Presumen 8 mil medidas de protección a mujeres

Durante el informe mensual de avances de Alerta por Violencia Contra las Mujeres en la Ciudad de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJ-CDMX), Rafael Guerra Álvarez, informó que entre el 1 de enero y el 21 de agosto, la institución que encabeza emitió ocho mil 382 medidas cautelares encaminadas a brindar protección a mujeres que fueron víctimas de algún delito en razón de género.

Entre las medidas que se concedieron en mayor cantidad que en el periodo antes mencionado, el magistrado Guerra Álvarez especificó que fueron órdenes de restricción para que el agresor evite acercarse o comunicarse o que moleste a la víctima.

Subrayó: “Del primero de enero al 21 de agosto de este 2023 se emitieron mil 774 medidas emitidas por un juez o jueza y la prohibición de asistir o acercarse al domicilio de la víctima directa o indirecta, así como acercarse a su trabajo, se identificaron mil 515 casos”.

Respecto a la prohibición al victimario de intimidar o molestar de cualquier manera a la víctima o a sus cercanos, o a sus hijos, hubo mil 311 medidas de protección.

Asimismo, el presidente del Poder Judicial capitalino enfatizó que se aplicaron 488 medidas cautelares con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 481 relativas a la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, además de 89 para ordenar la separación inmediata del agresor del domicilio de la víctima.

El magistrado dijo también que todas las solicitudes de protección han sido aceptadas y a todas se les ha dado seguimiento por jueces del TSJ-CDMX, lo que ayuda a que las mujeres puedan llevar una vida libre de violencia y tengan la seguridad de que la institución las respalda.

Guerra Álvarez hizo hincapié en que parte de la labor que realizan los jueces es supervisar que niños y adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos, por lo que invitó a las víctimas de violencia a levantar la voz y hacer del conocimiento a la institución las agresiones, para que los jueces puedan intervenir y otorgar medidas de protección y seguridad en caso de que éstas sean requeridas.

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