Agresores de género, marginados de cargos

Con 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer el paquete de reformas legales conocido como Ley 3 de 3 a nivel local, que establece la suspensión de derechos políticos y la imposibilidad de ocupar un cargo público para aquellas personas que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos relacionados con violencia de género o sexual, violencia familiar o incumplimiento en el pago de pensión alimenticia.

Con la reforma aprobada ayer a propuesta de las diputadas de Morena Martha Ávila y Guadalupe Morales, se busca hacer justicia ante “personas irresponsables o violentos en el ámbito familiar”, señala el dictamen expedido hace unos días por la Comisión de Asuntos Político-Electorales.

Al presentar el dictamen y pronunciarse a su favor en la tribuna, la diputada de Morena Yuriri Ayala dijo que las personas que desempeñan un cargo público o de elección popular deben ser el ejemplo de respeto a los derechos de todos.

Agregó que las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la vida y la integridad corporal, libertad y seguridad sexual, así como violencia familiar, violencia equiparada, doméstica, violación a la intimidad sexual o cualquier otra forma de violencia en razón de género, tendrán prohibido ser postuladas para cargos de elección popular y no podrán ser funcionarios del gobierno ni de ninguno de los poderes de la capital.

Esta iniciativa, explicó, fue retomada de propuestas que hicieron colectivas de mujeres en la sociedad civil. En la tribuna, Valeria Cruz, diputada morenista, afirmó que el dictamen representa un paso firme para la lucha para erradicar la violencia.

Afirmó: “Éste es el compromiso legislativo para cerrar el paso a todas las formas de violencia; las diputadas de Morena han presentado iniciativas relacionadas con el presente dictamen y permanecerán en la lucha en favor de las mujeres”.

En tanto, la ciudadana Ana Morales celebró que se aprobara dicha reforma, pues contó a La Razón que cuando tenía 15 años de edad comenzó una relación con un sobrino del exjefe delegacional de la Gustavo A. Madero y actual diputado del PRD, Víctor Hugo Lobo, quien “solapaba y defendía los actos de violencia” que se ejercía hacia ella.

Un día antes de las elecciones para definir al nuevo jefe delegacional, en el 2015, Ana acompañó a su novio a un evento: “Él estaba muy metido con su tío, un día antes de las elecciones hicieron una fiesta para celebrar el pretriunfo; en esa fiesta tomó, se descontroló y me golpeó en la cara”, afirmó la mujer.

“Hubiera sido bueno que esta ley existiera en aquellos tiempos, pues cuando estás ante personas de poder, muchas veces no sabes qué hacer, nadie te respalda y todo es por medio de palancas”, dijo la víctima.

La reforma aprobada ayer fue enviada al Ejecutivo local para que sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con la expectativa de que entre en vigor durante las elecciones locales del 2024.

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