barrientos Zepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo a La Razón que “hoy en día la violencia política que se ejerce en contra de las mujeres es un paradigma que debe ser totalmente superado, pero para lograrlo se necesita de todos, de mujeres, hombres, políticos, magistrados, jueces y absolutamente de todos”.

La abogada Vianey Martin del Campo Vera, especialista en temas de género, dijo que la violencia hacia las mujeres no se da únicamente cuando quieren ocupar un cargo, sino “cuando han tomado el cargo, antes de quererlo e incluso, cuando se piensa en un cargo, y no sólo ocurre en el ámbito político, pues en diferentes áreas las mujeres tienen que demostrar 10 veces más que son capaces, ya que son criticadas por su preferencias y hasta por cómo se ven, como es el caso de la senadora Citlalli Hernández, que ha sido atacada constantemente por su aspecto físico más que por sus ideas, provocando incluso un rechazo generalizado”.

La propia Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, recientemente acusó que los directivos de la red social X hicieron caso omiso de las agresiones que ha sufrido, pero cuando Vicente Fox atacó a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García, quien aspiró a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, suspendieron la cuenta del agresor.

Para la abogada penalista, los agresores recurren una y otra vez al body shaming para atacar en una red social a Citlalli Hernández.

“Es la acción de burlarse o estigmatizar a alguien mediante comentarios ofensivos sobre la forma, el tamaño o la apariencia de su cuerpo; es violencia psicológica y no ha procedido más allá, lo que nos indica claramente que es urgente un cambio de criterios y de aplicación de la justicia en esta materia”, indicó.

La litigante expuso que es importante la documentación sobre qué es violencia y qué no lo es pero, sobre todo, no ser omisos ante una elección que se avizora “violenta para las mujeres que compiten, ya que incluso los insultos vienen de las mismas mujeres que atacan a otras, y es que un gran problema es que la equidad de género y la paridad, así como el tema de violencia, se han hecho una especie de camisa de fuerza”, refirió.

Citlalli Hernández manifestó a La Razón que “aplicar la paridad de género en este proceso para elegir a las cinco candidatas a gobernadoras fue un tanto complicado por la participación históricamente favorable para los hombres, pero ante todo, Morena busca que en todo aspecto se respete la paridad e igualdad de género y de la misma manera, garantizaremos respeto para todas las participantes”.

Hernández Mora puso de relieve que el proceso electoral 2023-2024 será el más grande que se organizará en la historia de México.

“Hasta el 2020, en México sólo se habían elegido siete mujeres como gobernadoras y dos más que habían sido designadas para cumplir ausencias de gobernadores o del Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, y en ese mismo periodo se habían elegido 350 hombres para gobernar las distintas entidades federativas; hoy Morena ha dado el ejemplo de que este 2024 es tiempo de mujeres y hay que entender las reglas para no caer en ningún tipo de violencias”, explicó.

La incidencia “importante” del crimen organizado en las elecciones se ha convertido en el mayor problema al que tendrá que hacerle frente todo el sistema electoral, advirtió Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Este fenómeno se está presentando, no hay que ser demasiado inteligentes para darse cuenta que se va a presentar también en la elección del 2024 y que está creciendo. El problema más importante frente al cual nos vamos a enfrentar todo el sistema electoral mexicano, pero pareciera que es algo secreto de lo que nadie quiere hablar. Tenemos un problemón y es que está habiendo, de alguna manera, incidencia importante del crimen organizado en las elecciones”, dijo.

Al ofrecer la conferencia magistral Elecciones y crimen organizado en el Tribunal Electoral de Chiapas, el magistrado instó a debatir el tema y tomar acciones para evitar una “narcodemocracia”, bajo la advertencia de que se podría llegar al punto de que un líder criminal busque un cargo de elección popular.

“¿Qué vamos a esperar a que haya una persona empoderada por algún cártel, como Presidente de la República, como gobernador o como presidente municipal? La verdad es que ha sido un problema constante que ha ido creciendo”, dijo.

Luego de citar algunos ejemplos en los que elecciones locales se anularon y otras no, por episodios violentos, propuso diversas alternativas que considera se deberían aplicar para proteger a los candidatos.

Entre sus sugerencia enlistó el dar botones de pánico a candidatos en riesgo, crear un banco de datos de candidatos y sus antecedentes, así como abrir las denuncias anónimas que den pie a un procedimiento especial sancionador.

“Nadie dice que el INE deba crear la guardia electoral y salir a la calle para dar paz social (...)debe darse cuenta cuando se encuentra ante un factor altísimo de riesgo”, comentó.

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