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A 4 años, ven a Guardia Nacional 40 veces menos efectiva

Elena Morera, presidenta de Causa en Común, señala que los elementos no cuentan con la capacitación necesaria; acusa que el despliegue de los uniformados es decisión del Gobierno
  • Por Redacción
A 4 años, ven a Guardia Nacional 40 veces menos efectiva

Sin una estrategia de seguridad, con una cobertura por instrucciones políticas y una conformación el 71 por ciento de militares, a cuatro años de su formación, la Guardia Nacional (GN) es 40 veces menos efectiva que la Policía Federal.

Así lo establece el cuarto informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, que María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, presentó en el Senado de la República.

Explicó que de los 128 mil 233 elementos que conforman la Guardia Nacional, el 71 por ciento son militares, en contrasentido de lo que establece el artículo 21 de la Constitución, el cual precisa que la corporación deberá ser de carácter civil.

Señaló que a pesar de que deberían contar con la capacitación policial necesaria, sólo 79 mil 765 elementos de la Guardia Nacional han egresado de los cursos de capacitación inicial, y particularmente en el caso del Certificado Único Policial (CUP), el 49 por ciento de los miembros de la corporación opera en forma irregular.

Elena Morera detalló que los elementos de la Guardia Nacional no sólo no tienen la formación necesaria, sino que su despliegue en el territorio nacional no es en función de la incidencia delictiva, sino según la decisión política del Gobierno federal.

Como ejemplo de lo anterior, mencionó que una de las entidades más afectadas por la crisis de inseguridad, Zacatecas, tiene asignados mil 402 elementos, mientras que la Ciudad de México concentró 20 mil 605, además de que para la detención de migrantes se destinó, en forma permanente durante el 2022, a un total de 15 mil 494 guardias nacionales.

La presidenta de Causa en Común detalló que, en este esquema de militarización, se ha pretendido robustecer a las instituciones mediante la canalización de más presupuesto, y mencionó que para este año la Guardia Nacional tiene asignados 68 mil millones de pesos, que representan 17 veces más que en el 2020 y que, sumados a los del resto de las dependencias de las Fuerzas Armadas, los recursos acumulan 221 mil 616 millones de pesos.

Agregó que también hay una “colonización militar” de por lo menos 14 secretarías de Seguridad estatales, así como varias municipales: “La colonización no solamente fue para lo que hubiera sido la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional, sino que están ocupando las secretarías estatales y municipales.

“Tenemos a mil 237 miembros de las Fuerzas Armadas como secretarios, directores y administradores”, expuso.

“El resumen de lo que vemos en la Guardia Nacional dentro del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización del país es que las cúpulas han sido incapaces de decir no a los cientos de responsabilidades que les ha dado el Presidente, han sido incapaces de decir no a los millonarios recursos que les han otorgado e incapaces de hacer una crítica a los escasos resultados”, apuntó .

Al respecto, la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien convocó a la presentación del informe en el Senado, indicó que no es posible construir condiciones de bienestar si el Estado mexicano no puede proveer un piso mínimo de tranquilidad y de condiciones donde los mexicanos estén libres de violencia.

“Estamos viviendo realidades inéditas. Tan sólo junio cerró como el mes más violento del año; en relación a asesinatos cometidos diariamente, se registró un promedio de 77 asesinatos dolosos. La percepción de inseguridad se ubica, en promedio, en 62.1 por ciento, aunque hay ciudades con índices más altos”, apuntó.

A su vez, el senador Emilio Álvarez Icaza indicó que el informe presentado ratifica que se traicionó el modelo y la concepción de la Guardia Nacional por parte de un Gobierno federal que contó con el mayor respaldo institucional para enfrentar la delincuencia.

“Ese engaño ha ido de la mano de un muy peligroso caso de opacidad y violaciones a los derechos humanos que no están ni siquiera siendo sancionados”, señaló Álvarez Icaza.

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