Acusan a Juan Carlos Loera, exdelegado del Bienestar, de desviar recursos de pensiones de adultos mayores
El senador electo de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa enfrenta dos denuncias penales por el presunto robo de los recursos de las pensiones de cuatro mil adultos mayores correspondientes a 2022, cuando fue delegado del Bienestar en el estado de Chihuahua, por lo que líderes estatales del partido demandaron que se haga justicia en este caso.
Los morenistas fundadores del Movimiento Regeneración Nacional en esa entidad, quienes pidieron el anonimato, exhortaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) acelerar las investigaciones del desvío de recursos públicos por parte de Loera.
Señalaron que se abrió el expediente 6750/2022, donde se denunció al súper delegado en Chihuahua por el supuesto robo de las pensiones de cuatro mil adultos mayores, las cuales no pudo comprobar que fueron entregadas a los beneficiarios y los recursos no se sabe dónde están.
Los morenistas inconformes subrayaron que el descontento de la gente le costó al partido perder las elecciones de 2021 al gobierno de Chihuahua donde él compitió como candidato contra la panista María Eugenia Campos.
Juan Carlos Loera fue delegado de Programas para el Desarrollo del Bienestar de 2018 a 2020, posteriormente, renunció para contender como candidato a la gubernatura, al perder, regresó a su cargo en el 2021 y renunció nuevamente en 2023. Participó en las pasadas elecciones como candidato al Senado donde ganó.
En 2020, la FGR inició la investigación contra el exdelegado de Bienestar por presuntos delitos electorales, según la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/OOO2255/2020, en la cual se le acusa de condicionar los apoyos de los programas sociales Sembrando Vida, créditos de vivienda y becas Benito Juárez, para coaccionar el voto.
De acuerdo con la denuncia se mostraron pruebas de que Loera de la Rosa entregaba folletos de los programas de la Secretaría del Bienestar, acompañados por tarjetas personalizadas que incluían su nombre, cargo y redes sociales.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que las faltas cometidas por el exdelegado se castigan con 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años.
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